08-10-2018 El próximo secretario de seguridad, Alfonso Durazo, anunció ayer que los cinco próximos foros de pacificación serán suspendidos hasta nuevo aviso porque quieren compatibilizar y volver a redactar las propuestas presentadas en estos. No habrá, por lo pronto foros en Veracruz, en Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipascinco de los estados más lastimados por la inseguridad y sobre todo por las desapariciones.
La razón real de la suspensión de esos foros, particularmente en esos estados, pasa por el fracaso que han tenido los anteriores donde el presidente electo ha sido confrontado por los asistentes cada vez que habla del perdón a los criminales. Esa es la única propuesta, de las muchas que ha presentado López Obrador (y entre ellas hay buenas, malas e impractibles) que no ha podido transitar en la sociedad, sobre todo entre las familias de las víctimas. La gente, en realidad, lo que quiere es seguridad y que se ponga fin a la impunidad de los criminales; y la propuesta del perdón (hermana de la de la amnistía de la que se habla cada vez menos, por inviable) termina lastimando a quienes quieren, sencillamente, justicia.
Eso no implica que no sea viable la liberación de personas que han cometido delitos leves relacionados con las drogas y que están cumpliendo condenas, en ocasiones demasiado largas para el delito cometido. Pero esa política requiere analizar las liberaciones caso por caso, porque muchas personas que están detenidas por delitos aparentemente poco importantes, están en esa condición porque esos han sido los delitos que se han podido acreditar, y en ese capítulo están muchos delincuentes muy peligrosos.
Por lo pronto, según lo ha anunciado, el presidente electo López Obrador entra este lunes en una semana clave para la estrategia de seguridad de su próximo gobierno, una estrategia que, hasta hoy sigue siendo nebulosa y contradictoria. Antes del 15 de octubre deberá anunciar, según dijo (y adelantando quizás demasiado los tiempos para esas dos designaciones) a los futuros secretarios de Defensa y Marina, sobre cuyos hombres se soportará, como también ha dicho, la estrategia de seguridad. En el camino ha habido, en las propias declaraciones de AMLO, innumerables contradicciones sobre la forma en que militares y marinos terminarán participando de esa estrategia. Un día se dice que habrá una guardia civil nacional, al siguiente que no, un día se dice que soldados y marinos seguirán garantizando la seguridad en los estados, pero al siguiente se dice que las fuerzas estarán desarmadas, y al tercero que serán una suerte de fuerzas de paz, lo que eso quiera decir.
La versión más verosímil hasta ahora es que se buscará dividir el país en 260 zonas que tendrán, cada una de ellas, un determinado número de fuerzas militares y policiales para operar y tratar de garantizar la seguridad. En la propuesta existen aún demasiados claroscuro: para empezar si, como se dice, se quiere asignar mil elementos militares a cada zona, se encontrarán con que no alcanza el número de marinos y soldados para ellos. En realidad el número de elementos disponibles en términos reales serían, sumando todas las fuerzas disponibles apenas superiores a la mitad de los necesarios. En encuentros entre mandos militares y funcionarios del gobierno de Andrés Manuel se habría alcanzado el acuerdo de aumentar en 50 mil elementos las fuerzas operacionales del ejército. Sin duda es necesario pero incluso así, no alcanzarían los elementos para el objetivo planteado.
Más allá de eso, la propuesta provocaría o podría provocar, por una parte, un conflicto institucional con los gobernadores, pero por la otra libera a éstos de sus compromisos en materia de seguridad. En realidad, más allá de estos esquemas, el tema central es conformar las policías con un mando único y con un modelo policial común en todo el país. López Obrador también ha hablado de ellos en algunos discursos, lo que sucede es que en otros ha tomado, o planteado, otra dirección a las políticas de seguridad. Y a eso se ha sumado el llamado a los militares a que permanezcan en las calles, pero también, la propuesta de derogar la ley de seguridad interior que es la base jurídica para la participación militar en tareas de seguridad interior y el instrumento para operar la participación de los estados en este proceso.
Lo que sí ha declarado López Obrador y hasta ahora no se ha contradicho, es que los próximos secretarios de defensa y marina saldrán de entre los generales y almirantes en activo de más alto nivel, lo que garantiza no sólo la institucionalidad, sino el mantenimiento de los principios operacionales de esas dos fuerzas que en todas las encuestas siguen apareciendo como las más confiables para una enorme mayoría de los mexicanos.
Ningún otro tema implica un desafío más terminante y desgastante para López Obrador que la seguridad, pública e interior. Y hoy, por lo menos, no se ve nada claro al respecto.
En Quintana Roo mientras tanto, se hicieron de un buen titular para la SSP local: fue designado Jesús Capella que ha tenido esa responsabilidad en Tijuana y en Morelos. Ahí acertó el gobernador Carlos Joaquín.
