5-10-2021 La contra reforma energética no tendría ni cómo ni porqué salir adelante en el congreso, ni en diputados ni en el senado. El oficialismo está lejos de tener los votos como para sacarla, salvo que el PRI, borrando con el codo lo que escribió con la mano, decida apoyarla. Puede haber quienes en el tricolor quieran asegurar su futuro olvidando su pasado reciente, pero no creo que pueda ser una posición mayoritaria. Los propios estatutos priistas prohibirían a los integrantes de ese partido votar a favor de la contra reforma, pero esa no deja de ser una posibilidad que no se puede desechar.
Pero más allá de las especulaciones partidarias, la contra reforma no sólo no tiene sentido económico, sino que resultaría, si es aprobada, en una verdadera catástrofe para nuestra economía. En los hechos no sólo da marcha atrás a las normas constitucionales aprobadas el sexenio pasado sino también a cambios que se habían dado en el sector desde principios de los años 90. Prácticamente regresa el esquema energético a 1972.
Los resultados inmediatos serían tangibles: se perderían 81 mil millones de dólares en inversiones ya realizadas, otros 24 mil millones de dólares de inversiones planeadas para los próximos años. Los principales despachos de abogados estiman que las demandas, sobre todo de grandes empresas internacionales, pueden elevar el costo de cancelar la reforma del sexenio pasado en 200 mil millones de dólares. Ya hay grandes empresas que han contratado despachos dentro y fuera del país para estar listos y litigar en cuento se apruebe la nueva norma legal. La cancelación del aeropuerto de Texcoco o de la planta cervecera en Mexicali, serán un juego de niños en comparación con el tsunami económico que la cancelación de las fuentes de energía privadas puede generar.
Para empezar y más allá de la ola de imputaciones, el dato duro es que la CFE no está en condiciones de abastecer la demanda actual, no hablemos de la futura. Ni la empresa ni el gobierno federal están en condiciones de realizar las inversiones que se requieren para reemplazar a los actuales productores privados o incluso de pagar por algunas de las plantas que éstos ya tienen operando.
Para las empresas que se encargan de su propia generación de energía sería catastrófico por el aumento notable de costos. Tampoco tenemos el gas suficiente: hoy lo importamos en un alto porcentaje de Texas a pesar de contar con grandes depósitos, sobre todo de nuestro lado de la frontera con ese estado de la Unión Americana, en la Cuenca de Burgos en Tamaulipas. El abasto de gas del país alcanza para tres días, si por alguna razón las empresas texanas cortan el flujo simplemente no tenemos con qué reemplazarlo.
No tenemos suficiente gas porque a inicios de esta administración el presidente López Obrador, con esta contra reforma en mente, rechazó los proyectos que habían elaborado con grandes empresarios mexicanos algunos de sus más estrechos colaboradores para explotar nuestras reservas y construir una red de conductos que alimentaran a todo el país, con inversiones de miles de millones de dólares, en una asociación de empresas mexicanas con el Estado. No sólo fue rechazado, sino que los gasoductos existentes no se continuaron ampliando y para evitar comprar gas a privados, la CFE reconfiguró muchas de sus plantas para que funcionaran con carbón y combustóleo.
Estas decisiones no sólo violan el derecho de muchos inversionistas nacionales y extranjeros sino que violan también los convenios internacionales, sobre todo tres: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, sin duda el más sensible; el tratado comercial con la Unión Europea, cuando muchas empresas europeas son de las principales inversionistas sobre todo para la generación de energías limpias; y finalmente violan también el Acuerdo de París sobre medio ambiente. Sólo esas tres vulneraciones legales en el ámbito internacional terminarían siendo de un costo altísimo para cualquier gobierno.
Si la contra reforma no es viable ni energética ni económicamente, ¿porqué se la impulsa ahora en la segunda mitad del sexenio y cuando la mayoría legislativa de la administración López Obrador ha disminuido en forma importante?. Creo que las razones son políticas e ideológicas y sirven para definir el futuro de la administración: el presidente López Obrador quiere saber desde ya con quienes cuenta y con quienes no para saber hasta dónde puede avanzar en esta segunda mitad y cuando, en los hechos, ha comenzado ya el activismo para la campaña electoral de 2024.
Si la contrareforma energética pasa a pesar de todos estos obstáculos, si las fuerzas de la oposición, los empresarios, si los compromisos internacionales no son capaces de frenar este intento, querrá decir que no existirán ya límites para la 4T y sus objetivos políticos de largo plazo. Si se logra poner un freno, tendrá ya planteado el terreno para los comicios federales del 2024, y lo harán deshaciéndose de los sectores moderados que le dan aún apoyo a la administración López Obrador, pero que no están de acuerdo con este tipo de reformas y de objetivos. Ese es el juego que está detrás de la contra reforma y lo que senadores y diputados, del oficialismo y la oposición, deberían comprender.
