29.03.2022
En el texto publicado por Julio Scherer Ibarra hace unos días en Proceso, un párrafo es central: cuando habla de la reunión en la que el fiscal Alejandro Gertz Manero le dice al entonces consejero jurídico del presidente López Obrador, acompañado en esa ocasión por el director de Proceso, Jorge Carrasco, que “sólo un favor” le había pedido: “impedir que su cuñada Laura Morán y la hija de ésta, Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero”.
Dice la carta, “tras la publicación (de un reportaje sobre propiedades del fiscal) nos reunimos con Gertz Manero el director del semanario, Jorge Carrasco, y yo. No fue capaz de entender que existe el periodismo independiente y que nada tuve que ver con el trabajo editorial de un medio de comunicación en el que sólo intervienen sus periodistas.
“Cegado, el fiscal optó por repasar una y otra vez un malentendido que había nacido de sus propias ganas de malentender…
“Entonces explotó el rencor que yo no podía imaginar y del que no ha habido vuelta atrás: vehemente, agregó a su lista de reproches que ‘sólo un favor’ me había pedido y que yo se lo había negado: impedir que su cuñada Laura Morán y la hija de esta, Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero, de lo que él las acusa. Lo pidió el fiscal, sí, a sabiendas de que era un acto ilegal. Colérico como es, desencajado el rostro, conforme avanzaba en los reclamos por sus asuntos personales le temblaban los labios, le temblaban las manos, le temblaba la voz.”
Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el voto unánime de los once integrantes del pleno confirmó la ilegalidad. Decidió que efectivamente no existían ni siquiera pruebas que alcanzaran para haber librado las órdenes de aprehensión contra la entonces pareja de Federico Gertz, la señora Laura Morán de ahora 94 años, ni mucho menos para la detención de su hija, Alejandra Cuevas, detenida desde hace casi dos años. Los once ministros y ministras tuvieron diferencias respecto a temas como al peso del género en la decisión que habían tomado la juez de primera instancia y el juez de distrito que ordenaron las detenciones, cuando Gertz ya era fiscal general (la denuncia sobre el caso de Federico ya había sido desechada en dos ocasiones en años anteriores) y en otros temas, pero todos, en los dos casos, coincidieron en que no había prueba alguna que legitimara las expediciónde órdenes de apehensión. No ahbía delitos que perseguir. Se inventó un delito para cumplir una venganza familiar.
Incluso el ministro González Carranca pidió que quedara claro que había habido una violación a los derechos humanos de las víctimas, las señoras Moran y Cuevas, para que pudieran tomar las medidas correspondientes, incluyendo una hipotética exigencia de reparación del daño.
La contundencia de la resolución de la Corte, lo transparente de la forma en que se explica que se inventó incluso un tipo penal inexistente para detener a la señora Cuevas, ponen en entredicho todo el accionar de la fiscalía, sobre todo si a eso le sumamos el contenido de la grabación (ilegal, pero no menos cierta, como lo reconoció el propio fiscal) divulgada hace algunos días entre el fiscal Gertz y el fiscal especializado de control, Juan Ramos, donde se exhibe el involucramiento institucional en el caso, confirmando, de paso, lo que decía Scherer en su carta.
Hoy en la mañana se podrá decir que esta es una resolución judicial más y que no afecta a la justicia en México, pero si es así se estaría cometiendo un gravísimo error. Primero, porque la resolución de la Corte exhibe que hubo ilegalidades impulsadas desde la fiscalía; segundo, porque a lo que resolvió la Corte se tendrán que sumar otras acusaciones que hizo la familia Morán Cuevas sobre el caso, como la cancelación de la pensión alimenticia de la señora Morán o la apropiación de bienes y propiedades realizada también sin sustento legal alguno.
Pero la lista de implicaciones es mucho más amplia y envuelve en un manto de sospecha muchos de los casos que ha asumido la fiscalía y varios de ellos con la impronta personal del fiscal, desde los criterios de oportunidad ofrecidos en su momento a Emilio Lozoya y Juan Collado, pasando por la forma en la que permanece detenida Rosario Robles, hasta investigaciones para órdenes de aprehensión libradas con un sentido que muchos consideran meramente político (ya no sólo contra adversarios, internos y externos, sino también contra miembros del gabinete, familiares del presidente, ministros o familiares de ministros de la SCJN).
El golpe es tal que sin una revisión profunda de la procuración de justicia y de los personajes centrales, toda la actuación de la misma, incluso la más congruente, quedará deslegitimada. El Estado mexicano debe asumir que el caso Moran Cuevas ha cimbrado la procuración de justicia en el país y tomar medidas al respecto.
La semana pasada, interrogado sobre este caso en el senado, el fiscal Gertz Manero dijo que si no podía defender a su familia cómo iba a poder defender a los ciudadanos. Con la misma lógica, pero inversa, se puede afirmar que antelas ilegalidades cometidas contra Alejandra Cuevas y Laura Morán, no se puede garantizar la procuración de justicia para los ciudadanos. No es admisible, diría aquel texto de Scherer, hacer “uso de la Fiscalía como si fuera su despacho privado para privilegiar el avance de sus asuntos personales”. Ayer lo ratificó, a su manera, el pleno de la Corte.
