15-07-2019 Si a Carlos Urzúa se le había reclamado que en su carta de renuncia no especificara cuáles eran las “políticas públicas sin sustento” que se toman en el gobierno federal, las “medidas extremistas” o los “conflictos de interés” que existían en ciertos nombramientos, todo ello lo proporciona el ahora ex secretario de Hacienda en una larga entrevista con Proceso.
Dejaremos fuera el tema de Alfonso Romo, el jefe de la oficina presidencial, porque más allá de sus diferencias personales notables, ese capítulo creo que sigue siendo uno de luchas palaciegas.
El ex funcionario hace un muy buen diagnóstico del presidente López Obrador y de su administración, comenzando por lo que describe como su “extraordinaria inteligencia social” (incuestionable) que termina derivando en un “voluntarismo” que poco tiene que ver con políticas públicas con certidumbre.
Lo que propone Urzúa y que el presidente López Obrador califica como críticas neoliberales, provengan de donde sea, sin matices, es lo mismo que le han dicho, dentro y fuera de su gabinete, amigos y críticos: es un error cancelar el aeropuerto de Texcoco con el enorme avance que tenía la obra y con los altísimos costos que generará no hacerla. Es un error, por ende, Santa Lucía, y volver a invertir en un aeropuerto que no tiene las condiciones idóneas, cuando hay uno a medio hacer que se desecha.
Es un error la refinería de Dos Bocas: no costará como quiere la secretaria de Energía, Rocío Nahle, 8 mil millones de dólares, sino por lo menos 15 mil millones de dólares, no estará en tiempo y no tiene sentido invertir en la refinería cuando se podría invertir en exploración y explotación, teniendo ricos yacimientos en tierra y en aguas someras.
Es un grave error la política que está llevando la CFE. Urzúa además de criticar la negativa de Bartlett de operar el gasoducto Texas-Tuxpan, que garantizaría un tercio del abasto de gas natural que requiere el país, sobre todo el sureste, exhibe los peligros que la decisión de ir a controversia implica: para empezar, la negativa de Canadá y Estados Unidos de aprobar el TMEC.
Tiene razón Urzúa cuando habla de que se tiene que hacer una reforma fiscal si se requieren mayores recursos, y tiene razón en criticar el memorándum que enviaron el presidente López Obrador y la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, recortando aún más el gasto público hasta el límite de hacer imposible la operación de ciertos sectores de la administración pública “sin beneficio económico alguno”. Por eso, insiste Urzúa, la inversión está parada y la economía también.
Lo increíble es que, como da a entender Urzúa, esas críticas no son de neoliberales interesados en hacer fracasar el gobierno de López Obrador: son de quienes deseamos que el gobierno de López Obrador tenga éxito, porque si fracasa, el movimiento pendular en el futuro nos llevará a la intolerancia más conservadora y regresiva del país. Ahí está el ejemplo de Brasil.
Dijo el presidente que el Plan Nacional de Desarrollo que elaboró Urzúa “parecía escrito por Meade o Carstens”. Y seguramente es verdad, porque en política económica no se puede inventar el hilo negro y el voluntarismo sólo sirve para llevar al derrumbe las naciones. La diferencia, lo nuevo, el cambio que quiere el presidente no se hace inventando la política económica o haciéndola retroceder al siglo pasado, sino trabajando sólidamente en la política social y redistributiva, apoyado en una economía sólida, con certidumbre e inversiones, sin ellas, la política social fracasa. Y eso lo explica Urzúa, pero eso es también lo que cree su reemplazante, Arturo Herrera. Y volvemos a lo mismo: la política voluntarista y de ocurrencias no es compatible con un manejo serio de las finanzas nacionales. En algún momento se debe optar por una de las dos.
Guerrero
En Guerrero están enfrentando varios frentes: el desabasto de fertilizantes y la distribución poco clara desde el ámbito federal. Ligado a eso, un empobrecimiento en el campo derivado de un fenómeno delincuencial que tiene efectos sociales: el kilo de goma de opio que se vendía a mil 300 dólares, ahora, ante el auge del fentanilo, se vende a 300 dólares. Son miles las familias que viven de ese negocio ilegal, que el gobernador había propuesto legalizar. Y se han limpiado a toda velocidad algunas playas de Acapulco, en plena temporada vacacional, para borrar toda sombra de duda respecto a la contaminación de las mismas. Es una agenda muy pesada para un estado al que no le han dado casi recursos.
