10-09-2020 Esta semana veremos un vuelco total en el caso Lozoya. El ex director de Pemex, como se sabe, se ha acogido al criterio de oportunidad que implica que se convierte en una suerte de testigo colaborador de las autoridades. Emilio Lozoya ha tratado de negociar su situación y la de su familia, pero ese proceso ha llegado a un punto clave: Lozoya no hará su declaración ante la Fiscalía General de la República para apoyar un caso de la propia fiscalía. Lozoya ya ha aceptado su responsabilidad, ha aceptado que él recibió el dinero, que en el caso Odebrecht suma más de diez millones de dólares. En ese sentido ya es responsable, para mantener su actual condición debe ahora denunciar a quienes, según él, utilizaron y operaron esos recursos. Al tiempo que la autoridad ejercerá la extinción de dominio para recuperar esos diez millones de dólares sobre propiedades de Lozoya.
Para mantenerse en el criterio de oportunidad lo esta semana Lozoya hará una larga denuncia ante el juez en el que él mismo inculpará a quienes dice que recibieron los recursos y a quienes se lo pidieron. El giro que dará la situación es notable: no se trata de que Lozoya declare ante la fiscalía y que luego ésta investigue y haga las acusaciones. Lo que viene es que quien hará la acusación contra otros ex funcionarios será el propio Lozoya.
El ex director de Pemex denunciará penalmente a todos los que considere involucrados y en ese sentido el margen para citar a declarar a una enorme cantidad de personajes de la vida política, incluyendo al ex presidente Peña Nieto y a Luis Videgaray, es enorme. Pero esa acusación de Lozoya que, insistimos, él mismo presentará ante el juez, involucrará también a los relacionados con la reforma energética y con el proyecto etileno XXI, por lo cual intentará involucrar de alguna forma al ex presidente Calderón y a otros funcionarios panistas, incluyendo los gobernadores Francisco Domínguez y Francisco Cabeza de Vaca, que también, si es así, tendrán que terminar declarando.
¿Cuál es la gran diferencia?. Primero que al no ser la FGR la que hace la acusación tiene las manos mucho más libres para seguir la vía de la acusación que hará Lozoya. Segundo, que el que tendrá el peso de la prueba es el propio Lozoya: él tendrá que demostrar, para conservar el criterio de oportunidad del que goza, que sus denuncias están sustentadas por hechos. Para la FGR y el ministerio público es una oportunidad de llevar a declarar a todos los involucrados por Lozoya, más allá de que se pueda demostrar o no su participación. Y en esa suerte de teoría del caos es donde puede ocurrir cualquier cosa, se destruirán reputaciones, se develarán secretos, se dirán muchas mentiras o verdades con tal de salvarse denunciando a otro.
Pero esta semana no se tratará sólo del caso Lozoya. El de la Policía Federal y el Cisen, traerá también mucha cola. Según versiones oficiales, los 19 ex funcionarios de PF, Cisen y Gobernación están acusados de no justificar, según lo estableció la Auditoría Superior de la Federación, dos mil 500 millones de pesos de los fondos reservados para operaciones de seguridad. Los únicos autorizados a disponer de esos recursos, a autorizar su utilización, eran el secretario de Gobernación, y los jefes de administración de PF, en este caso Jesús Orta, durante la primera parte del sexenio pasado y luego Frida Martínez, por eso, ellos dos son los principales acusados.
Según el mecanismo establecido, para retirar dinero de ese fondo para operaciones especiales, en cada ocasión se debía dejar especificado, guardado en un sobre lacrado, para qué se había utilizado. Lo que dice la Auditoria y ratifica la FGR es que se retiró el dinero pero no se cumplió con el procedimiento de justificar su utilización con los sobres lacrados. Dicen funcionarios de la anterior administración acusados por el caso que ellos podrán justificar esa utilización, pero ya con la acusación a cuestas tendrán que hacerlo, ellos también, ante el ministerio público, haciendo públicas, si el juez lo considera así, muchas operaciones secretas del pasado.
Pero también esta semana, terminará de dar un giro el caso de Billy Alvarez y el Cruz Azul. Lo que han descubierto las autoridades hunde a los directivos de la cooperativa. Los esquemas para lavar dinero y apropiarse de los recursos no son ni siquiera sofisticados. Por ejemplo, se encontraron pagos a abogados, por trámites comunes, por 120 millones de dólares en tres años, o un pago de 200 millones de pesos a un notario por una simple acta. Y listas de personas corrompidas. Las cuentas manipuladas son de vértigo, mientras que los poco más de mil cooperativistas apenas recibían, en promedio, poco menos de 15 mil pesos por su participación.
Los tres casos harán volar por los aires la de por sí ya bastante endeble estabilidad política nacional. Se abre, por completo, un nuevo escenario.
