13-12-2018 La administración López Obrador tiene prisa por destruir todos los símbolos del pasado, erigidos durante 30 años de gobiernos crecientemente democráticos, y así confirmar la existencia de un nuevo régimen, algo imposible de entronizar en un par de semanas, pero se encuentra ante el grave peligro de no poder reemplazar lo destruido por nada, más allá de un regreso al más crudo centralismo.
Entre los símbolos derruidos (acabar con la residencia oficial de Los Pinos, con el Estado Mayor Presidencial, con el avión presidencial, con el aeropuerto de Texcoco, ayer con la reforma educativa y antes con la energética) se acumulan acciones que son populares en el corto plazo y que en el mediano y largo serán muy costosas para el Estado mexicano. Se asumen cotidianamente costos casi insalvables como el rescate de los bonos del aeropuerto de Texcoco, que con la nueva "oferta" de recompra del gobierno federal,terminará costando unos diez mil millones de dólares no por la obra, sino para impedir que se realice, y se dice que esa compra de bonos no tendrá costo presupuestal lo que no es cierto: para pagarlos y no construir el aeropuerto, se usarán los recursos del impuesto a los viajeros, el TUA, que a su vez tendrá un aumento del casi 27 por ciento: son recursos que no están en el presupuesto pero son recursos públicos que están en un fideicomiso, son recursos fiscales, que estaban destinados a usarse para construir una aeropuerto y que ahora se utilizarán para que no se construya.
Lo más grave de esto es que con la fiebre restauradora del viejo régimen lo que se está perdiendo de vista es la oferta más importante y la que llevó a la presidencia a López Obrador: la oferta social, la lucha contra la desigualdad y la pobreza. En estas dos semanas el presidente López Obrador se ha peleado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reducido salarios, congelado policías, cancelado proyectos, cerrado edificios públicos, revocado reformas, desde la educativa hasta la energética pero no ha tenido tiempo de centrarse en lo importante, en la razón de que hoy esté despachando en Palacio Nacional: su política social.
López Obrador no será recordado por las medidas de destrucción restauradora del pasado régimen. Esas terminan siendo siempre historias de fracasos. Si va a quedar en la historia será por haber sacado a millones de la pobreza. Y paradójicamente, las medidas que está tomando, más allá de sus buenas o malas intenciones, lo que están provocando es una creciente asfixia financiera que detendrá el crecimiento del país y le dará menos recursos para sus programas sociales.
Ya lo hemos dicho en varias ocasiones en este espacio,pero debemos insistir en ello. El éxito de los gobiernos de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, que hacen que al día de hoy sea recordado, aunque el viejo líder sindical esté preso, como el gobierno más exitoso de la izquierda latinoamericana de las últimas décadas, fue que no se ocupó de los símbolos sino de la realidad. No se peleó con los mercados, sino que los utilizó en su beneficio y dedicó los enormes recursos que pudo obtener gracias a ellos, para sacar de la pobreza a millones de compatriotas. Nunca Brasil fue tan poderoso económica, política y diplomáticamente,como entonces porque nunca antes tantos pobres pasaron a ser parte de la clase media, nunca un presidente fue tan popular como Lula, recibido como un estadista tanto por Barack Obama como por Putin, por Fidel o Raúl Castro y por Angela Merkel.
Para tener una lucha exitosa contra la pobreza y la desigualdad se requiere, por supuesto, luchar contra la corrupción y la inseguridad, pero para que esa lucha sea exitosa el requisito previo es contar con un país próspero y que genere riqueza. No tiene sentido repartir la pobreza, se tiene que contar con recursos y esos provienen no del gobierno que no deja de ser un simple recaudador, sino de la iniciativa y la inversión privada. Y hoy los mercados y los grandes capitales están desconfiando prematuramente de la administración López Obrador por su lucha contra los símbolos del poder.
No tiene sentido utilizar miles de millones de dólares para que no se construya una obra de infraestructura esencial y rentable; no tiene sentido perder eficiencia, instituciones y operatividad pública para demostrar una austeridad que a mediano plazo será cada día más costosa e ineficiente; no tiene sentido pelear contra las instituciones de justicia y las leyes cuando lo que se demanda para invertir es precisamente certidumbre jurídica. No ayuda que se hagan leyes a modo para acomodar un nombramiento de mediano nivel cuando desde hace años lo que se reclama es precisamente lo contrario: que las normas no se construyan para lograr beneficios individuales.
El presidente López Obrador está perdiendo de vista lo que lo encumbró como líder. La convicción de que lucharíacontra la desigualdad, reduciría la pobreza y acabaría con la corrupción y la inseguridad, la pública y la jurídica. Para eso se requiere prosperidad, crecimiento y confianza, de la sociedad, de los mercados y de las instituciones.
