02-05-2019 Hace unas pocas semanas entrevisté al Almirante Rosendo Escalante Ilizaliturri, jefe del estado mayor general de la Marina. Fue una larga plática en la que, entre otros temas, hablamos de cómo garantizar la seguridad en los puertos del país, uno de los puntos más vulnerables en la lucha contra los grupos criminales. Decía el Almirante que la participación de los marinos en esos esquemas de seguridad eran imprescindibles y que incluían no sólo los controles en los puertos sino también en los litorales y el mar territorial.
Algo similar expresan los mandos militares respecto a la seguridad de las entradas terrestres del país, que son las que registran mayor movimiento de personas y mercancías. Existen 44 puntos de entrada en todo el país y el movimiento de todos ellos es intenso y no exento de riesgos, no sólo por las vertientes del crimen organizado, sino también, como decíamos esta misma semana, por una creciente migración masiva que proviene de Centroamérica pero también de Cuba, Haití, Medio Oriente, Africa, la India y otros países, lo que sumado a la creciente cerrazón de la política de migración estadounidense ha generado innumerables conflictos de seguridad, sociales y políticos en las fronteras norte y sur.
La situación exige medidas especiales, como la conformación de la Guardia Nacional, cuyo integrantes provendrán en su enorme mayoría de la policía militar y naval, más la incorporación de elementos de la actual Policía Federal. Aunque para muchos sea políticamente incorrecto señalarlo así, esa Guardia Nacional tiene que tener mandos provenientes de las fuerzas armadas porque de allí surgen sus integrantes, esa es su disciplina y su carácter operacional. Incluso muchos de esos elementos están teniendo, desde hace meses, entrenamiento policial (que es diferente al militar) tanto en la SEDENA como en la SEMAR.
Eso no ha impedido que se hable de una militarización del país, lo que se acrecienta cuando se observa a elementos y mandos militares cumpliendo muchas tareas adicionales a las muchas que históricamente ya desarrollan. Se olvida que la Defensa y la Marina son dos de las principales instituciones que pueden convertirse, ante la debilidad institucional que vive el país, en el sostén de muchas de las actividades del Estado.
Esa es una realidad, como lo es también que se está caminando, precisamente por esa debilidad institucional, por una delgada línea que no se debe cruzar para no provocar reacciones que terminen afectando tanto a las autoridades, de todo nivel, como a las propias fuerzas armadas. Si son la última línea de resistencia institucional sería poco sensato debilitar sus capacidades y aumentar su desgaste.
Es una tentación recurrir a las fuerzas armadas para todo, sin que otros asuman responsabilidades. Eso es notable en el ámbito federal pero también en los estados y municipios. Precisamente por eso, se debe evitar que las fuerzas militares terminen incursionando en casi todo, porque cuando eso ocurre no se fortalecen, se debilitan.
En estos días se está proponiendo, desde distintos ámbitos federales, que la administración de la mayoría de las aduanas del país sea ocupada por militares, ya sea en activo o en retiro. Creo que sería un error: militares y marinos deben garantizar la seguridad, con puestos de responsabilidad específicos, en todas las entradas y salidas del país, pero las aduanas son, por sobre todas las cosas, un instrumento comercial, decisivo para el movimiento de mercancías.
El funcionamiento de las mismas debe estar supeditado a ese carácter comercial, sobre todo en un país como México donde sólo con Estados Unidos se comercia un millón de dólares por minuto, y por cuyas aduanas transitan miles de trailers y contenedores diariamente, y buena parte de la economía del país depende de la agilidad del comercio exterior.
Las aduanas obedecen a principios de política fiscal y comercial, no tiene sentido que estén operadas por militares: las aduanas tienen como función la facilitación y armonización del comercio, estableciendo controles a través de un análisis de riesgo y utilizando cada vez más instrumentos tecnológicos para ello. Son entes comerciales y fiscales que deben facilitar el comercio, no frenarlo.
Eso no es contradictorio con la existencia de mecanismos de seguridad en los espacios aduanales que pueden y deberían ser llevados adelante por la Guardia Nacional. Pero no en la responsabilidad de la administración aduanera. Se enviaría un mensaje contradictorio que terminará vulnerando el comercio, la credibilidad y a las propias fuerzas armadas.
