3.02.2022 Muchas veces hemos dicho en este espacio que la llamada estrategia de seguridad no podrá avanzar mientras que al esfuerzo concentrador que se realiza con la Guardia Nacional, convertida en realidad en una policía nacional que buscar operar en todo el territorio, no se sume el desarrollo de fuerzas policiales estatales, y donde sea posible municipales, que partan de un modelo homologado y con criterios de evaluación similares a los de las fuerzas federales.
No sólo no se está trabajando así, sino que, además, los pocos estados en los que esas policías locales funcionan terminan por una u otra razón con sus funcionarios cuestionados y muchas veces reemplazados. Veamos lo que acaba de ocurrir en Aguascalientes: el secretario de seguridad, Porfirio Sánchez Mendoza, fue detenido ayer y sometido a proceso acusado de, presuntamente, haber autorizado en 2016 la detención y tortura de una persona que hizo esa denuncia en la CNDH.
No conozco a Sánchez Mendoza y tampoco el caso por lo que se le detiene: lo informado no parece tener elementos contundentes como para involucrar en forma directa al jefe policial estatal. Extraoficialmente, se dijo que esta detención tiene origen en la relación que mantuvo el mando policial con Genaro García Luna cuando éste fue secretario de seguridad pública federal. En realidad, trabajó más cerca de Luis Cárdenas Palomino que del secretario García Luna, y ya en el pasado sexenio, desde 2014 y hasta 2018, Sánchez Mendoza trabajó como director de situaciones tácticas en la Coordinación de Operaciones Especiales de la División de Fuerzas Especiales de la Policía Federal.
La Policía Federal fue una institución que tuvo aciertos y errores, pero siempre he considerado que fueron mayores los primeros que los segundos. Hubo, sin duda, personal que se corrompió en ella como ha sucedido con todas las instancias de seguridad del país, pero en la PF se formaron muchos elementos civiles con capacidades muy importantes en el ámbito de la seguridad. Probablemente era necesario reemplazar a la Policía Federal por la Guardia Nacional, aunque quizás hubiera sido mejor hacerlo en forma más progresiva, gradual, para evaluar mejor a todos los miembros y separar la escoria de los buenos elementos. No se hizo así y hoy en los hechos prácticamente no quedan elementos de la PF en la Guardia Nacional, mucho menos a nivel de mandos.
Sánchez Mendoza, el secretario de seguridad de Aguascalientes, era uno de esos sobrevivientes de la Federal, con 20 años de carrera, que, según lo datos que tenemos, había trabajado muy bien en su estado, donde era reconocido por haber mantenido a Aguascalientes en una muy buena situación de seguridad pública, pese a estar rodeado de estados con una fuerte dinámica delictiva, como Zacatecas, y no era un hombre sobre el que pesaran denuncias por corrupción o malos manejos.
Ahora se informa que fue detenido por estos hechos supuestamente ocurridos en 2016 y cabe preguntarse si tiene lógica esa detención, cuando, además, en el estado están a unas semanas de tener unas elecciones que serán muy disputadas.
El caso me recuerda también lo sucedido con Facundo Rosas, que fue jefe de la policía federal, el sí uno de los hombres muy cercanos a García Luna, y luego secretario de seguridad en Puebla. Como se sabe, en un accidente automovilístico, Facundo Rosas atropelló a una mujer el lunes pasado en el sur de la ciudad de México y la mujer falleció por el golpe que sufrió. Existe un video del accidente que confirma eso, que fue un accidente, y ya los peritos tendrán que definir de quién fue la responsabilidad.
Pero Rosas fue detenido inmediatamente después que se supo del accidente, acusado de participar en el operativo Rápido y Furioso, mediante el cual la ATF de los Estados Unidos introdujo más de dos mil armas de asalto en México con la intención de seguirles el rastro y detener a sus compradores. Como se sabe, ese operativo fracaso. Pero también se sabe que, según las propias autoridades estadounidenses, sus pares mexicanas no estuvieron informadas del operativo, más que en términos muy generales y no se informó de forma oficial a los altos mandos del ejecutivo, ni de la seguridad ni diplomáticos del mismo.
Lo cierto es que por Rápido y Furioso existe una orden de aprehensión para García Luna, otra para Luis Cárdenas Palomino, ahora una tercera para Facundo Rosas y una cuarta contra El Chapo Guzmán, más extraña aún, porque esas armas no terminaron en manos del cártel de Sinaloa sino de otras organizaciones criminales. Pero el hecho es que ni los mandos de la Policía Federal ni los de otros organismos de seguridad federal tenían mayor información sobre Rápido y Furioso y de otro operativo similar que lo antecedió. Pero contra ellos se libraron las órdenes de aprehensión a pesar del reconocimiento estadounidense de que esa fue una operación fallida organizada por sus propios órganos de seguridad.
Quién sabe si el detenido secretario de seguridad de Aguascalientes tiene otros pendientes con la justicia, por lo que sabemos no es así: pareciera que lo que lo condena es haber pasado por la Policía Federal y haber sido cercano a García Luna. Quien por cierto lleva ya más de dos años preso en Estados Unidos y la fiscalía no puede iniciar aún el proceso en su contra, que supuestamente comenzará hasta octubre de este 2022. Hay que insistir en un tema: no existe contra García Luna ninguna denuncia penal de relación con el narcotráfico en México y las acusaciones en Estados Unidos se basan en testimonios de antiguos narcotraficantes paradójicamente detenidos y extraditados a la Unión Americana, precisamente en los años en que estuvo en esa secretaría.
