28-10-2020 Ocurrió hace poco más de nueve meses, pero podría haber sido hace décadas. El 15 de enero pasado, el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con todos los gobernadores del país. Hubo risas, brindaron con agua de guanábana por el nacimiento del primer nieto del presidente y por el cumpleaños de su esposa Beatriz, comieron pejelagarto y todo fue amor y paz, dicen quienes participaron del encuentro.
Ese país, siendo el mismo, hoy ya es otro. La pandemia con todas sus secuelas sociales, sanitarias, económicas y políticas ha cambiado todo, y aquel buen ánimo de enero se ha convertido en un otoño lleno de reproches y amenazas recíprocas. En el camino hemos transitado por la crisis económica más dura que ha sufrido el país y la pandemia ha trastocado no sólo la existencia de millones de familias y empresas sino que ha quitado la vida a decenas de miles (no sabemos con certidumbre ni siquiera cuántos, según datos oficiales estamos en unas 90 mil muertes, aunque en salud aceptan que ha habido otras 130 mil que deberían ser atribuidas en principio al propio covid). La deciisón gubernamental ha sido centralizar el gasto, concentrar el presupuesto en sus manos para distribuirlo en forma mucho más discrecional y reducir drásticamente los recursos para los estados y municipios.
Se puede entender que ante la crisis esa sea una exigencia del momento, pero lo que sucede es que esos recursos se utilizarán de forma oscura. Esa fue la verdadera batalla política por los fideicomisos y se refleja, mejor que nada, en el intento de desaparición del fondo para la salud, el llamado fondo para gastos catastróficos, unos 33 mil millones de pesos que saldrán de ese fondo destinado en específico para ciertos tratamientos y enfermedades, como el de niños con cáncer, para ir al INSABI donde se utilizarán de acuerdo a los deseos y necesidades del ejecutivo federal. Se ha prometido que se garantizarán los recursos para las enfermedades catastróficas, como se prometió con la ciencia, la cultura, el cine, los deportes y otros sectores ante la desaparición de los fideicomisos, pero de la promesa a la certidumbre presupuestal hay un trecho enorme.
La llamada Alianza Federalista que agrupa a diez estados del país se ha movilizado con dureza contra el gobierno federal y tanto el Presidente como los gobernadores de la Alianza (donde están todos los que son, pero no todos los que están) han estirado la cuerda del desencuentro al límite. Ayer el presidente López Obrador descartó reunirse con los gobernadores porque “debe cuidar la investidura presidencial” (¿?), dijo que los gobernadores sólo buscan votos, y que están en su derecho de dejar el Pacto Fiscal, pero “no hay ninguna posibilidad de que se rompa el Pacto federal, primero porque si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan”.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, elevó aún más la apuesta. “Tengo una respuesta muy concreta para el presidente de la República, en Jalisco le tomamos la palabra. Vamos a iniciar la ruta, a partir de este momento, para hacer una consulta a los habitantes de Jalisco para saber si están de acuerdo con que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación....Le vamos a preguntar a los ciudadanos si quieren mantener una relación en la que Jalisco aporta muchísimo a la Federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy”, indicó el gobernador, que agregó que lo que lastima la investidura presidencial es la negativa del Presidente a reunirse con los gobernadores.
Estamos en un momento peligroso. Cuando se comienza a jugar con el pacto fiscal (un instrumento que tendría revisarse y renovarse porque el país es otro muy diferente al de 1978, cuando se estableció la actual ley de coordinación fiscal) y se habla incluso de abandonar o no el pacto federal, se termina ahondando en la herida más dolorosa que tiene el país y la que ha provocado nuestras más graves rupturas: el de sus profundas desigualdades.
Más allá de que considere que tiene fines electorales es difícil de entender por qué un Presidente de la república considera que “daña su investidura” reunise con un grupo de gobernadores, cuando no lo hace detener su caravana para saludar a la madre del Chapo Guzmán. La carta que juega Alfaro también es altamente peligrosa: una consulta sobre el pacto fiscal puede terminar alimentando tendencias separatistas que, no nos engañemos, siguen enquistadas en muchas regiones del país.
Pero eso debe desactivarse desde Palacio Nacional. Alguna vez ese astuto operador y conocedor de los entretelones de la vida política nacional que era Fernando Gutiérrez Barrios me dijo que no me equivocara, que “cuando la silla presidencial convoca, uno va”. Puede parecer vieja política, pero no deja de ser verdad. Pero si la silla no convoca, lo que queda es la distancia y asoma la ruptura.
