20.10.2021
El paquete fiscal que se debería aprobar hoy en la cámara de diputados es de enorme amplitud, pero en el ámbito fiscal tiene un solo objetivo: recaudar en la menor cantidad de tiempo, la mayor cantidad posible, para financiar un presupuesto de gastos mal priorizado y financiado, todo enmarcado en una lógica de rectoría del Estado mal entendida, que se convierte en los hechos, en un gobierno cada vez más concentrador de actividades, que ahorca inversiones y consumo.
No se entiende, o no se quiere entender, que con estas políticas recaudatorias (más allá de castigar, que vaya que los hay, los muchos excesos cometidos en el pasado)simplemente están concentrando baterías en los mismos sectores de siempre, provocando que simplemente se sequen esas fuentes: nadie trabaja o invierte para que el fisco se lleve cada vez una parte mayor de su esfuerzo: ¿por qué invertir en México pagando el 45 por ciento de ISR cuando en Estados Unidos es el 20 por ciento?. Hay ventajas diferenciales, pero cada vez menos. Eso es lo que está ocurriendo, incluso recurriendo a formas confiscatorias, como con la iniciativa de reforma eléctrica o conmecanismos que simplemente siguen recargando sobre las exiguas clases medias un peso fiscal cada vez mayor.
Hace ya varios años, el presidente de Brasil, Luis InacioLula Da Silva, que sigo pensando que fue el presidente deizquierda más exitoso que ha tenido América latina en muchas décadas, me decía que su objetivo, que en buena medida logró, era sacar a la mayor cantidad de gente de la pobreza, pero que para eso necesitaba generar riqueza: privatizó muchas actividades incluyendo en primer lugar las energéticas, asociando a Petrobras con muchas empresas privadas, nacionales o extranjeras; empoderó a muchos sectores productivos locales (incluyendo a empresas como Odebrecht, que más allá de las malas prácticas que realizó, no podemos olvidar que se convirtió en un enorme conglomerado empresarial global); aprovechó el aumento del precio de las materias primas para incrementar los ingresos. Lula me decía, en el marco de una conferencia realizada en Brasil poco después de que dejara el gobierno,que cuando más se invirtiera en su país (y las inversiones alcanzaron cifras altísimas), más podría recaudar y más dinero tendría para sus programas sociales.
Más allá de las vicisitudes políticas, y de los errores cometidos por su sucesora, Dilma Rousseff; de una lógica de judicialización de la política que estamos tentados a ejecutar en México sin comprender, como ocurrió en Brasil, que el llamado gobierno de los jueces, termina destrozando a la toda la clase política, a la empresarial y a la gobernabilidad, hasta llevar al poder a un incompetente de ultraderecha como Jair Bolsonaro; más allá de todo eso, aquella política de Lula, (que puede volver a ganar las elecciones del próximo año en Brasil), pusieron a su país en los primeros lugares del mundo económico. Para lograr inversiones, Lula se reunía los mismo con Angela Merkel que con los Castro, con Obama y con Putin, con Fox y con Calderón, pero sobre todo con los empresarios nacionales, y siempre lo hizo desde una lógica de apertura económica en muchos sectores. Y así redujo en forma notable la pobreza, sobre todo la extrema.
La administración López Obrador está tomando el camino inverso, el de las viejas izquierdas nacionalistas de los años 60, reflejo de un mundo bipolar que ya no existe, por eso quiere volver al modelo de López Mateos. La reforma eléctrica es una clara demostración de ello: es confiscatoria y, como lo explicó con todas las letras el director de la CFE, Manuel Bartlett, expropiatoria: cancelaría todos los contratos realizados por privados sin indemnización y en forma retroactiva, como lo especifica un artículo transitorio incluido en la iniciativa de reforma constitucional.
Olvidemos por un momento, el desatino enorme que esa reforma implica en términos energéticos para el país. Concentrémonos por ejemplo en el tema hacendario: las pérdidas de la CFE son millonarias, pero qué pasará cuando tenga que realizar las inversiones necesarias para reemplazar al sector privado que hoy genera buena parte del consumo;cuánto tardará en hacerlo; qué empresa privada de prestigio se asociará con la CFE (o con cualquier sector del gobierno mexicano) cuando se confiscan con la mano en la cintura unos 44 mil millones de dólares de inversiones. Más aún, cuánto perderá el Estado mexicano en términos de recaudación fiscal con una política que restringe cada día más las inversiones, sobre todo en la energía eólica y solar, que son las energías del presente y el futuro (que no son las hidroeléctricas, mucho menos la utilización masiva de carbón y combustóleo). Y lo mismo ocurre en muchos otros sectores. ¿Por qué alguien va a invertir en comprar un automóvil nuevo (o montar una planta) si pagando dos mil 500 pesos puede legalizar un coche chocolate, vendido del otro lado de la frontera como chatarra?.
Como me decía Lula, si no hay inversión no se recauda y tampoco hay recursos frescos para sacar a la gente de la pobreza. Para ello se necesita inversión y que la gente pueda consumir más, y por ende que los empresarios, no el Estado, puedan ofrecer mayores servicios y productos. No es una visión de derecha o de izquierda, es simplemente una realidad. En México estamos haciendo lo inverso, por eso ha aumentado la recaudación pero no crece la economía, mientras se ahorca a los causantes cautivos financiado a un Estado que quiere reemplazar al sector productivo, cuando literalmente no puede, ni nunca podrá, hacerlo.
