19-03-2021 Para muchos, las declaraciones presidenciales sobre la reforma eléctrica y el amparo dictado por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, a favor de las empresas energéticas privadas, comprometen la división de poderes. Coincido en que las formas en que el presidente López Obrador se ha expresado pueden ser mediáticamente perturbadoras, pero no veo que se esté debilitando con esas declaraciones al poder judicial.
Mucho menos estamos viendo una Suprema Corte de Justicia subordinada al ejecutivo, al contrario. Las respuestas del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, han sido precisas, mesuradas y emitidas en una lógica en la que hemos insistido, con base en sus propias declaraciones, muchas veces: la SCJN no es ni debe ser un partido opositor al gobierno, debe apostar, por supuesto, al equilibrio entre poderes pero también a la gobernabilidad. Ni la Suprema Corte ni su ministro presidente pueden hacer de las declaraciones públicas un instrumento de lucha política: se deben expresar por sus sentencias.
En ese sentido, las respuestas que ha dado Zaldívar me parecen impecables: respalda a jueces y magistrados, garantiza su independencia, asegura, como debe hacer en su carácter de también presidente del Consejo de la Judicatura, que si se encuentran irregularidades se indagarán. No se puede pedir ni más ni menos.
En relación a lo actuado por el juez Gómez Fierro, y coincidiendo en que la ley eléctrica tiene varios capítulos viciados de inconstitucionalidad, hay que reconocer que lo informado hoy por el presidente López Obrador es verdad. En por lo menos otras dos ocasiones, la última hace apenas diez días, el juez había sido advertido por un tribunal colegiado de que en este tipo de casos no podía emitir amparos generalizados sino particulares, destinados exclusivamente a quienes lo solicitaran. Si llega a sus manos, el tribunal colegiado volverá a rectificar la sentencia.
La otra declaración presidencial controvertida es la de la reforma constitucional. Para llegar a ella primero tendría que agotarse todo el proceso judicial en torno a la reforma, que tomará aún varios meses y al final llegara a la Suprema Corte de Justicia. Habría que ver cómo se vota en la máxima instancia judicial. El decreto Nahle fue declarado inconstitucional en una de las salas de la Corte, con una mayoría simple. Pero si lo que se quiere es declarar inconstitucional una ley, se tiene que tener una mayoría calificada de ministros en el pleno. Eso quiere decir que, si cuatro ministros consideran constitucional la norma, la misma entrará en vigor. Nadie sabe si la postura del gobierno federal podrá alcanzar los cuatro votos, pero esa posibilidad existe.
Lo que no se aquilata es que incluso una acción de inconstitucionalidad hipotéticamente aprobada en la Corte podría ser benéfica para el gobierno. Primero, porque en cuanto esa ley se declare constitucional, cuando entre en vigor, provocará una ola de demandas en tribunales, pero ya no nacionales sino internacionales. Hoy lo que existe es la amenaza de recurrir a ellos, pero la ley aún debe recorrer un camino judicial local que impide a los quejosos ir al arbitraje internacional.
El segundo punto es más interesante: ello permitiría establecer una nueva norma legal que llene las exigencias del gobierno federal pero que proteja también a los inversionistas. El punto está en lo que la Constitución le garantiza a la CFE: la distribución y transmisión, esa sí monopólica, de la energía: simplemente utilizando mecanismos de mercado, donde la CFE cobre a los productores una tasa por distribución y transmisión, se garantizarían los recursos que quiere el gobierno obtener, disminuyendo los beneficios “leoninos” que asegura obtienen las empresas privadas, y la norma constitucional estaría preservada.
Ayer, en Tabasco, el presidente López Obrador sostuvo que como parte de su política energética, no aumentará la producción petrolera, que se mantendrá por debajo de los dos millones de barriles diarios para preservar las reservas probadas. Está muy bien, es lo que hay que hacer. Pero esos barriles deben destinarse sobre todo a la petroquímica, que es donde está el valor agregado del crudo. Pero precisamente por eso se debe recurrir cada vez más, y en mayor escala, a las energías limpias y renovables en lugar de bloquearlas. La cantidad de opciones que existen para cumplir con las exigencias del gobierno, pero garantizar al mismo tiempo las inversiones y la generación de energía acorde a las necesidades del país, son inmensas.
Lo que no se puede es que tanto el gobierno federal como la Suprema Corte, tanto los empresarios como los usuarios, quedemos todos atrapados en una camisa de fuerza legal que ni transforma ni beneficia a nadie.
