28-11-2019 No sé si en el gobierno de López Obrador han aquilatado en toda su magnitud lo que implica que los cárteles mexicanos sean considerados organizaciones terroristas internacionales. Parece que no se comprende que las leyes antiterroristas de Estados Unidos se aplican sin respetar la territorialidad, y podrán ser por ello cuestionables, pero eso no las hace ni menos reales ni menos efectivas cuando deciden aplicarlas.
El gobierno federal ha dicho que se debe colaborar poniendo dos temas sobre la mesa: el tráfico de armas y el de dinero y servicios financieros. Los dos son centrales pero no van al fondo de lo que se está planteando. Es más, incluso aunque se comenzaran a tomar medidas hoy en esos temas, ello no implicaría una modificación significativa de la situación que vivimos. En México lo que les sobra a los cárteles son armas. Comenzar a aplicar controles más estrictos es importante, pero no solucionará la espiral de violencia, con un agravante, mientras la venta de armas largas sea legal en Estados Unidos éstas llegarán, de una u otra forma, al país. Atacar el lavado de dinero es más fácil de decir que de hacer. Ni México ni Estados Unidos han tenido éxito en ese ámbito y se suele olvidar un punto: es verdad que los grandes capos y grandes cárteles viven de los recursos del tráfico de drogas internacional, pero las poco más de 80 organizaciones criminales que operan cotidianamente en el país viven de la expoliación del ciudadano y la sociedad, vía el narcoconsumo, la extorsión, el robo, el secuestro.
Lo que ha llevado a la Casa Blanca a esta declaratoria es la incompresible política de seguridad del gobierno mexicano, una política que no se entiende ni allá ni aquí, que no tiene un solo documento que le explicite. Vayamos a la explicación oficial que le presentamos aquí esta misma semana sobre el crimen concentrado en seis, siete estados (lo que sucedió también, intercambiándose los estados, en los sexenios de Calderón y Peña). Los datos son reales, ahí se concentra la violencia. La pregunta es entonces porqué no está concentrada y operando en esos estados, por ejemplo, la Guardia Nacional. La respuesta es porque el eje es no dar golpes estratégicos a los cárteles. Y eso los fortalece. Culiacán y Nuevo Laredo lo demuestran.
Por eso cualquier política de colaboración con Estados Unidos tendrá que pasar por un cambio de estrategia en México que implicará atacar a los cárteles y detener o eliminar a sus cabezas. No existe otra base de colaboración que pueda dar resultados. Si para colaborar en migración hubo que hacer un cambio de 180 grados y cerrar fronteras, en el tema del narcotráfico tendrá que suceder lo mismo. Se requiere pasar a la acción del Estado contra los grupos criminales.
En ese sentido existen dos bases de colaboración estratégica con Estados Unidos. Uno es la inteligencia. Hoy esa colaboración, salvo temas muy puntuales, está cancelada. No tenemos el flujo constante e intenso que tuvimos durante el sexenio de Felipe Calderón ni tampoco el más selectivo pero en algunos casos también muy intenso del gobierno de Peña. Esa colaboración se dio en el pasado por muchas vías y distintas agencias. El gobierno de Peña quiso restringirla solamente a la secretaría de gobernación y no funcionó, terminó transitando por varios otros espacios, sobre todo por la Marina y en menor medida la Defensa (y mucho menos que en la época de García Luna, pero también por la Policía Federal). Ese intercambio de información e inteligencia se reflejó en operaciones conjuntas, como la búsqueda del Chapo Guzmán o la destrucción de los Zetas. Eso es lo que el gobierno de Estados Unidos entiende por colaboración y cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
Recordemos finalmente dos cosas. Primero, EU ya ha operado contra grupos o personajes del narcotráfico en forma unilateral incluso antes de las leyes antiterrorismo. Todos conocemos el caso Colombia, con la persecución de Pablo Escobar y después de los hermanos Rodríguez Orihuela, pero recordemos también la invasión a Panamá para detener al presidente Manuel Noriega, acusado de narcotráfico, o en México, la detención del doctor AlvarezMacháin, levantado en Guadalajara y llevado a Los Angelespor un comando, acusado de participar en la tortura del agente de la DEA, Enrique Camarena.
Un segundo punto es clave. México para la Defensa estadounidense no es un territorio externo. Es considerado, junto con Canadá, parte del Comando Norte que se ocupa de la seguridad interior de la Unión Americana. Para ellos somos parte de su seguridad nacional y de su seguridad interior. Si no se entiende lo que eso implica en términos estratégicos no se entiende nada.
