18-09-2020 Nadie puede decir que no hubo aviso. Con la del miércoles pasado son ya dos las amenazas públicas que hace la administración Trump al gobierno mexicano, quejándose de los resultados de la lucha contra el narcotráfico en México. La primera, fue a fines de noviembre pasado, cuando Trump sostuvo que podría descertificar a México y podría incluir a los grupos del narcotráfico en la lista de organizaciones terroristas internacionales. La segunda, el miércoles pasado, en el memorándum anual sobre narcotráfico donde se advirtió que si en un año no había avances sustanciales en la lucha contra el narcotráfico se podría sancionar y descertificar a nuestro país.
El gobierno de Trump exige al de México muchas mayores acciones en contra del narcotráfico, sobre todo la detención de los principales capos, la destrucción de los cárteles y el freno del constante flujo de opiacios y sobre todo de fentanilo hacia la Unión Americana. El presidente López Obrador dijo que esa amenaza de Trump no amerita respuesta. Y es verdad, no tiene sentido responder, lo que sí se debe hacer es reflexionar sobre la estrategia seguida y sus resultados. Y en el camino entender cuál sería el costo de una descertificación estadounidense o de colocar a los grupos del narcotráfico en la lista de organizaciones terroristas. Y eso puede suceder con Trump pero también con Biden en la Casa Blanca.
No es, además, la única advertencia. Hace una semana el departamento de Estado emitió una alerta de viaje a México que incluye la mayoría de los estados del país, ante el peligro de la violencia, los secuestros y el Covid.
No sé si en el gobierno de López Obrador han aquilatado en toda su magnitud lo que implican estas amenazas. Las leyes antiterroristas de Estados Unidos y las derivadas de la certificación sobre drogas, como han visto Bolivia y Venezuela, se aplican sin respetar la territorialidad, y podrán ser por ello cuestionables, pero eso no las hace ni menos reales ni menos efectivas cuando deciden aplicarlas.
El gobierno federal ha insistido en que se debe colaborar poniendo dos temas sobre la mesa: el tráfico de armas y el de dinero y servicios financieros. Los dos son centrales pero no van al fondo de lo que se está planteando. Es más, incluso aunque se comenzaran a tomar medidas hoy en esos temas, ello no implicaría una modificación significativa de la situación que vivimos. En México lo que les sobra a los cárteles son armas. Atacar el lavado de dinero es más fácil de decir que de hacer. Ni México ni Estados Unidos han tenido éxito en ese ámbito.
Lo que ha llevado a la Casa Blanca a esta declaratoria es su realidad interna: más de 60 mil muertos anuales por consumo de opiacios, y sobre todo de fentanilo que proviene de México, de cárteles que se percibe que no son combatidos en forma frontal. Para la Unión Americana, sobre todo en el centro del país, lo que existe es una epidemia de muertes por opiacios y hace responsable de ella a México. Ante ello la estrategia de seguridad que no privilegia la captura de los capos, resulta incompresible. Cualquier política de colaboración con Estados Unidos tendrá que pasar por un cambio de estrategia en México que implicará atacar a los cárteles y detener o eliminar a sus cabezas. No existe otra base de colaboración que pueda dar resultados ni que se entienda en la Unión Americana. Si para colaborar en migración hubo que hacer un cambio de 180 grados y cerrar fronteras, en el tema del narcotráfico tendrá que suceder lo mismo. Se requiere pasar a la acción del Estado contra los grupos criminales.
En ese sentido existen bases de colaboración estratégica con Estados Unidos. Uno es la inteligencia. Esa colaboración se dio en el pasado por muchas vías y distintas agencias y se reflejó en operaciones conjuntas, como la búsqueda del Chapo Guzmán o la destrucción de los Zetas. Eso es lo que el gobierno de Estados Unidos entiende por colaboración y cooperación en la lucha contra el narcotráfico. La segunda, inaceptable en México, es la participación material de la Unión America en la persecución de los criminales.
Estados Unidos ya ha operado contra grupos o personajes del narcotráfico en forma unilateral. Recordemos el caso Colombia, con la persecución de Pablo Escobar y después de los hermanos Rodríguez Orihuela, pero también la invasión a Panamá para detener al presidente Manuel Noriega, acusado de narcotráfico, o en México, con la detención del doctor Alvarez Macháin, levantado ilegalmente en Guadalajara y llevado a Los Angeles por un comando, acusado de participar en la tortura del agente de la DEA, Enrique Camarena.
México para la Defensa estadounidense no es un territorio externo. Es considerado, junto con Canadá, parte del Comando Norte, que se ocupa de la seguridad interior de la Unión Americana. Para ellos somos parte de su seguridad nacional y de su seguridad interior. Si no se entiende lo que eso implica en términos estratégicos no se entiende nada.
