15-11-2018 El discurso de ayer del presidente electo Andrés Manuel López Obrador cuando se presentó la nueva estrategia de seguridad es probablemente uno de los mejores que ha dicho desde su triunfo el pasado primero de julio. Más allá de analizar en detalle la estrategia propuesta, de los puntos fuertes y débiles de la misma, su explicación de cómo se enfocó el problema y las razones que llevaron a crear la Guardia Nacional entre las otras medidas adoptadas, fue hasta pedagógica al tiempo que refrendó su confianza en las fuerzas armadas para garantizar la seguridad pública e interna en el país.
Ya analizaremos la nueva estrategia, pero por lo pronto ese reconocimiento como el que hiciera del general Luis Crescencio Sandoval y del almirante José Rafael Ojeda es importante porque una de las relaciones más complejas que tendrá el futuro gobierno federal será la que mantendrá el ejecutivo con las Fuerzas Armadas. Ha habido en el pasado inmediato demasiadosmensajes contradictorios: por una parte, se les otorgan mayores responsabilidades, por la otra se quedan sin los respaldos que lesotorgaba la ley de seguridad interior (más allá de que ésta fuera cuestionada) y en el camino se suman agravios, como lo fue la decisión de invitar y luego desinvitar a los mandos militares a la ceremonia de toma de posesión del presidente López Obrador.
La nueva estrategia de seguridad se basa en el respaldo y el accionar de las Fuerzas Armadas. Tendrán mayores responsabilidades, mandos ampliados, de la mano con ello también mayores riesgos legales porque tomarán esas responsabilidades sin la cobertura que les otorgaba la ley de seguridad. Ya analizaremos al detalle la estrategia de seguridad presentada ayer, pero la misma implica, en los hechos, una vuelta de tuerca en la militarización de la seguridad pública. Cómo se compaginará eso con la creación y profesionalización de policías locales en el contexto de la nueva Guardia Nacional es todavía un proceso que se debe especificar mucho más, pero el paso ya está dado y con ello, dicen las próximas autoridades, se salvará también los problemas derivados de la ausencia de un marco legal para el accionar de los militares en la seguridad pública.
La ley de seguridad interior será declarada hoy inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al escribir estas líneas esa moción tenía ya seis votos y en la sesión de hoy tendrá los dos votos que le faltan para echar para atrás esa legislación que tanto costó sacar en el congreso. En la posición de inconstitucionalidad han coincidido ministros que incluso tienen posiciones distintas en muchos aspectos: Eduardo Medina Mora, Arturo Zaldívar, Alberto Pérez Dayán, José Ramón Cossío (quien dejará la SCJN el 30 de noviembre). Si se hubiera discutido la constitucionalidad de la ley hace un año, quizás no se hubieran alineado de esta forma los votos de los diferentes ministros, pero la coyuntura ha cambiado, las estrategias también y estamos a mes y medio (será el 2 de enero próximo) de que se renueve la presidencia de la Corte, con la incorporación de un nuevo ministro (todo indica que será ministra) en diciembre y otro en febrero, con los retiros de Cossío y Margarita Luna.
La ley de seguridad interior, coinciden los ministros, tiene errores, aunque todos están votando por la inconstitucionalidad por razones diferentes. Pero más allá de eso, lo cierto es que se debe evitar que los militares vuelvan a quedar en un limbo legal, con mayores responsabilidades en seguridad pública y menos protección. La decisión de la Corte también deja al ejecutivo federal con mayor discrecionalidad en la utilización de las fuerzas militares en tareas de seguridad. Y todo indica que el próximo presidente utilizará completamente esos espacios legales.
Esta debe ser una de las más importantes tareas políticas de la próxima administración. No se puede mantener un doble discurso ante la exigencia de darle mayor poder y responsabilidades a las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo no darles apoyo político y legal necesario.
Pollitos en fuga
A las muchas renuncias que se han presentado en los últimos meses en áreas especializadas del gobierno federal, en la mayoría de los casos como consecuencia de las nuevas normas salariales, se suman ahora dos muy significativas. Por una parte,renuncia "por razones de salud" el subgobernador del Banco de México, Roberto del Cueto, en un momento en el cual el banco central se encuentra bajo enorme presión para recortar sus atribuciones y autonomía. Además de la próxima llegada de Jonathan Heath a la junta del Banco habrá que buscar ahora al sucesor de Del Cueto. En los hechos el próximo presidente tendrá en sus manos la incorporación de dos miembros de la Junta en lo inmediato y otros dos en el resto de su sexenio.
También renunció un personaje clave en la definición de la política energética del país, Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos desde el 2009. La CNH es una instancia clave para definir la estrategia energética y Zepeda un funcionario fundamental en ese ámbito. La próxima secretaria de energía, Rocío Nahle ya había dicho que le pediría su renuncia. No tenía atribuciones para ello porque la CNH es un organismo autónomo. Pero Zepeda decidió no dar esa pelea y se fue.
