10-05-2021
El viernes el presidente López Obrador, en una mañanera pletórica de excesos declarativos, acusó a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de estar financiada desde el extranjero y sostuvo que ello implicaba una “traición a la patria”.
Las palabras, sobre todo las presidenciales, pesan, no se pueden utilizar a la ligera. Se puede o no estar de acuerdo con los temas que maneja, desde el sexenio anterior, MCCI la institución que encabeza María Amparo Casar, pero definirla como una organización traidora a la patria porque recibe apoyo financiero de alguna fundación extranjera, no tiene sentido. Esa organización hace algo a lo que simplemente tiene derecho: investigar y en su caso difundir casos de corrupción e impunidad ligados a labores o personajes gubernamentales. Puede haber cometido errores o manejado en forma sesgada algunos temas, pero su contribución ha sido notable en otros, como mucho de lo relacionado al caso Odebrecht o a la llamada Estafa Maestra.
Es por lo menos desconcertante que cada vez que alguien critica, no está de acuerdo o devela acciones irregulares de esta administración federal, se lo califique de traidor y parte de una aparentemente cada día más extensa conspiración en la que participan casi todos.
Más allá de eso, que una organización tenga apoyo de fundaciones internacionales no es nada nuevo, la reciben muchas, incluso ligadas a funcionarios del propio gobierno y de Morena. Un caso notable es la fundación filantrópica de Michel Bloomberg. En la Universidad Johns Hopkins, el subsecretario López-Gatell fue asistente investigador del Departamento de Epidemiología, auspiciado por la fundación Bloomberg, al igual que su entonces esposa, Arantxa Colchero Aragonés, quien ahora trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública en México. El INSP recibió entre 2014 y 2018 un total de 74 millones 782 mil pesos de la Fundación Bloomberg
La Dra. Colchero, cuando aún era esposa de López Gatell, encabezó entre 2012 y 2017 el “Proyecto Bloomberg Impuestos-Fighting obesity in Mexico: Supporting the design and evaluation of effective social actions and public policies”, mediante el cual se estudió y se terminó imponiendo la aplicación de un impuesto especial a las bebidas endulzadas y la llamada comida chatarra. La Fundación Bloomberg ha tenido un papel fundamental en ello y en impulsar el etiquetado que se impuso el año pasado en los alimentos y ha donado unos 10 millones de dólares en los últimos ocho años a la organización El Poder del Consumidor, central en esa campaña, y decididamente apoyada en la secretaría de Salud, sobre todo por López Gatell. Todo esto puede ser, lo es, controvertido, pero no veo que sea una traición a la patria.
Veamos otro caso que termina involucrando indirectamente también al Dr. López Gatell y que es bastante más complejo hablando de financiamiento desde el extranjero. La actual pareja del subsecretario es Rebeca Peralta Mariñelarena, una mujer mexico-boliviana, que trabajó con Evo Morales y ahora lo hace en la SEP. Rebeca era también la coordinadora en Bolivia de la consultora Neurona, especialista en manejo de redes, que fue muy influyente en el gobierno de Evo, una empresa que está demandada en España, donde junto con el partido Podemos, está acusada de realizar operaciones consideradas ilegales, triangulando recursos con una sede fantasma en México.
Según la información judicial divulgada en España, el partido Unidas Podemos adjudicó a la empresa mexicana Neurona Consulting para la campaña electoral de abril de 2019, en ese país, un millón 300 dólares, pero unos 400 mil dólares terminaron en una sociedad fantasma, también mexicana, denominada Creative Advice Interactive Group, constituida en agosto de 2015, sin experiencia en la prestación de servicios electorales, sin logística de ningún tipo y radicada en una vivienda particular ubicada en un barrio popular, en el número 4248 de la Avenida Tepeyac, en Guadalajara, Jalisco.
La investigación descubrió que los recursos enviados a Neurona se entregaron antes incluso de que esa empresa se constituyera legalmente en España. La entrega del dinero se decidió en febrero del 2019 y Neurona se constituyó en España en marzo de ese año, tras depositar un capital de tres mil euros y declarar que su objeto social era “realizar toda clase de actividades de inversión mobiliaria”. Detrás de ella se encontraban dos socios: los mexicanos César Hernández Paredes y Andrea Edlin López Hernández. Ambos son consultores electorales en México.
Según la fiscalía española, eso ya se trata de un delito, pero el caso se agrava por el traspaso de los 308 mil euros a la empresa fantasma mexicana Creative Advice Interactive Group. Según la unidad antiblanqueo de dinero de España (equivalente a la UIF en México) “no se han encontrado referencias sobre la actividad” de la empresa Creative y por ende comunicó una alerta al descubrir esta salida de dinero fuera de España. La investigación es por lavado de dinero y malversación de fondos electorales, los que llegaron a la empresa fantasma en México. Neurona ha trabajado con Morena por lo menos en los procesos electorales de 2015 y 2018, no se sabe si lo está haciendo en esta campaña.
Es otro caso de financiamiento externo, quizás se trate de un delito, pero ese delito tampoco es traición a la patria.
