22-01-2020 El caso de Genaro García Luna sigue en un cono de oscuridad. La audiencia de ayer no esclareció en nada la situación del ex secretario de seguridad pública ni la verdadera dimensión de las acusaciones de la fiscalía.
Si bien los fiscales argumentan que tendrán numerosas y nuevas pruebas para sus acusaciones, también aceptan que es un caso complejo y, obviamente no exhibe el contenido de las mismas. Nadie sabe bien a bien qué sucede con la defensa de García Luna. Su abogado en la audiencia de ayer, volvió a ser un defensor de oficio, César de Castro. El despacho que supuestamente se encargaría de su defensa sigue sin asumirla: algunos dicen que no obtiene aún el permiso para hacerlo del distrito de Nueva York, pero hay quienes aseguran que al no ser especialistas en el tema por el que García Luna es acusado, se estarían buscando otras opciones.
Lo cierto es que el abogado César de Castro se quejó ante el juez Brian Cogan de que se están violando los derechos de su defendido: primero, de que está en situación de virtual aislamiento, que estuvo confinado diez días en el Centro Metropolitano de Brooklyn y que no ha podido, siquiera, revisar con detalle las acusaciones de la fiscalía en su contra. Segundo, que no puede terminar de contratar a su defensa ni establecer una planeación adecuada de la misma, porque en México tienen congeladas sus cuentas.
Pero lo más importante es que ya fuera de la Corte, su abogado de oficio aseguró que García Luna “no está negociando un acuerdo de culpabilidad porque su cliente nunca recibió un soborno". Hay que insistir en un punto, como indicamos aquí el ocho de enero pasado: cuando la defensa solicitó iniciar una negociación con la fiscalía no necesariamente estaba admitiendo la culpabilidad de García Luna en los delitos de los que se le acusa, particularmente los tres de narcotráfico. Y la decisión de ir a juicio es también una forma de presionar hacia esa negociación, porque son muchos los interesados en que ese juicio no se realice. Pero, si no hay un acuerdo previo, la única opción que le queda al ex secretario de seguridad es ir al juicio, hacerlo lo más rápido posible y defender su inocencia ante una fiscalía que tendrá dificultades para comprobar sus acusaciones, si siguen basándose sólo en la declaración de un narcotraficante confeso y convicto.
Insistimos en un punto: éste es un caso armado y ejecutado por el departamento de Justicia de los Estados Unidos que encabeza el procurador William Barr. Aparentemente no han intervenido las agencias con las que García Luna trabajaba, como la DEA, la CIA o el FBI. El punto es central porque el ex secretario de seguridad pública fue formado por esas agencias de seguridad: tuvo cursos y formación con la CIA, la DEA, el FBI, mantuvo estrechas relaciones con el comando norte y el sur de la Defensa estadounidense, con el Mossad y con los organismos de inteligencia de Japón, donde vivió, durante los meses que estuvo en ese país, en la casa del jefe del mismo.
Durante sus años de servicio, primero en el CISEN, durante el gobierno de Zedillo, luego en la AFI, durante el de Fox y más tarde en la secretaría de seguridad pública con Calderón, esas relaciones se estrecharon mucho más. García Luna llegó a tener una autorización de seguridad para acceder a información de Estados Unidos, más alta que cualquier otro mexicano, junto con un alto mando de la Marina. Para nadie era un secreto.
Durante tres sexenios tuvo acceso a una enorme cantidad de información de seguridad y de la vida política del país. La consecuencia es que el principal interlocutor con Estados Unidos durante el gobierno de Calderón, pero también durante el último tramo del de Fox, fue el propio García Luna.
Para negociar con las autoridades estadounidenses, si no se desiste la fiscalía de sus acusaciones, García Luna tendría, efectivamente, que declararse culpable de por lo menos uno de los cuatro delitos de los que se le acusa. Tres son gravísimos: narcotráfico y conspiración con narcotraficantes, es impensable que los asuma; el cuarto es haber mentido cuando hizo su solicitud de naturalización, respecto a la pregunta de si había tenido tratos o relación con personajes del crimen organizado, un delito menor.
No es descabellado pensar que pueda asumir esa cuarta responsabilidad, explicable además, por los cargos que tuvo, sin que ello implique complicidad o corrupción, y a partir de un acuerdo colaborar con las autoridades estadounidenses para no ir a juicio, un proceso que tampoco querrían las agencias de ese país. Hay demasiados secretos en juego. Pero si García Luna es cercado por los fiscales, no tendrá otra opción: ir a juicio y recurrir a todo para demostrar, si puede, su inocencia. Y abrir, muy probablemente, la caja de Pandora
