20-04-2021 Pocas cosas son peores para la vida política de un país que su judicialización. Cuando el diálogo no existe, cuando todo se dirime entre la imposición, el proceso penal o la cárcel, se genera un clima intransitable para la vida política, pero al final también para la social y económica. La gente se polariza hasta en las familias, la traición se convierte en norma para salvar cargos reales o ficticios. Ningún inversor confia en un clima que oscila entre la polarización extrema y la falta de acuerdos que determina la judicialización.
La ola de procesos, acusaciones, demandas, denuncias, parece interminable en una coyuntura en la que pareciera que casi nadie recuerda que vivimos una pandemia con consecuencias brutales: más de 210 mil fallecidos por Covid, que podrían ser muchos más según estudios nacionales e internacionales; que el PIB el año pasado cayó casi 10 por ciento; que hay millones de desempleados que no tienen perspectivas de volver a encontrar un trabajo remunerado; que tenemos más de 30 mil asesinatos producidos por el crimen y la violencia al año, y que, según autoridades militares estadounidenses, una parte del territorio nacional está bajo control del crimen organizado. Nadie es responsable de esa crisis, de los malos manejos e improvisación sanitaria, de no haber apoyado a las empresas y lostrabajadores ante la crisis. Los grandes capos del narcotráfico no parecen estar perseguidos con el rigor que la situación requiere, pero cuando vamos al terreno de la política el terreno está candente y todo pasa por juicios, acusaciones y demandas.
Ahí tenemos los conflictos preelectorales en el INE y el Tribunal Electoral, con un personaje como Félix Salgado Macedonio jugando al provocador; tenemos la propuesta de prolongación de mandato del presidente de la Suprema Corte, aprobada en el senado y en suspenso en San Lázaro; tenemos el caso Lozoya, donde se involucra a demasiadas personas al tiempo que no aparecen pruebas que sostengan los dichos del ex director de Pemex; ayer se conoció una acusación contra el ex gobernador de Veracruz, Miguel Angel Yunes, por un supuesto delito cometido en el ISSSTE hace doce años; en Chihuahua, el gobernador panista Javier Corral sigue persiguiendo a la candidata panista, Maru Campos. Y súmele los amparos por la ley eléctrica, los que vienen por la de hidrocarburos, por distintas obras de infraestructura, desde el cancelado aeropuerto de Texcoco hasta los gasoductos. La lista podría seguir hasta el infinito.
Me pareció sensato en este sentido que el presidente López Obrador aclarara que no quiere acabar con el INE sino transformar el sistema electoral, algo en lo que hemos insistido hace tiempo. Pero entonces que se diga cómo se va a cambiar, que se abandone una acusación de juicio político contra consejeros que cometieron el pecado de votar en contra de lo que pretende el oficialismo. En Morena tienen mucha confianza que el caso Salgado Macedonio será resuelto favorablemente por el Tribunal Electoral, cuando paradójicamente es el que menos margen legal tiene para evitar la cancelación de su candidatura. Habrá que ver qué resuelve el Tribunal y hacia donde dirige su sentencia. Y a partir de ella conocer también cuáles son las reacciones políticas de oficialistas y opositores.
De lo que no cabe duda es que muy poco puede aportar una vida política que transita entre juicios, amenazas, denuncias y cárcel a un país que debe salir de la crisis, la violencia y la miseria que le agobia.
Y hablando de judicialización y política ¿qué hace la CNDH de Rosario Piedra haciendo extrañanamientos a ex funcionarios tan disímiles como Angel Aguirre o Iñaki Blanco porque han criticado a un personaje tan oscuro como Vidulfo Rosales? ¿La señora Piedra no ha logrado enterarse todavía cuáles son las atribuciones y responsabilidades de esa Comisión?¿qué ha hecho, por ejemplo, ante la liberación de sicarios y asesinos de los jóvenes de Ayotzinapa?¿allí se privilegia también judicializar la política en lugar de impulsar la justicia a secas?.
Violencia y elecciones
Me parece muy bien que la secretaría de seguridad y protección ciudadana informe con claridad sobre la violencia y los peligros que genera el crimen en torno de las próximas elecciones. Once estados, sostiene un estudio de la dependencia, pueden tener una posible intervención del narco en los comicios. Pero llama la atención de que en esta lista no estén estados como Tamaulipas, donde la intervención electoral del narco ha sido histórica; como Colima, donde han sido asesinado a ex gobernadores y funcionarios políticos y judiciales; Nayarit donde hasta el ex gobernador está acusado de relaciones con el narco y ex fiscal están condenado en Estados Unidos, y donde, por ejemplo ayer, pudimos ver como la candidata a alcaldesa por Morena en Bahía de Banderas, Carmina Regalado, aparece recibiendo un sobre con dinero de un personaje sin identificar. Tampoco están Sonora ni Estado de México, dos estados con amplia presencia del crimen organizado.
