7-04-2021 El mismo tribunal de Nueva York que condenó al Chapo Guzmán, ha dado cadena perpetua al Tony, el hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Lo acusa de ser parte de una red del cártel de Sinaloa en ese país, donde llegaban los vuelos con cocaína desde Colombia y Venezuela para abastecer a las organizaciones criminales mexicanas. El hermano del presidente organizó una amplia red de funcionarios y militares que participaban en el tráfico de cocaína con la organización que encabezaba el Chapo Guzmán, junto con el Mayo Zambada, y según lo que han dejado trascender las autoridades estadounidenses, el camino de Tony lo seguirá su hermano, el propio presidente Hernández, en cuanto deje su cargo.
La participación de políticos y funcionarios de Honduras en el tráfico de drogas, asociados con cárteles mexicanos, lleva décadas. Comenzó con Miguel Angel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, siguió con Amado Carrillo, el señor de los Cielos y continúa con el cártel de Sinaloa. La narcopolítica en ese país ha llegado a la cúspide del poder, porque el descontrol institucional y la corrupción han permeado las instituciones y los partidos, a todos, y la precariedad económica y social alimenta la propia corrupción.
Para comprender lo que ocurre hoy en Honduras y su relación con México hay que retroceder muchos años, hasta principios de la década de los 80. La participación de Honduras en el narcotráfico con México se inscribe en el contexto del caso Irán-Contras, organizado por agencias estadounidenses para aprovisionar de armas y hombres a la Contra nicaragüense. En 1979 había caído el gobierno de Anastacio Somoza y la administración Reagan, que tomó el poder poco después, implementó un ambicioso programa (ilegal, porque estaba prohibido por el congreso) para tratar de derrocar a los sandinistas (¿quién iba a suponer entonces que el régimen que devino de esa revolución, encabezado por Daniel Ortega, iba a replicar los métodos y la entronización en el poder de los Somoza?).
La Contra operaba básicamente desde la frontera con Honduras en una guerra abierta contra el régimen. Honduras se convirtió en un puente donde llegaban los hombres que eran entrenados en otros países centroamericanos pero sobre todo en las fincas de los narcotraficantes colombianos y mexicanos, y allí llegaban también las armas que proporcionaba indirectamente el gobierno de Reagan a través de los cárteles. La cocaína que enviaban de Colombia era trasladada a su vez a México y de allí a Estados Unidos.
La trama tenía componentes muy identificados: los grupos colombianos donde era clave Pablo Escobar y, en menor medida, los hermanos Rodríguez Orejuela, todos enviaban droga a Honduras. Allí era recibida por quien fue otro célebre narcotraficante, Juan Matta Ballesteros, que tenía una aerolínea, SETCO, que transportaba las armas y las drogas. De México llegaban los aviones con armas y paramilitares, y regresaban con la cocaína, que era recibida por la gente de Félix Gallardo y Caro Quintero. Y de México la coca era enviada a Estados Unidos, donde esa droga en los 80 estaba causando furor.
Todo funcionó bien hasta que la trama fue descubierta por el congreso estadounidense en una investigación de venta clandestina de armas a Irán (el dinero que pagaba Irán se usaba para comprar armas para la Contra) y tuvo que comenzar a ser desarticulada, entre otras razones porque quien sería el candidato republicano, era el ex director de la CIA (entonces vicepresidente) George Bush, y había sido bajo su mando en la Agencia que se articuló ese operativo.
Pero el negocio era ya demasiado grande como para detenerlo. Lo más que se logró, con el tiempo, fue que todos los que estuvieron en su momento involucrados en él desde el terreno del narcotráfico, murieran, fueran encarcelados o simplemente desaparecieran.
Enrique Camarena fue asesinado en 1985 porque tuvo esa información (que compartió con una DEA entonces con un margen de poder ínfimo ante otras agencias de seguridad de EU). Pero también presuntamente por esa informaciónn fue asesinado el periodista Manuel Buendía, que la había obtenido de José Antonio Zorrilla, quien era entonces jefe de la Dirección Federal de Seguridad y ordenó su asesinato.
Tras la muerte de Camarena se impuso la certificación, se lanzó la guerra contra las drogas y se inició la etapa de violencia que todavía hoy vivimos. Y en el centro de todo eso estaba un hombre que hoy es el objetivo número uno de las agencias de Estados Unidos, luego de que fuera liberado incomprensiblemente (o en forma demasiado comprensible) hace siete años, Rafael Caro Quintero. El otro gran personaje, Matta Ballesteros, por cierto, fue secuestrado por un comando de Estados Unidos en Tegucigalpa a fines de los 80, llevado a República Dominicana y de ahí a la Unión Americana. Fue condenado a doce cadenas perpetuas por la justicia estadounidense. Se ha convertido en testigo colaborador, le han quitado cargos por el asesinato de Camarena y se supone que fue uno de los personajes decisivos para develar la trama de la narcopolítica en su país, Honduras.
Estos son polvos de aquellos lodos. Lo que sucede es que en ocasiones olvidamos que esa trama hondureña tiene firmes raíces en nuestro país.
