9-08-2021
Hizo muy bien el ministro Arturo Zaldívar en adelantar que no aceptaría prolongar su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Hace semanas, dijimos aquí que Zaldívar no sería partidario de esa extensión de mandato y el haber puesto, semanas atrás, el tema a consideración del pleno de la Corte lo confirmaba.
A partir de allí Zaldívar inició un proceso que busca evitar que se siga lastimando al poder judicial, un poder que como sostuvo el lunes pasado no sólo está bajo presión sino al que también muchos actores de poder quieren minar en su independencia. Es lamentable que incluso después de que Zaldívar anunciara su decisión, el presidente López Obrador siguiera denigrando a ministros y jueces, acusándolos de corruptos, “salvo unas pocas excepciones”, lastimando a uno de los poderes de la nación y tratando de intervenir en sus atribuciones.
Por supuesto que en el poder judicial hay corrupción, como la hay en el ejecutivo y en el legislativo, en el oficialismo y en la oposición, pero descalificar a todo el poder judicial es una forma de desconocer y minimizar su independencia y su legitimidad, sobre todo porque, como también anunció Zaldívar en su intervención del 2 de agosto, en las próximas semanas vienen decisiones trascendentales en la Corte que determinarán la constitucionalidad o no de muchas decisiones tomadas por el gobierno federal y aprobadas por su mayoría legislativa. Al tiempo que debe comenzar la propia reforma del poder judicial que tendrá su eje operativo en el Consejo de la Judicatura.
Y, simultáneamente, se debe atender la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El TEPJF es autónomo y estrictamente no depende de la Suprema Corte, pero el peso y la influencia de la Corte en general y del propio Zaldívar en particular, sobre todo con algunos ministros del Tribunal, es innegable. No veo otra instancia que pueda mediar en la resolución de esa crisis. No puede hacerlo el ejecutivo porque se ha cansado de intervenir en temas electorales y descalificado a todos los integrantes del Tribunal: para el presidente López Obrador la solución es “que se vayan todos”. El senado podría ser esainstancia, pero desde el momento en que Ricardo Monreal pidió la reintegración en sus funciones de José Luis Vargas, creo que perdió esa oportunidad, porque no se ve que los cinco ministros que impulsaron la destitución de Vargasestén decididos a dar marcha atrás. El propio Vargas pidió que el tema sea atraído por la Corte para decidir la legalidad de esa medida.
Todo puede ocurrir, porque en este tema existe un vacío legal que hace que cualquier interpretación sea posible, pero lo cierto es que de lo que estamos hablando es de política y la crisis del Tribunal debe tener una salida política. No me imagino una salida diferente a que Vargas deje la presidencia, si se quiere en forma voluntaria, y que los ministros designen una nueva cabeza en el Tribunal. No se puede seguir fungiendo como presidente sin el respaldo mínimo de los propios ministros. De otra forma ni Vargas podría defenderse de las acusaciones y el rechazo de los demás ministros, ni el propio Tribunal tendría legitimidad para resolver la enorme cantidad de casos que devienen del proceso electoral de junio y que están en sus manos, decisiones que pueden cambiar, incluso dramáticamente,algunas elecciones, sobre todo en las gubernaturas impugnadas y reconfigurar espacios legislativos importantes, incluyendo el registro o no de algunos partidos.
Y para eso al Tribunal le quedan menos de tres semanas. En su situación actual no puede decidir nada y cualquier cosa que haga estará teñida no sólo de ilegitimidad sino también de ilegalidad. Esa crisis debe ser resuelta a la brevedad. Y el único espacio de negociación viable y real para la crisis del TEPJF hoy pasa por la Suprema Corte.
Exponer al Presidente
Lo ocurrido la semana pasada cuando el presidente López Obrador, para descalificar al magistrado Reyes Rodríguez, exhibió en la mañanera un texto insultándolo, supuestamente subido a Twitter por quien horas antes había sido elegido presidente del Tribunal Electoral, es una demostración de la forma en que sus operadores de medios tergiversan la realidad, le proporcionan al Presidente información sesgada o falsa y envenenan la vida política y la relación del ejecutivo con muchos actores, y sobre todo con los medios y los comunicadores.
El tuit agraviando al presidente era públicamente falso, y eso estaba aclarado por el propio Reyes Rodríguez, incluso con una denuncia ante la FGR, desde meses atrás. Fue su equipo de medios, el equipo que encabeza Jesús Ramírez, el que le hizo llegar ese tuit al Presidente, que lo exhibió en plena mañanera. Cuando muy poco después se verificó que el tuit era falso y que existía una denuncia al respecto, no hubo, nunca lo hay, disculpa alguna. Tampoco sanción a los funcionarios involucrados en tamaño desatino. Son los mismos que lo envenenan con supuestas fake news y conspiraciones, y que ahora ya no sólo califican la veracidad de la información sino su intencionalidad. Así dicen que cuidan, también en eso, al Presidente.
