25-09-2018 Se presentó el informe 2018 Regulación: El Control Responsable de las Drogas, elaborado por la Comisión Global de Política de Drogas y conformado por 22 ex jefes de Estado, de gobierno y dos premios Nobel, entre ellos los ex presidentes de México, Ernesto Zedillo; César Gaviria, de Colombia; Ricardo Lagos, de Chile; Ruth Dreifuss, de Suiza, y el escritor Mario Vargas Llosa. El documento de este grupo cada día más influyente en el tema asegura que en algunas zonas, los recursos de los cárteles de la droga pueden ser iguales o superiores a los disponibles por los gobiernos, por lo que considera que la única vía para quitarles el negocio de la venta de drogas ilegales a los cárteles es la regulación (legalización) de las mismas.
Estima las ganancias de los grupos criminales transnacionales en 320 mil millones de dólares, un presupuesto que les permitiría, dice el documento, terminar controlando "narcoestados encerrados en una espiral de desarrollo". E insisten en que ante ese panorama es necesario debatir en qué medida la regulación podría ser parte de la solución a este problemática, porque el choque entre el aumento de la demanda de drogas ilegales y la guerra prohibicionista "inflexible" de los gobiernos, alimentó la expansión del mercado global, que actualmente asciende a 250 millones de personas consumidoras en el mundo.
El diagnóstico es impecable y por supuesto lo comparto. Pero llevar el diagnóstico a política públicas no será tan sencillo. Dice el informe que los gobiernos pueden diseñar un marco regulatorio duro para las drogas que son más dañinas y otro menos enérgico para las que no lo son tanto, con lo que se "desempodera" a los grupos delictivos. "La regulación, agrega, puede aplicarse a todos los elementos de un mercado ilegal de drogas: licencias a productores y seguridad de los productos; el precio, potencia, empaquetado y preparación de productos; el escrutinio, el entrenamiento y la concesión de permisos para vendedores".
No es tan sencillo. Hay que dar varios pasos y solucionar conflictos y contradicciones muy graves. El primero y que me parece obvio es la visión de la salud pública. Deben ser sus especialistas los que deben y pueden medir realmente los riesgos de una política de legalización o regulación y establecer cómo aplicarla. Y deben tener recursos para ello. El segundo es el del propio mercado y las consecuencias de la liberalización en el mismo. Todos los que suscriben esta posición (me incluyo) dicen que debe ser gradual, que se debe comenzar por las drogas menos dañinas para concentrarse en un marco restrictivo hacia las más duras. Y esta bien, pero qué sucede cuando los mismos grupos criminales ya se han concentrado en ese mercado. El ejemplo estadounidense es claro: más de la mitad de los estados de la Unión Americana han legalizado la marihuana, varios de ellos incluso para uso recreativo. Pero el año pasado hubo 60 mil muertos por sobredosis de opiáceos, sobre todo por el uso de fentanilo. Obviamente el fentanilo, la heroína y otros derivados los siguen proporcionando los cárteles (de aquí y de allá) que se han concentrado en ese mercado.
Eso se relaciona con un desafío indudable de seguridad. Los cárteles sobre todo ante un proceso de regularización (legalización) que necesariamente tendrá que ser gradual, recrudecerán las violencia. Nadie dejará alegremente un negocio global, sobre todo las grandes organizaciones, de 320 mil millones de dólares. La resistencia, abierta o soterrada para boicotear el proceso será brutal, tanto como los espacios de corrupción que se utilizarán para ello (es algo de lo que ya pasa hoy en Estados Unidos con los opiáceos o lo que está ocurriendo en Colombia desde la llegada de Iván Duque al poder, que ha vuelto a endurecer la política por los costos que originó la liberalización del gobierno de Juan Manuel Santos).
Por eso, la política de regulación, en muchos sentidos indispensable, se tiene que dar de la mano con una firme acción de las fuerzas de seguridad, que golpee de verdad a las organizaciones criminales en todos los ámbitos, desde la detención de cabecillas hasta el lavado de dinero. Una cosa no puede funcionar sin la otra, porque suponer que los criminales simplemente se "desempoderarán", cuando se comiencen a legalizar gradualmente sus negocios es, por decirlo suavemente, una utopía.
El problema es que teniendo un excelente diagnóstico como el que presenta la Comisión Global, las vías de implementación de esas políticas tienen que transcurrir por canales alternos y en ocasiones encontrados, no lineales. Se debe asumir que se puede avanzar en la legalización de las drogas, pero que para hacerlo se debe contar con una firme estrategia de seguridad y combate a los criminales. Es verdad que hasta ahora se ha insistido en lo que la comisión denomina una guerra prohibicionista inflexible, sin resultados o peor aún con resultados terriblemente dolorosos. Pero tampoco la vía de la legalización sin una estrategia que les arranque el negocio a los criminales podrá ser viable y eso exige una firma aplicación del Estado de derecho y el fin de la impunidad.
