28-06-2020 Después de un desafío al Estado mexicano de la magnitud del atentado sufrido por Omar García Harfuch decir, simplemente, que “ no somos cobardes” e insistir en que no se cambiará la estrategia de seguridad, que “no se pactará pero que tampoco se declarará la guerra” a los grupos criminales, no es una respuesta sensata.
No se trata de declararle la guerra o de pactar con los criminales, se trata de enfrentarlos y garantizar la seguridad de la ciudadanía, lo que por cierto es la principal responsabilidad que tiene el Estado mexicano. La actual estrategia de seguridad, es simplemente, una suma de buenos deseos. ¿Quién está en contra de reducir la desigualdad o tratar de pacificar al país para garantizar la seguridad?. Eso está muy bien ¿y luego?, ¿qué estrategia se adopta? ¿qué tipo de despliegue? ¿en dónde trabajan los grupos operativos y los de inteligencia y sobre qué objetivos? ¿quiénes se encargan de qué, dónde y cuándo? ¿qué modelo policial se quiere construir en el país, qué hacemos para transformar la procuración de justicia y el sistema judicial? Esas son algunas de las preguntas básicas que se debe hacer para adoptar una estrategia de seguridad.
Se podrá decir que no se pacta, pero esa definición queda distorsionada cuando se libera por orden presidencial a Ovidio Guzmán pero se extradita a Estados Unidos al Menchito, o cuando se detiene una comitiva presidencial para saludar de mano a la mamá del Chapo y se pide respeto por su edad, pero se captura en un gran operativo a la mamá del Marro. Que alguien se lo explique al CJNG o al CSRL.
Lo cierto es que esa heterogeneidad de políticas y de falta de definiciones, lo que provoca es que los hombres y mujeres que cumplen con su responsabilidad de combatir a los criminales, terminan desprotegidos y siendo objetivos de los mismos. Y eso se aplica a García Harfuch, al juez Villegas asesinado en Colima y a muchos hombres y mujeres del ejército y la Marina, y de otros ámbitos, que siguen cumpliendo, silenciosamente, su labor.
Sectores del gobierno y sobre todo sus dizque intelectuales orgánicos ultras, siguen insistiendo en la ideologización de la seguridad: son los mismos que acusaban y acusan aún hoy al ejército y la marina de cometer masacres, los que califican a los periodistas críticos como sicarios, los que trataron desde la 4T de evitar la designación de García Harfuch en la SSC de la CDMX porque había trabajado en la Policía Federal y llegaron incluso a involucrarlo en el tema de Ayotzinapa, un hecho en el que no tuvo nada que ver. Y eso no ocurrió hace meses o años, esa línea la exhibieron el mismo día del atentado contra el jefe policial. Son irresponsables, fanáticos, irreflexivos y mezquinos.
Hemos insistido mucho en un punto: las políticas y técnicas de seguridad no tienen ideología ni partido: no hay una seguridad neoliberal y una de transformadora, no hay una seguridad conservadora y otra liberal. Para garantizar la seguridad se deben establecer políticas de seguridad claras y eficientes que den resultados, no tiene nada que ver con eso de “pactar o declarar la guerra”, se trata de cumplir con la obligación del Estado y del gobierno.
El propio García Harfuch es una demostración de ello. Más allá de ser nieto e hijo de personajes tan paradigmáticos como el general Marcelino García Barragán y Javier García Paniagua, de su formación y especialización en inteligencia, dentro y fuera del país, Omar es un funcionario que ha transitado en puestos de responsabilidad en tres diferentes administraciones, en diferentes posiciones y siempre ha dado resultados y ha sido leal con sus jefes. No ha estado en esas posiciones por su cercanía política con el gobernante en turno sino por su capacidad operativa y estratégica.
Como García Harfuch hay muchos especialistas reales, operativos y de inteligencia, civiles y militares, con conocimientos de fondo en el manejo de la seguridad pública e interior. Paradójicamente, en la secretaría de seguridad federal y en otras posiciones relacionadas, casi todos los mandos son políticos profesionales, sin la menor experiencia en seguridad. Están ahí por su legítima relación con el Presidente y seguramente por su lealtad hacia él, pero no porque sean profesionales de la seguridad. Y eso se reproduce hacia abajo, hacia otros mandos, federales y locales.
Se confía en la lealtad política, no en la capacidad operativa y estratégica para recuperar la seguridad. Y por eso los resultados son desastrosos, tanto que no se acepta como un desafío al Estado mexicano el mayor ataque que el mismo ataque ha sufrido en años. No nos equivoquemos: este atentado en pleno Paseo de la Reforma es el equivalente al primer coche bomba que puso Pablo Escobar en un centro comercial Bogotá. Así debe ser entendido y una respuesta de esa misma magnitud debe tener.
