23-05-2019 La renuncia de Germán Martínez al IMSS tiene repercusiones que de alguna forma afectarán muchos ámbitos del gobierno federal. El primero, obviamente, es el de las políticas públicas de la actual administración y una lógica de recortes presupuestales que yo no sé si son, como dice Germán en su carta, neoliberales, pero que sin duda son irracionales en algunos ámbitos, sobre todo en dos: la salud, lo que llevó a la renuncia del director del IMSS, y en la seguridad.
Pero hay otro tema que ya habíamos tratado hace semanas: el abasto de medicamentos, como la expresión más evidente de la crisis en que se sumergió al Seguro Social (y a todo el sector salud) con los recortes implementados. Hace algunas semanas, el presidente anunció que las cuatro principales empresas proveedoras de medicinas del país no podrán participar en las próximas licitaciones del sector porque considera que podrían haber caído en actos de corrupción, porque proveían cerca del 64 por ciento de los medicamentos comprados por el sector salud.
Pero el hecho es que lo hacían ganando licitaciones que no fueron impugnadas en su momento y no existe, al día de hoy, acusación alguna en contra de esas empresas, ni siquiera, como dijo el presidente, de prácticas monopólicas en el sector. Se dijo también que si no existen otras que puedan proveer los medicamentos, éstos se comprarán en el extranjero.
Las compras consolidadas de medicinas son anuales, se deciden desde junio y comienzan a abastecerse en agosto. Cuando se aproximó el cambio de adminsitración, el equipo entrante pidió al gobierno saliente que cancelara las compras de medicinas en las licitaciones que ya habían sido acordadas porque las quería revisar. Quedó, como siempre ocurre, un stock para cubrir los primeros meses de gestión, pero lo cierto es que se cancelaron las compras, no llegaron nuevas medicinas y por ende se fue profundizando la escasez e incluso el desabasto, sobre todo de medicinas que son muy especiales, como las del VIH y el cáncer.
Cuando el presidente anuncia el boicot a las empresas que surtían la mayor parte de los medicamentos (que son también las distribuidoras más importantes) sorprendentemente quedaron en la situación de privilegio las empresas de Carlos Lomelí, un empresario cercanísimo a López Obrador, que es propietario de laboratorios y distribuidoras de medicamentos en Jalisco, donde además de haber sido candidato a gobernador, y hoy es el superdelegado. Una investigación de Méxicanos contra la Corrupción documentó la entrega, por adjudicación directa,de contratos millonarios a sus empresas (o las de sus familiares) en estos primeros meses del año argumentando la emergencia por el desabasto de medicamentos.
El presidente López Obrador dijo que se comprarán medicinas en el exterior. Pero lo que no han dicho que, de la mano con las empresas de Lomelí, comprarán esas medicinas sobre todo en la India, que cuenta con laboratoriosque generan una enorme producción, que se ubican sobre todo en el norte de ese país y que fabrican medicinas a muy bajo costo, violando patentes internacionales pero también en muchas ocasiones las condiciones de producción y de control de calidad están muy por debajo de los estandares internacionales. Esas medicinas, por esas razones, no pueden ser comercializadas en Estados Unidos, Canadá ni Europa.
Pero ahora entrarán en forma masiva a México para solventar la carencia de medicinas provocada por la decisión de cancelar las entregas de las que ya estaban compradas desde el sexenio anterior. Si es así, las empresas de Lomelí y sus asociados serán, a la vuelta de la esquina, los grandes proveedores para el sector público: serán medicinas de menor costo, pero también de mucha menor calidad, que no tienen el control de producción que demandan los estándares internacionales, que no están diseñadas para el genotipo específico del mexicano y que violan patentes internacionales. Todo se justificará argumentando una situación de emergencia nacional. La decisión tendrá repercusiones en muchos ámbitos, incluyendo el propio T Mec, que ha centrado buena parte de su renegocición en las patentes, sobre todo medicinales.
El tema da para más y seguiremos analizándolo. Una última reflexión: Germán será reemplazado en el IMSS por uno de los mejores funcionarios de la 4T, el hasta ahora subsecretario Zoé Robledo. La decisión es inobjetable, salvo por un pequeño detalle: el funcionario que realmente operaba la política-política de Gobernación era Zoé. Su salida demeritará y le quitará aún más poder a una Segob evidentemente disminuida.
