28-09-2018 Sigo pensando que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador está adelantando demasiado los tiempos e induciendo a un desgaste prematuro a muchos de sus futuros funcionarios. Una cosa es adelantar la designación del cuadro central de gobierno y otra la de funcionarios incluso de mediano nivel. Hay algunos que no han comenzado a gobernar (y les faltan todavía dos meses para ello) y ya están en proceso de desgaste. Otros asumen o intentan asumir responsabilidades que aún no son las suyas, ayudados por un gobierno federal que, en muchos temas, ha decidido dar un paso atrás.
Creo que hay descuido, además, en muchas de esas designaciones, con perfiles que no siempre son los más adecuados, independientemente de la cercanía o la confianza que pueda tener el presidente electo en ellos. En esta lógica,probablemente terminaremos teniendo un gabinete con muchos movimientos al cabo de poco más de un año de labores, porque la realidad ha demostrado ser mucho más terca que las buenas intenciones.
Pero hay otros nombramientos que resultan interesantes ver como se procesan. Dos son claves: en el Banco de México y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el Banco de México, objeto de alguna confusión del presidente electo en un discurso en Sinaloa (y de un absoluto desatino del diputado Benjamín Robles que pidió cambiar las leyes para utilizar las reservas del Banco de México para financiar programas sociales lo que le valió descalificaciones de todo tipo), se dejó trascender, vía el Wall Street Journal, que el próximo presidente propondría como subgobernador al economista Jonathan Heath, un hombre muy reconocido del sector empresarial y financiero, buen polemista y analista en medios, con una preparación sólida pero que no viene de las escuelas clásicas de la secretaría de Hacienda y el propio Banxico, sino del sector privado, precisamente cuando muchos de los principales operadores y funcionarios del banco central se están yendo hacia la iniciativa privada.
La señal, más allá de que Heath es una muy buena propuesta, es que se quiere comenzar a colocar en este tipo de instituciones a personajes que no provengan de ellas, que no sean parte de su nomeklatura. Lo importante en todo caso es que se mantenga la autonomía, independencia y capacidad de gestión de Banxico, que ha demostrado ser un factor clave en el equilibrio y estabilidad de las finanzas nacionales.
Lo mismo dicen que sucederá en la Suprema Corte, donde el próximo gobierno tendrá en sus manos y en el corto plazo dos designaciones: en las próximas semanas habrá que decidir quién reemplazará al ministro José Ramón Cossío, y en los primeros meses del año próximo a la ministra Margarita Luna Ramos. En medio, el dos de enero, los ministros tendrán que designar al sucesor del actual presidente de la SCJN, Luis María Aguilar. En los ámbitos cercanos al presidente electo se insiste en que se optará por propuestas que no vengan de la carrera judicial, sino preferentemente de la academia o del ejercicio privado del derecho. Hay quienes hablan, por ejemplo, de la académica Ana Laura Magaloni. Esa misma tensión se refleja en la actual Corte, donde se elegirá (por el voto de los propios ministros) la próxima presidencia, una decisión fundamental porque en un gobierno que tiene no sólo el ejecutivo sino también mayoría propia en el legislativo y en buena parte de los congresos estatales, el poder judicial tiene que actuar como un factor de control y equilibrio, además de operar una profunda reforma dentro de la propia estructura y operación de la impartición de justicia.
Pero tanto en Banxico como en la Suprema Corte, la decisión de designar en esas posiciones claves a los de carrera o a los del ámbito externo, definirá la forma de operar de ambas instituciones. Y algo similar ocurrirá con el próximo fiscal general, que nadie tendría que sorprenderse que sea, como se ha dicho, parte de un acuerdo entre el presidente entrante y el saliente. Su nombre ya lo sabemos, será Bernardo Bátiz.
Otras designaciones han terminado siendo medio chuscas. Por ejemplo, el haberle otorgado al PES, originalmente, las comisiones de cultura y de salud en la cámara de diputados generó tantos rechazos (era un despropósito) que obligó a un cambio en ambas comisiones. Por cierto, en cultura quedó Sergio Mayer, lo que generó también críticas de ciertos sectores por ser Sergio un hombre que viene del mundo del espectáculo. Pero la verdad, cuando se conoce y trata personalmente a Mayer hay que decir que, a diferencia de muchos otros integrantes de la actual legislatura, Sergio se ha preparado para esta responsabilidad, que será un legislador serio e incluyente. No es poca cosa en un congreso con muy bajo nivel.
Lo que es inconcebible, casi un agravio, es que en la presidencia de la comisión de defensa del Senado se haya designado nada menos que a Félix Salgado Macedonio, un hombre que fue políticamente responsable de haber permitido, por complicidad o negligencia, la entrada abierta del narcotráfico en Acapulco cuando era presidente municipal y que en su vida pública se ha caracterizado por actuar, casi siempre, por lo menos en el filo de la legalidad. Su interlocución con las fuerzas armadas es imposible.Intransitable.
