27.10.2021
No recuerdo una racha tan mala para la administración López Obrador como la que está viviendo en estas últimas semanas. Una racha que en ocasiones no está en sus manos controlar, pero que en varios capítulos es de su exclusiva responsabilidad, consecuencia de una creciente incontinencia verbal presidencial, pero también de una operación política que brilla por su ausencia.
Son muchos los temas, pero quizás ninguna declaración presidencial haya sido tan desafortunada como la que hizo en la Montaña de Guerrero, sobre la venta de mujeres y niñas, una práctica que han sufrido ocho de cada diez mujeres en la región, una práctica brutal que al ser minimizada por la declaración presidencial adquiere legitimidad para quienes la ejercen y practican a costa de los derechos más elementales de las niñas y mujeres.
Terrible también su declaración sobre la UNAM que no ha logrado apoyo más que entre sus seguidores más incondicionales y que ha terminado generando costos incluso para los integrantes de su equipo, como Juan Ramón de la Fuente y Claudia Sheimbaum, quienes bien podrían haber llevado a rectificar al Presidente. El único que se desmarcó de esa trampa autoimpuesta fue el líder del Senado, Ricardo Monreal, los demás callaron o cuando hablaron demostraron que mejor deberían haberse callado. Lamentable.
Pero la lista de contratiempos continúo con una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que rompió con el esquema perverso en el que se basaron muchas de las investigaciones que ha realizado esta administración: la prisión preventiva oficiosa para delitos económicos y fiscales. La Corte la declaró inconstitucional y violatoria de la presunción de inocencia y ello se deberá extender en los próximos días a la práctica, también perniciosa y violatoria de derechos, de acusar a quienes presuntamente cometieron esos delitos, de delincuencia organizada y de esa forma mantener en la cárcel a personas a las que no se le ha podido comprobar un delito, incluso cuando son acusadas de presuntos delitos que le permitirían seguir su proceso en libertad, como ocurre con Rosario Robles y Jorge Luis Lavalle, que tienen en Emilio Lozoya el inexplicable contrapunto de alguien que, con delitos comprobados y comprobables, puede afrontar su causa en libertad e incluso mintiéndole a sus jueces.
La decisión de la Corte, como fue la del aborto, es un notable ejercicio de autonomía y jurisprudencia en favor de las libertades y los derechos ciudadanos.
Mientras tanto la economía no va bien. Y no se podrá recuperar mientras no se garantice la seguridad jurídica de las inversiones. Uno de los costos más altos de la iniciativa de contra reforma eléctrica es la cancelación de inversiones privadas, sobre todo en el terreno energético, uno de los sectores potencialmente más importantes para la economía nacional. Una economía nacional que decreció el mes pasado (en plena reactivación económica mundial y cuando el precio del petróleo oscila en los 80 dólares por barril) un 1.6 por ciento y que a una semana de la cumbre ambiental de Glasgow sigue apostando a los combustibles fósiles y dejando de lado las energías eólica y solar.
La economía depende hoy casi exclusivamente de las exportaciones a los Estados Unidos, pese a la escasez de algunos productos, y de las remesas, las más altas de la historia. Otro componente clave, el turismo, se encuentra en riesgo por la inseguridad. Hechos como el asesinato de dos turistas extranjeras en Tulum pueden acabar no sólo con ese paraíso turístico, sino también con los recursos que esa actividad genera.
La inseguridad sigue siendo una norma, con situaciones gravísimas como las vividas este fin de semana no sólo en Tulum, sino también en Matamoros, en Sinaloa, en Tijuana, en Chihuahua y otros lugares del país. La presencia de los grupos criminales mexicanos, según la ONU, abarca ya cuatro continentes y las políticas de contención lo único que logran es empoderar a esos mismos grupos criminales, que ahora, también, entre muchas otras actividades, se han apropiado del tráfico de migrantes.
La nueva caravana que inició en Chiapas y se dirige al norte del país es un desafío al gobierno estadounidense pero también a nuestra seguridad nacional. En un momento especialmente delicado para la administración Biden esa caravana será tomada tanto por demócratas como republicanos como una provocación. Y así responderán.
Y en medio de todo esto, no hay operación. El Presidente habla todos los días de todo y de todos, pero sus funcionarios no aparecen. Luego de un inicio muy prometedor, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López no ha aparecido; el de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O tampoco ni siquiera ante el debate del paquete económico 2022; en el ámbito de la seguridad se ofrecen más datos controvertidos que certidumbres; para la cumbre climática no tenemos una agenda definida; López Obradorinaugurará la presidencia de México en el Consejo de Seguridad de la ONU con un discurso, ha dicho el propio presidente, contra la corrupción, cuando el tema no está en la agenda del Consejo y cuando México es uno de los países peor evaluados en términos de corrupción en la OCDE. Y en medio de todo esto se nos dice que nuestro modelo como país es Dinamarca.
