13-10-2021 No parece ser una casualidad que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, no haya aparecido ni en una sola ocasión para defender la reforma energética que impulsan Rocío Nahle y Manuel Bartlett, secretaria de Energía y director de la CFE, respectivamente.
Y no es casualidad por dos razones: primero, porque desde antes de que fuera confirmado, Ramírez de la O dejó trascender que una de las condiciones para aceptar el cargo era que le dejaran controlar el sector energético, porque con políticas sectoriales que estuvieran fuera del control de Hacienda, simplemente no se podrían cuadrar las cuentas. Hoy el control del secretario sobre el sector energético parece ser nulo. Y lo segundo es lo que estamos percibiendo ahora: si se aprueba la reforma eléctrica, las finanzas nacionales se tornarán inviables, por lo menos en los parámetros que se proponen en el paquete económico para el 2022 y para el futuro.
Ayer se anunció que la Inversión Extranjera Directa cayó un 27 por ciento en este 2021 respecto al 2020, y que de 22 mil millones de dólares pasó a nueve mil millones. El turismo, en agosto, cayó un 18.1 por ciento y la captación de divisas por ese concepto un 19.9 por ciento. Vivimos cada vez más de las remesas, que superan los 45 mil millones de dólares.
Las empresas energéticas no están ni se quedarán de brazos cruzados ante el intento expropiatorio: la Cámara de Comercio de Canadá ya expresó que la iniciativa viola el TMEC y que “destruirá” las inversiones de ese país en México. Distintas instancias empresariales estadounidenses y europeas han expresado lo mismo. Las inversiones directas ya realizadas en el sector por empresas privadas internacionales superan los 44 mil millones de dólares, y fuentes cercanas a los principales despachos de abogados internacionales estiman que de aprobarse la ley en sus actuales términos las demandas llegarían hasta los 200 mil millones de dólares.
No es verdad como dice Rocío Nahle que no se expropiará ni un tornillo: la iniciativa es muy clara, se cancelarán los contratos privados. En otras palabras, cualquiera, desde la gran empresa privada que autogenera energía, hasta el simple consumidor que instaló paneles solares en su casa, tendrán los contratos cancelados.
El esquema propuesto por la iniciativa deja a la energía eólica y solar, que es donde mayores inversiones se han realizado, en el último lugar de utilización por la CFE, que además se queda también con la Comisión Nacional de Control de Energía, el organismo hasta ahora autónomo que controlaba el tráfico energético del país. La energía eólica y solar de productores privados es la más barata que existe en el mercado y la más verde. Y queda absolutamente desplazada. A la CFE le cuesta 4.9 veces más producir energía que al sector privado.
Las promesas de que no aumentarán los precios de la energía o del gas, simplemente no se pueden cumplir y su equilibrio deviene, simplemente, de un incremento cada vez mayor de los subsidios. El paro de los gaseros, más allá de intereses particulares, es producto de ello. El precio del gas, como de cualquier otro energético, lo fija el mercado y ese mercado es global, no nacional: de la misma forma que el precio del crudo estaba casi en ceros hace algunos meses y hoy ronda los 80 dólares por barril, el gas y otros energéticos también tienen oscilaciones de acuerdo a las exigencias del mercado.
Los precios controlados, que fueron la norma de los gobiernos de Echeverría y López Portillo demostraron con las crisis que sufrimos entonces, el altísimo costo que ello tiene para la economía. La ley eléctrica quiere revivirlos y para hacerlo se vale, por una parte, de los subsidios, y por la otra buscará estrangular los precios de los productores que acepten seguir aprovisionando a la CFE, que serán relativamente pocos si las condiciones son tan poco favorables (salvo que se termine imponiendo, una vez más, la corrupción). La consecuencia será un costo mayor de la energía en empresas y hogares y un abastecimiento cada día menor.
Y eso lo tiene que saber Ramírez de la O, cuya principal encomienda al asumir el cargo fue mantener finanzas públicas sanas y atraer inversiones para la economía nacional: su larga y fructífera carrera con grandes empresas de Estados Unidos era, además, su ventaja en ese sentido. Pero lo cierto es que con una caída de las inversiones privadas y sobre todo extranjeras, sin inversión pública, con los límites que la realidad le impone a la recaudación fiscal e incluso a las cacareadas medidas de austeridad, políticas como las planteadas por la reforma eléctrica no son viables. No en vano el FMI, apenas el lunes, sugirió a México posponer la refinería de Dos Bocas y atraer inversión privada en electricidad y petróleo para quitar presión a las finanzas públicas y bajar los precios de la energía. Exactamente lo contrario de lo que se propone el gobierno federal.
La ideología muchas veces nubla el entendimiento y la simplificación de problemáticas tan difíciles de aprehender como el funcionamiento de los mercados globales lleva a buscar soluciones simples (para colmo ya fracasadas) para desafíos muy complejos. Así se hace de aprendiz de brujo: se liberan fuerzas que luego no se pueden controlar.
