1-06-2021 Sí, la declaratorio de inconstitucionalidad de dos artículos que prohibían el consumo de marihuana es un muy importante avance en las libertades individuales y el derecho de decidir. Pero no nos engañemos: ni se ha liberado el uso lúdico de la marihuana ni tampoco se acabaron los castigos penales por su consumo, mucho menos para su producción, distribución y comercialización. Menos aún, existe atisbo alguno de poder avanzar en lo que resultaría más interesante en todo este tema, que es la capacidad de generar una producción industrial de la marihuana y el cáñamo.
La resolución de la Corte, traducido en unas pocas líneas, lo que hizo fue abrir una puerta, la puerta del autoconsumo y la autoproducción. Eso quiere decir que una persona mayor de edad puede consumir, sin afectar a otros o menores, en espacios cerrados particulares. Pero más importante que eso, esa marihuana que consuma debe ser autoproducida, porque, insistimos, no está permitida ni la producción ni la comercialización, ni la distribución.
La SCJN despenalizó el consumo pero todas esas otras actividades están prohibidas en la Código Penal e incluso el consumo tiene múltiples condicionamientos y penalizaciones. Incluso, con la actual norma la marihuana sigue siendo considerada un psicotrópico.
Se dice que los permisos y la semilla para la autoproducción será entregada por la Cofepris que debe, además, elaborar un reglamento en torno a lo decidido en la Corte. Pero lo que se necesitaría es, por lo menos, una ley y el Congreso no se ha podido poner de acuerdo en estos años para elaborar una ley mínimamente coherente: lo que se aprobó en el senado es diametralmente diferente a lo que aprobaron los diputados. Por eso y por la imposibilidad de compatibilizar ambas iniciativas, fue que el tema regresó a la Suprema Corte, que no es la primera vez que decide en el mismo sentido sin que el congreso avance en una legislación.
Y a todo eso hay que sumarle la política. En Palacio Nacional no están en absoluto conformes con la legalización de la marihuana. Más allá de que haya sectores en Morena que lo apoyen, esa nunca ha sido la agenda del presidente López Obrador y si, además, como sucede, la legalización no goza de las mayores simpatías populares, es evidente que no se hará mucho para tener unas normas claras y transparentes sobre el tema. Cuando el martes el Presidente sostuvo que si la legalización no funcionaba, y si no mejoraba la seguridad, propondría una nueva legislación para enmendar lo resuelto, estaba exhibiendo ese descontento.
Porque, además, seamos absolutamente claros: la despenalización del consumo lúdico de la marihuana puede ser, es, una decisión que va acorde a los tiempos, que amplía el marco de las libertades individuales (y estoy convencido de que es así) pero que nadie diga que ayudará a mejorar la seguridad pública, menos en el esquema actual. El crimen organizado hace ya mucho tiempo que no tiene a la marihuana como eje de sus actividades, pero incluso con el esquema vigente, aumentará el narcomenudeo por la sencilla razón de que al aprobar, con limitaciones, el autoconsumo, pero plantear sólo la posibilidad de autoproducción, y mantener prohibida la producción, comercialización y distribución, lo que ocurrirá es que habrá “productores” ilegales que aprovecharán esa circunstancia para abastecer a quienes quieran consumir.
Lo más incompresible es que, si la decisión es legalizar el consumo lúdico, no se permita establecer cadenas de producción, comercialización y distribución claras. Y que, por ende, no haya, como destacó la ministra Yazmín Esquivel, ninguna utilidad fiscal en todo este proceso. La marihuana se ha legalizado en muchos estados de la Unión Americana y en algunos países por dos razones: derechos individuales y recaudación fiscal. Aquí garantizamos el primero menos que a medias y despreciamos el segundo.
No quisiera ser pesimista, pero si en las autoridades y el congreso no hay voluntad política para establecer una clara y amplia normatividad sobre todo este tema, no sólo estaremos en un pantano legal, sino que más temprano que tarde habrá una notoria marcha atrás.
Fake News
Estoy absolutamente de acuerdo en que el gobierno federal o cualquier institución pública, denuncia lo que considere noticias falsas. Está en su derecho. Pero eso implica explicar porqué lo son, decir que son fake news, por ejemplo, porque las desmintió un funcionario no las hace falsas.
Pero más allá de eso, desmentirlas usando como argumento una catarata de adjetivos descalificativos sobre distintos medios y comunicadores, acusándolos de ser parciales y de estar al servicio de ex gobiernos, es a todas luces un exceso.
Peor aún cuando quien aparece como la voz del desenmascaramiento de las fake news, es una funcionaria pública de comunicación social de la presidencia de la república que además trabaja en La Jornada de Oriente, en Puebla, es pareja de un dirigente y candidato de Morena or el que hace campaña y se declara AMLOVER en sus redes sociales. Todo eso es legítimo, pero cualquiera diría que no se puede presumir de independencia y objetividad, si se manejan simultáneamente las redes de un medio de comunicación, se hace campaña por un partido y al mismo tiempo que se trabaja para la presidencia de la república.
