31-10-2018 Mientras crece el desconcierto por lo sucedido con el anuncio de la próxima administración federal de que cancelará la construcción del aeropuerto de Texcoco, se siguen sumando las preguntas sin responder.
La primera es evidente. Estamos, más allá del colapso que provocará la cancelación de Texcoco en el sistema aeroportuario del país, es que tenemos sino una crisis por lo menos sí, una grave coyuntura financiera. En unas pocas horas, el gobierno ha perdido la confianza de los inversionistas y eso se ha reflejado en los mercados nacionales, internacionales y en la cotización del peso. Si con motivo de su triunfo electoral no había ocurrido lo mismo fue porque se trasmitió, sobre todo a través de Alfonso Romo, un mensaje de concordia y de respeto a las inversiones, los mercados y los proyectos en marcha, desde el aeropuerto de Texcoco hasta los contratos petroleros y energéticos.
Ahora todo parece ir para atrás y regresan al lenguaje y las políticas más radicales. La consecuencia de Texcoco, en lo inmediato, es una pérdida en la Bolsa de Valores de las empresas mexicanas de 17 mil 500 millones de dólares, con la mayor caída registrada desde que hace dos años cuando triunfó en los comicios estadounidenses Donald Trump y en la primera caída generada por causas internas en el país desde 1995, todas las demás han tenido componentes externos, éste es íntegramente consecuencia de la decisión sobre Texcoco. El más importante banco mexicano y el que mayor financiamiento había otorgado al nuevo aeropuerto, Banorte, perdió en un día 35 mil millones de pesos. Las finanzas nacionales perdieron un mínimo de 70 mil millones de pesos como efecto inmediato de las bajas de calificación a la deuda y el aumento de tasas de interés. Son por lo menos, al día de ayer, 70 mil millones de pesos más que se tendrán que pagar como consecuencia del aumento de los intereses de la deuda del país. El peso se ha devaluado casi cuatro por ciento en apenas unas horas.
Nadie ha dado la cara ante empresarios, inversionistas y mercados. La pregunta es obvia: ¿donde está el próximo secretario de Hacienda del país, Carlos Urzúa? Si el presupuesto no le cuadraba antes de la cancelación de Texcoco, ahora mucho menos. ¿Cómo puede ser que ante una situación tan delicada quien se va a encargar de las finanzas nacionales no aparezca para tratar de recuperar la confianza pérdida y estabilizar la situación? Tampoco ha aparecido hasta el momento de escribir estas líneas Alfonso Romo, artífice del clima de concordia que se estableció antes y después de las elecciones y cuyo trabajo ha demolido en unas horas el pronunciamiento del presidente electo.
Recuerdo que cuando se le propuso a Guillermo Ortiz y a Santiago Levy la secretaría de Hacienda, éstos contestaron, según fuentes del equipo de Andrés Manuel, que sólo lo considerarían si se les garantizaba una autonomía real en el manejo de las finanzas públicas. Se les dijo que primero aceptaran y que luego se pondrían de acuerdo con el entonces todavía candidato. Ambos, y tengo entendido que otros especialistas del sector, rechazaron la invitación por lo impredecible de las futuras políticas económicas. Esa credibilidad y la confiabilidad era lo que habían restaurado Urzúa y Romo. Hoy sino se perdió totalmente está por lo menos dañada.
Vendrán numerosas demandas nacionales e internacionales por la cancelación de contratos. No es viable decir que los contratistas que estaban en Texcoco ahora simplemente se pasarán a Santa Lucía. Primero, porque son proyectos completamente diferentes (comenzando por el hecho de que en Santa Lucía ni siquiera existe un proyecto) y un contrato se asigna para una obra específica, no para cualquiera; y segundo, porque incluso así estamos hablando de obras que no son equiparables por su magnitud. Esas demandas terminarán en tribunales internacionales y en la Suprema Corte de Justicia, lo que recrudecerá la lucha interna y externa por el control de la misma. Eso es, en sí mismo, un enorme desafío político, sobre todo en estos meses. En ese contexto, ¿de verdad el presidente electo piensa impulsar a Jazmín Esquivel, la esposa del constructor José María Rioboó, principal responsable de este desastre llamado Santa Lucía como ministra de la Suprema Corte? ¿Nadie ve un evidente conflicto de intereses?
Otra pregunta, ¿quién se encargará de la llamémosle desaseada utilización de la carta del presidente de Francia Emmanuel Macron en el tema aeroportuario? La embajada de Francia tuvo que salir a desmentir al propio presidente electo, diciendo que no era verdad que el gobierno de su país había intervenido u opinado en el tema y que sólo había sido intermediario con la empresa Newblue, la cual a su vez dijo que el suyo, sobre la viabilidad de Santa Lucía había sido un estudio preliminar, elaborado con base a lo que les había enviado Rioboó. ¿Recuerda cuando Loreta Ortiz, otra futura funcionaria, aseguró que el papa Francisco vendría a México a participar en los foros de pacificación porque uno de sus colaboradores había entregado una carta en el Vaticano, y la propia Santa Sede tuvo que rechazar terminantemente esa posibilidad? Algo similar pasó con Macron. Ese desaseo también tiene costos.
