En la historia de los videoescándalos no se ha hecho justicia porque por una u otra causa, los que conspiraron para grabarlos y difundirlos han sido perseguidos, pero ninguno de los que cayeron en aquellos actos de corrupción lo fueron, ni legal ni políticamente, ni entonces, 2004, ni ahora, quince años después. Se castiga “el complot”, la exhibición de la corrupción, no la corrupción en sí misma.
En junio del 2009, hace ya diez años, escribimos aquí que “entrevistamos en estos días a Carlos Ahumada (la entrevista, la única que dio Ahumada, cuando fue liberado y se instaló en Argentina, fue en mayo de 2009) quien asegura que entregó al PRD y a funcionarios del GDF en época de López Obrador, unos 400 millones de pesos. Se puede o no creerle a Ahumada, pero lo cierto es que él venía trabajando con el gobierno capitalino desde la época de Camacho y nunca había tenido problemas con las autoridades hasta que llegó Andrés Manuel con su inefable René Bejarano. En ese momento llegaron también otras constructoras, que se hicieron grandes de la mano del entonces jefe de gobierno, como Rioboó, a la cual se le adjudicaron numerosas obras públicas, entre ellas la construcción del segundo piso (obra, por cierto, que en la licitación pública había ganado la empresa de Ahumada, licitación que se anuló para adjudicarla, por un costo mayor, a Rioboó y otras subsidiarias)... Ahumada, santo o diablo, cuenta y documenta cómo operaba el esquema de extorsión y corrupción con la secretaría de finanzas, la contraloría, los operadores políticos, los delegados. Dice que pagó 400 millones de pesos, por lo menos 250 millones de ellos plenamente documentados. ¿Era el único?¿los que hicieron obras de miles de millones por adjudicación directa durante ese sexenio, ninguno de ellos participó en ese esquema de corrupción, ninguno financió o financia actividades, viajes de placer, comités partidarios, campañas?... Se le puede creer o no a Ahumada... pero las obras se siguen otorgando por adjudicación directa y apenas esta semana nos enteramos que la misma constructora Rioboó, la del segundo piso y muchas otras obras, será la encargada de construir todas las estaciones de la línea 3 del Metrobus”.
Hasta ahí este texto de hace diez años que conserva actualidad. Insisto, no sé si Ahumada (o Rosario Robles o Juan Collado) es santo o demonio, es culpable o no de los delitos de los que se lo responsabiliza, lo que sí sé es que la justicia se aplica en forma selectiva. Y que pareciera que aquella frase juarista, de las menos afortunadas de don Benito, de “a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la justicia a secas” sigue siendo, desgraciadamente una norma. Por lo pronto, ante la justicia argentina, esa forma de aplicarla ha llegado, dicen allá, al absurdo.
La agresión
Juan Manuel Jiménez, compañero en ADN40, es uno de los mejores periodistas televisivos jóvenes que he conocido en los últimos años. Es un joven sencillo, inteligente, alejado de la parafernalia que en ocasiones se genera en torno a un conductor. Ha decidido hacer un periodismo callejero, conduciendo sus espacios desde el lugar donde se genera la noticia, y lo hace todos los días y por cierto muy bien.
El viernes en una jornada lamentable, fue agredido en forma artera por un provocador llamado Carlos Daniel Penagos García, apodado el Chupas, quien entre otras actividades delincuenciales se ha caracterizado por reventar movilizaciones y actos públicos.
La agresión contra Juan Manuel no fue espontánea, fue dirigida e incluso en las imágenes se ve como el agresor recibe indicaciones de un personaje en la misma marcha.
La agresión (como las muchas otras que se cometieron la tarde del viernes, demeritando una movilización convocada por una causa a todas luces justa) no puede quedar impune, con más razón aún porque cuando se vulnera de tal forma el derecho a informar y ser informado, lo que se está cancelando es uno de los principios fundamentales de cualquier democracia, esa democracia tan amenazada, desde diferentes frentes, en estos días.
