3.01.2022
Para el presidente López Obrador el 2021 fue un buen año y el que comienza será mejor. Es difícil estar de acuerdo con el mandatario: el año que concluyó ha sido durísimo para muchas familias mexicanas y difícilmente el que inicia tendrá una mejora notable. Ni la economía, ni la seguridad, ni la política, obviamente tampoco la salud han tenido un buen 2021.
Es verdad que todo podría estar peor, pero el margen para corregir el desempeño nacional es escaso. En todos los grandes capítulos hay que realizar cambios de forma y de fondo. Comencemos por el más evidente: la seguridad. Concluyó diciembre con dos mil 274 asesinatos, el año concluye con más de 30 mil y supera en lo que va del sexenio en mucho a los cien mil, muy por encima de los números de los gobiernos de Calderón o Peña Nieto.
La violencia se expresa no sólo en esos números sino en la brutalidad con la que son cometidos los crímenes. Se podrá decir en la mañanera que ya no hay masacres, pero en lo que va del sexenio se contabilizan ya 454 masacres en todo el país, una cada tres días. Algunos delitos han disminuido, otros han aumentado, hay zonas del países en las que la seguridad pública ha mejorado, pero muchas otras han caído en abismos insondables. La cifra proporcionada por el comando norte de la Defensa estadounidense estimando que cerca del 35 por ciento del territorio nacional no está bajo control de las autoridades sigue siendo un dato duro de nuestra realidad cotidiana.
Es verdad que ha habido avances en algunos ámbitos, sobre todo en el de decomisos de ciertas drogas, pero ello podría interpretarse también como la consecuencia del creciente poderío y capacidad de operación de muchos grupos criminales.
La Guardia Nacional es una institución que funciona y a la que hay que darle tiempo y espacio para hacerlo, pero no deja de ser un instrumento que debe ser utilizado en el marco de una estrategia diferente, donde el golpe a la redes criminales y la detención de sus principales jefes y operadores resulta imprescindible, incluso en el contexto de la relación con los Estados Unidos.
La seguridad jurídica y el combate a la impunidad van de la mano con ello. No hay inversiones suficientes porque no existe la seguridad jurídica imprescindible para ello. Propuestas como la reforma eléctrica abonan todos los días a vulnerarla. El ambiente necesario para garantizar las inversiones se diluye y resulta evidente que muchas grandes empresas, nacionales y extranjeras están esperando el cambio de sexenio para decidirlas. Estados Unidos está implementando el plan de infraestructura más grande de su historia, que incluye una profunda revisión de su estrategia energética. Salvo aspectos muy particulares nada hemos hecho para ser parte de esos programas, y en el terreno energético en realidad vamos en sentido contrario.
La popularidad presidencial es real, tanto como lo es la insatisfacción con muchas de sus políticas concretas. Esa distancia entre la popularidad del presidente López Obrador respecto a sus estrategias y políticas, será uno de los principales desafíos para este 2022. Y ello se refleja sobre todo en dos fenómenos entrelazados: la sucesión presidencial adelantada y la lucha interna dentro del gobierno.
La paradoja de contar con una administración híper centralizada donde todo pasa por Palacio Nacional tiene su contraparte en un equipo de gobierno donde los enfrentamientos son cotidianos, los golpes bajos ya ni siquiera se disimulan y muchos funcionarios ya están actuando con base a sus expectativas para el 2024 cuando aún faltan dos años para esas decisiones. Se podrá argumentar que las oposiciones no lucen en sus luchas internas mucho mejor, pero la verdad es que muchos de sus conflictos resultan intrascendentes ante los que se viven en el oficialismo.
La polarización será otra de las marcas del 2022. La confrontación que se ha dado en torno a la inútil (en términos institucionales) consulta de revocación lo confirma. Nadie la necesita ni la reclama, salvo el propio oficialismo como parte de su lógica de una campaña permanente que distrae el debate de los grandes temas nacionales, desde la inflación hasta la inseguridad. Y para ello la polarización se transforma en una exigencia que no puede soslayarse. Con un agravante: Palacio Nacional se ha quedado, para muchos sectores, sin interlocutores válidos. Estos son cada día más escasos y en el ambiente de disputa interna y centralización excesiva, los pocos que quedan apenas y si se atreven a serlo.
Este será un año electoral donde en principio habrá pocas sorpresas ante una oposición que sigue mostrándose poco articulada y con liderazgos endebles. De los seis comicios estatales, las encuestas indican que sólo en dos la oposición podrá ser realmente competitiva. Por supuesto, faltan seis meses y pueden pasar muchas cosas, pero eso es lo que se vislumbra al día de hoy.
Lo que viene en 2022 en el ámbito de la justicia será definitivo. Este año concluye la gestión de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte y para nadie es una sorpresa decir que vendrá una disputa interna intensa para su reemplazo. La SCJN es una institución sólida y no se debería permitir que ese proceso natural la deslegitimara. Como está sucediendo con el INE, que deberá luchar este 2022, literalmente, por su supervivencia.
En este escenario tan complejo se necesitan muchas cosas, se deben realizar muchos esfuerzos. Lo que no se necesita es absoluto es que algún alcalde inútil inaugure estatuas a un presidente que está a la mitad de su mandato.
