2-08-2021
Aún sin los números finales de la consulta popular de ayer, ya sabemos los resultados: la pregunta puesta a consideración tiene tan poco sentido que cualquier interpretación del mismo es posible; no se llegará ni remotamente al 40 por ciento de participación; el gobierno federal y Morena dirán que la baja participación, pese al sinsentido de la consulta, es responsabilidad del INE y eso servirá como coartada para la reforma electoral, necesaria pero por otras razones, pretendida y ya anunciada del instituto electoral.
La consulta de ayer no fue sobre el juicio a los ex presidentes. Eso no planteaba la pregunta elaborada por la SCJN. Tampoco sobre la posibilidad de procesar ni a los ex mandatarios ni a ningún otro funcionario: no se puede ni debe consultar si se aplica la ley. Si se considera que alguien la violó debe haber una demanda y si se aportan pruebas y ésta procede, debe iniciarse un proceso.
Todo lo relacionado a esta consulta no deja de ser un ejercicio de propaganda que sirve para muchas cosas pero sobre todo para opacar las graves dificultades que vive el país cuando ya hemos pasado las elecciones intermedias y comenzó la vuelta atrás, la segunda mitad de una administración que está inmersa en multitud de problemas, buena parte de ellos creados por ella misma.
La decisión de promulgar un decreto que aplique una amnistía a delincuentes que cumplan ciertos requisitos, como tener más de 75 años (65 si sufre algún padecimiento grave), no contar con sentencia o “haber sido torturado” es un ejemplo más de esas decisiones que tendrán un costo mucho mayor que sus beneficios.
En realidad, el citado decreto, impulsado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y por el subsecretario, Alejandro Encinas, no tiene nada que ver con la justicia (de la que se aleja peligrosamente) y mucho con la revancha y la ideología.
No se necesita un decreto de amnistía cuando ya se votó una ley al respecto para beneficiar a ciertos delincuentes que cumplan determinadas condiciones. Pero parece que sí se la requiere para cumplir un objetivo político: liberar a criminales que cometieron algunos de los peores crímenes en los pasados sexenios como una forma de cuestionar lo ocurrido en los mismos.
Con el anunciado decreto lo que tendremos será la liberación de secuestradores como los de la banda de los Zodíacos; como los de la banda de los asesinos del hijo de Isabel Miranda; de los integrantes de los Petriciolet, que secuestraron y asesinaron a Fernando Martí; la de los sicarios y narcotraficantes que ejecutaron a los jóvenes de Ayotzinapa, y muchos otros delincuentes que recurren o recurrirán al argumento de la tortura para obtener su libertad.
En México existía y existe, no nos engañemos, la tortura o la violencia de los organismos de seguridad, locales y federales. Ese es un fenómeno del pasado y del presente, que no se erradicará por decreto o simplemente por voluntad política. El problema es que el decirse torturado se ha convertido en un recurso que cada vez menos requiere que sea comprobado por la justicia.
Se dirá que para ello existe una convención internacional sobre la tortura que ha suscrito el gobierno de México desde hace años y que la tortura debe comprobarse con base al protocolo de Estambul. Pero resulta que para que ese protocolo se aplique correctamente deben existir instancias que lo hagan y que sean, para decirlo de alguna forma, neutras, independientes. No las tenemos, y las que hay son extremadamente limitadas, y hoy, simplemente, las declaraciones de los propios delincuentes alcanzan para liberarlos y, paradójicamente, para procesar a quienes los detuvieron.
Un ejemplo: la fiscalía del caso Ayotzinapa, no pudo, mejor dicho no quiso, aplicar el protocolo de Estambul a buena parte de los sicarios, detenidos y confesos, de ese crimen. Un juez, ante la incapacidad de las autoridades de aplicarlo, decidió liberar a esos criminales, muchos de ellos reconvertidos nuevamente en integrantes de bandas criminales y alguno más transformado, repentinamente y pese a pruebas, testimonios y grabaciones en su contra, en testigo protegido estrella de la propia fiscalía especial. Y ni así pueden integrar un caso.
Hay delincuentes a los que sí se les ha aplicado en el pasado ese protocolo y resultó que no habían sido torturados. Pero ahora se dice que como ese protocolo se aplicó en los sexenios pasados, se los quiere desconocer y con su solo testimonio, liberarlos.
Suelen ser los mismos delincuentes que tienen más de diez años presos y están sin condena, pero resulta también que no existe esa condena por dos razones. Primero, porque ello es parte de su estrategia legal, consistente en aplicar un recurso tras otro para no contar con una condena en firme. Y segundo, porque tenemos un sistema que lo permite, un sistema que no tiene límites temporales para hacer justicia.
Y de la misma forma que hay quienes por delitos minúsculos pueden pasar muchos años en prisión sin ser condenados (o estar en prisión, como hoy también sucede, por una decisión política aunque el delito por el que están acusados no lo amerita), hay delincuentes peligrosos, que cometieron delitos muy graves, que, con abogados, recursos y, a veces, apoyos políticos, logran prolongar sus procesos para, como se busca que ocurra ahora, terminar obteniendo su libertad por la puerta trasera.
