30-04-2021 El 12 de mayo próximo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que resolver un amparo de revisión en contra de su pedido de extradición a los Estados Unidos que presentó el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.
La justicia estadounidense pide la entrega del ex gobernador acusado de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario. Mediáticamente, se ha manejado como si Hernández Flores hubiera sido acusado de lavar dinero proveniente de grupos criminales, algo similar a la acusación que tiene en la cárcel a su antecesor, Tomás Yarrington.
Pero resulta que no tienen nada que ver las acusaciones de uno con las del otro. Yarrington no sólo está procesado por este hecho, sino que aceptó su responsabilidad en estos delitos que estaban denunciados públicamente desde hace años: la relación que mantuvo Yarrington con el cártel del Golfo consta de de pruebas y testimonios. No hay ninguna prueba que relacione a Hernández Flores con el narcotráfico. Sobre todo después del asesinato del entonces candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú, cometido días antes de las elecciones locales, el 28 de junio de 2010, investigué personalmente el tema y hablé con todos los principales responsables de la lucha antinarcóticos en esa administración. Todos, incluyendo algunos notables enemigos políticos de Hernández, coincidieron en que no había lazos del gobernador con los grupos criminales, quien mejor lo describió fue uno los hombres que manejaban la seguridad en la región con estrechos lazos con la iniciativa privada, sobre todo regiomontana: Hernández, me dijo, no está involucrado con los grupos criminales, tampoco está decidido a jugar un papel protagónico en la lucha contra los narcos porque teme por su seguridad, pero nos brinda todo el apoyo que le pedimos. Han pasado once años desde entonces y la opinión de esos actores, por lo menos de los que he consultado, sigue siendo la misma.
Pero lo cierto es que la detención de Hernández se dio por otros presuntos delitos. Algunos de ellos presentados en el ámbito local por el actual gobernador, ahora en su propio proceso de desafuero, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que en su mayoría han sido desechados, y los tres delitos antedichos que presentaron en juzgados del sur de Estados Unidos con base en las acusaciones locales. El problema es que esos delitos han sido desechados en México, no tienen base, se establecen en relación a declaraciones de personas detenidas en la Unión Americana, como un ex familiar del ex gobernador o no tienen fundamento. Hernández nunca tuvo, por ejemplo, una empresa para enviar dinero al exterior, por lo tanto, no puede estar acusado de operarla sin licencia.
Los tres delitos se basan en el supuesto de que hubo operaciones para malversar recursos públicos durante su administración. Pero lo cierto, es que si fueron delitos cometidos en México, durante una gestión de gobierno en México, no existe sustento para una extradición. Lo que se intenta hacer es un proceso extraterritorial: castigar en Estados Unidos delitos supuestamente cometidos en nuestro país. Con un agravante: en México esas acusaciones se han ido cayendo una tras otra.
El proceso contra Hernández es sobre todo un juicio político que impulsó la actual administración estatal más de seis años después de que dejara el poder. Hay muchos hechos por lo menos difíciles de explicar: el 6 de noviembre de 2018, Hernández Flores presentó un recurso de revisión contra la orden de extradición que llegó al primer tribunal colegiado en Materia Penal del décimo noveno circuito. Ese tribunal, en lugar de atender en forma inmediata ese recurso se tardo nada más y nada menos que un año y medio en revisarlo y el 8 de junio del año pasado, decidió enviarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que el 21 de julio pasado, lo admitió a revisión.
Han vuelto a pasar nueve meses y el 12 de mayo finalmente el tema será debatido en la primera sala de la Corte que encabeza Margarita Ríos Farjat. Se supone que se negará la extradición pero que el caso se regresará al mismo tribunal colegiado que a su vez lo había enviado a la Corte. Hernández está detenido desde octubre del 2017, las acusaciones se han ido cayendo una tras otra. ¿No sería hora no sólo de negar la extradición sino también de que se fuera al fondo del asunto y se decidiera sobre un proceso que no parece tener más lógica que una venganza política local?.
Mujeres
El reemplazo de Félix Salgado Macedonio puede salir más caro que la propia nominación del senador con licencia. Si es su hija quien lo reemplace, estarían violando los estatutos de Morena, que impide que los familiares hasta cuarto grado de los dirigentes estatales, en esa categoría fue colocado Salgado desde el miércoles pasado, puedan ostentar esos cargos. Ayer se divulgó que el suegro de Evelyn , la hija de Félix, es un empresario, apodado El Abulón, que fue detenido por sus relaciones con el cártel de los Beltrán Leyva. Para más datos lo detuvo Omar García Harfuch durante su paso por la Policía Federal en Guerrero. También se maneja el nombre de Nestora Salgado, la controvertida lideresa de grupos de policía comunitaria presuntamente ligados con el EPR y con grupos criminales. Un poco de sensatez por favor.
