11.02.2022 En noviembre del 2011, poco después de que se develara la existencia del fracasado operativo Rápido y Furioso, organizado por agentes de la ATF (la agencia de control de armas y explosivos), la DEA y el FBI para hacer ingresar unas dos mil armas ilegales a México, para así rastrearlas y dar con los delincuentes que las utilizaban comenzamos a investigar esos operativos. Obviamente esas agencias le perdieron el rastro a las armas y en 2011 el caso estalló cuando se descubrió que una de ellas había sido utilizada para asesinar en San Luis Potosí al agen de inmigración y aduanas Jaime Zapata en febrero de ese año.
En noviembre del 2011 en este espacio publicamos que “cuando el agente John Dodson de la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF por sus siglas en inglés, puso al descubierto hace poco menos de un año el operativo Rápido y Furioso, mediante el cual entraron unas dos mil armas de alto poder a México con el beneplácito de esa misma agencia desde su base de operaciones en Phoenix, se estaba exhibiendo una operación, que pese a todos los intentos realizados hasta ahora para acotarla, de la que conocemos apenas la punta del iceberg, los datos elementales de algo que trasciende las malas políticas de seguridad y que se adentra en la corrupción y los intentos desestabilizadores.
“¿Por qué antes no había los grados de violencia que observamos hoy en México?, nos preguntábamos entonces. Por varias razones, pero dos son determinantes: por una parte, por la ruptura de las estructuras de los cárteles y los enfrentamientos que comenzaron a darse entre ellos a partir del 2004, pero esas divisiones, que siempre existieron, alcanzaron un nivel inédito de violencia porque desde ese mismo año, la administración Bush derogó la ley de armas de asalto, que prohibía la venta pública de ese tipo de armamento, una ley de la época de Clinton. Con ese armamento los grupos criminales comenzaron una feroz lucha por controlar sus territorios y se sintieron, además, con capacidad de desafiar al propio Estado, sobre todo en el ámbito local, porque muy rápidamente comprendieron que podían equiparse con más y mejor armamento que las policías locales.
“Ahora sabemos que desde el 2006 y durante todo el 2007 la propia administración Bush, a través de la misma ATF y de la misma oficina en Phoenix, autorizó la primera entrada masiva de armas a México, unas 600, con el beneplácito de las autoridades. La operación se llamó Receptor Abierto, y fue instrumentada exactamente cuando se estaba agudizando la violencia en México y cuando la administración Calderón había comenzado la ofensiva contra los cárteles. No deja de ser por lo menos asombroso que simultáneamente con ello, en lugar de buscar debilitar a los cárteles y cuando la mayoría de los grandes capos que estaban detenidos en México habían sido enviados, en enero del 2007, a Estados Unidos, se hubiera decidido enviar cientos de armas de asalto a los grupos de criminales… con el operativo Receptor Abierto se perdió el rastro de esas armas, no hubo ni un detenido entre los vendedores y los compradores, ni tampoco algún oficial responsable de ese fracaso.
“Pero todo resulta aún más sospechoso porque inmediatamente después de que asume a la presidencia Barack Obama se vuelve a repetir desde la misma oficina y con parte de los mismos oficiales de la ATF (asociados con los de la DEA y el FBI) la misma operación, sólo que ahora con otro nombre, Rápido y Furioso. Ahora sabemos que en esta nueva etapa se introdujeron hasta diciembre del 2010 dos mil armas, y que el operativo continuó en los primeros meses del 2011. Y que no fue una sola operación: se acordaron por lo menos once operaciones de tráfico de armas a México con autorización de la ATF. Y en las once se perdió el rastro, se perdieron las armas y salvo un par de casos, no hay detenidos ni responsables. Se puede aceptar que se pierda el rastro de algunas armas, que un primer operativo tenga errores, pero que hayan fracasado en 2006 y 2007, que inmediatamente después volvieran a realizar el mismo operativo en once ocasiones y que en todas hayan fallado, suena a una mentira descarada”.
Nunca se le informó al gobierno de México de ninguno de esos operativos, y eso lo terminó reconociendo en su momento el propio gobierno de Barack Obama que, incluso, amparado en la ley de seguridad nacional, impidió que el entocnes fiscal Eric Holder compareciera ante el congreso para declarar sobre el tema. Fue la única vez que Obama recurrió a esa ley para impedir una comparencia de algún funcionario de su gobierno.
Genaro García Luna está detenido en Estados Unidos desde diciembre del 2019 y aún no puede comenzar el juicio en su contra, que tentativamente iniciará en octubre de este año, tres años después de su detención, porque la fiscalía estadounidense no puede terminar de construir el caso. En México las denuncias en su contra que existen eran todas posteriores a que dejara su cargo y ninguna se relaciona con narcotráfico. Ahora lo menos que se puede decir de esta nueva acusación de la FGR es que sorprende, porque hasta el propio gobierno estadiundiense ha reconocido que Rápido y Furioso fue consecuencia de su propia irresponsabilidad. Pero como no se puede acabar con la violencia e inseguridad de hoy, sigamos buscando culpables en el pasado.
