24-09-2021 El gobierno federal y Morena pueden cometer un error histórico que podría ser mucho más costoso de lo que piensan, para ellos y para el país. La insistencia en la indagatoria contra 31 investigadores científicos de primer nivel impulsada por el Conacyt y encabezada por la Fiscalía General de la República, es un sinsentido, un acto incomprensible, sobre todo después de que jueces e incluso la Suprema Corte habían desechado las acusaciones, es un golpe directo contra muchos de los principales representantes de la investigación científica en el país, ampliado por la desmesura de acusarlos de crimen organizado, algo que, como dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue, “es un despropósito inconcebible”.
La directora del Conacyt, María Elena Alvarez-Buylla, que ya antes quitó becas y apoyos, negó ayer que persiguiera a alguien, y sostuvo que no había acusado a ningún investigador. Es mentira. La denuncia contra los 31 investigadores fue presentada por la apoderada legal del Conacyt, Rosenda Cruz, en julio del 2020 y la propia Álvarez Buylla, declaró entonces que Julia Tagüeña, anterior directora adjunta del Conacyt durante el sexenio pasado, había destinado ilegalmente 50 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, integrado por los investigadores y académicos ahora acusados.
Sobre el tema ya se había pronunciado la Suprema Corte, que declaró que esos recursos provenían de dos fondos federales y se utilizaron para actividades legítimas. Que se insista en la acusaciones después de que judicialmente han sido rechazadas por lo menos en dos ocasiones no tiene sentido alguno.
Pero en el colmo del despropósito, ahora la bancada de Morena en voz nada menos que del senador Armando Guadiana, uno de los grandes beneficiarios de la decisión de utilizar carbón para generar energía (a sus empresas se le han adjudicado muchos contratos a través de la CFE) propone que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue a las universidades públicas y en primer lugar a la UNAM, por el uso de dinero “por parte de falsos investigadores” que lo “despilfarran” haciendo “turismo internacional”. Otros senadores del grupo parlamentario lo apoyaron.
Cuando la declaración de Guadiana se convertía en un escándalo, el líder de Morena en el senado, Ricardo Monreal, que sí entiendió la gravedad de lo que se estaba proponiendo, se apresuró a declarar que él no avalaba lo dicho por Guadiana.
Pero el tema ya estaba sobre la mesa: los duros de la 4T, con personajes como Alvarez Buylla, han decidido ir contra el mundo científico y cultural “neoliberal” amparados en la búsqueda de una ciencia nacionalista, ligada supuestamente a los pobres y a los pueblos originarios. No entienden que sin ciencia y tecnología (y estas no tienen banderas políticas, son ciencias duras), sin una relación de la investigación científica con la iniciativa privada y sin inversiones tanto de la IP como del Estado, el país estará condenado al fracaso.
Pero intentar atropellar a la UNAM y su autonomía es quizás el clímax de esa política trasnochada. Son muchos los gobiernos que tropezaron con la UNAM en la segunda mitad de sus administraciones y terminaron envueltos en una crisis con alto costo para la universidad y para el gobierno.
Dejemos de lado el 68, porque es producto de otra era política, pero recordemos el movimiento del CEU al final del gobierno de Miguel de la Madrid, cuando el rector Carpizo quiso realizar una reforma de la Universidad Nacional que en algunos puntos podría ser discutible pero que en muchos otro era de gran alcance y urgencia para la alta casa de estudio. De ese movimiento surgieron buena parte de los cuadros que crearon el movimiento cardenista, el PRD y ahora Morena. La propia Claudia Sheinbuam era uno de esos activistas estudiantiles, pareja entonces de uno de los principales dirigentes del CEU, Carlos Imaz.
Años después, durante la administración Zedillo, el rector Barnés impulsó otra reforma que topó no con la comunidad estudiantil, como había sucedido en el sexenio de De la Madrid, sino con una corriente ultra, sin peso en la comunidad, pero que, sin embargo, tuvo secuestrada y bloqueada a la Universidad Nacional durante casi un año, hasta que fueron desalojados. El movimiento de 1987 y la huelga de 1999 fueron determinantes en la percepción de la ciudadanía y en los resultados electorales del año siguiente.
Chocar ahora con la UNAM, perseguirla, atacar a sus investigadores y científicos sería suicida para Morena, y sobre todo para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, porque ella misma es producto absolutamente unamita y de una política educativa global: es una física, investigadora reconocida, y pudo estudiar en el exterior gracias a ese sistema. Durante cuatro años fue becada por la UNAM en California, para realizar trabajo de investigación para su doctorado en el muy prestigiado Lawrence Berkeley Laboratory. Nuestro embajador en la ONU, Juan Ramón de la Fuente fue un poderoso rector de la UNAM, que consolidó el sistema de investigadores y las becas universitarias. Hay muchos más, pero sería clave que Claudia y Juan Ramón, por su origen y peso político, sentaran posición y pidieran con claridad que se acabe con estos despropósitos que tanto daño pueden hacerle al país y a su propio futuro.
