4.04.2022 La propuesta de reforma electoral que propuso el presidente López Obrador es, quizás, una expresión de deseos del mandatario, pero resulta no sólo inviable sino también contraproducente, para el país, para la democracia, incluso para la estabilidad. Elegir a los consejeros electorales y magistrados del TEPJF por voto directo es una aberración que no se da en ninguna democracia del mundo: es una forma de partidizar por completo el sistema electoral y ponerlo prácticamente en manos del presidente en turno.
Acabar con plurinominales tampoco es una buena idea. En las pasadas elecciones, Morena tuvo 35 por ciento de los votos, el PAN 18.5, el PRI 18 por ciento. Luego estuvieron el Verde y MC con poco más del siete y el PRD y el PT con 3 por ciento cada uno. Esa es la representación real de los partidos. Hoy ya está desproporcionada su representación, en forma muy favorable para el oficialismo: Morena, sola o en coalición ganó en 185 distritos con poco más del 35 por ciento de los votos, el PAN y sus partidos aliados, ganaron 107 distritos, aunque la diferencia entre las dos coaliciones, fue, en números gruesos, de alrededor de un millón de votos.
La reforma electoral real pasa, por supuesto, por reducir el financiamiento, pero no al INE, sino a los partidos, que supera, sólo a nivel nacional, en una año sin elecciones federales, casi 6 mil millones de pesos. Si le sumamos lo que cuesta a las empresas de radio y televisión el irracional sistema que les obliga a dar 48 minutos diarios de espacios en cada medio a partidos e instituciones, la cifra se eleva mucho más. Implementar el voto electrónico también ahorraría mucho.
Sin duda en el INE se pueden haber cometido excesos, pero no se compara con la terrible discrecionalidad con que los partidos utilizan sus recursos, controlados, lo mismo que los espacios de radio y televisión, exclusivamente por sus dirigencias. Las reformas, sobre todo la de 2013-14, dejaron el control partidario, en términos de candidaturas y recursos, casi totalmente en manos de sus dirigentes. Y la elección democrática de éstos vemos que suele brillar por su ausencia, quizás por eso tenemos la generación de líderes partidarios de peor nivel en muchos años.
Hemos copiado en nuestro sistema electoral mucho de Francia, pero no tomamos lo más importante: la segunda vuelta. El llamado ballotage se aplica en Francia desde 1852 y se diseñó para que nadie sin mayoría fuera designado jefe de gobierno o diputado uninominal. Cuando no se alcanza una mayoría absoluta (en muchos países se pone como límite el superar un 45 por ciento o una diferencia con sus rivales de por lo menos 15 por ciento), se repite una segunda vuelta con los dos principales contendientes, tanto para presidente como para legisladores, y se mantiene a los plurinominales para equilibrar la representación proporcional. En muchos países las listas plurinominales suelen ser las más representativas.
Hoy casi todas las democracias del mudo tienen segunda vuelta. En ambientes políticos que tienden a la polarización, pero también donde el voto suele estar pulverizado, es la segunda vuelta la que permite que quien gane en ella haya tenido que asumir una serie de acuerdos con los rivales o sectores que lo apoyaron para lograr esa mayoría, lo mismo para la presidencia que para las diputaciones o senadurías. Dicen los franceses que en la primera vuelta se escoge, en la segunda se elimina. En otras palabras, en la primera vuelta la gente expresa sus preferencias, en la segunda elimina, descarta a quien no quiere en el gobierno. Es un instrumento muy útil para garantizar la estabilidad y crear mayoría legislativas. No asegura nada, como ningún sistema político, pero ha demostrado ser muy útil sobre todo en los procesos de democratización en América latina.
No incorporamos la segunda vuelta en su momento, porque el PRI temía perder sus mayorías, después porque los partidos descubrieron que podían llegar al gobierno con poco más de 35 por ciento de los votos. Los resultados de 2018 fueron una excepción, desde el 2000 nadie gana por mayorías absolutas. Una elección tan controvertida como la del 2006 se hubiera definido mucho más claramente con una segunda vuelta. En el congreso tendríamos un representación mucho más representativa y más proporcionada al país real, con diputados y senadores que tendrían que haber hecho compromisos con algunos de sus rivales para haber alcanzado sus curules. Los mismo se replicaría en las gubernaturas.
Por supuesto que esto de nada sirve sin un organismo electoral independiente y autónomo. El IFE y ahora el INE lo son. Se sobrepartidizó la elección de los consejeros y de los magistrados del TEPJF, pero eso no es culpa del INE o el Tribunal, es responsabilidad de partidos que en ocasiones propusieron e impusieron perfiles que no eran compatibles con la función encomendada.
Con todo, salvo alguna excepción, el actual consejo general del INE es operativo y eficiente. Lo que se debe cambiar, más allá de los ajustes naturales que siempre se dan en estas instituciones, es la ley electoral que impusieron los propios partidos, unas leyes electorales restrictivas, autoritarias, cerradas, sobrereguladas, fruto de la desconfianza recíproca. Segunda vuelta para presidente, diputados, senadores y gobernadores, liberalización del sistema electoral y menos dinero a los partidos, sería la base de una buena reforma electoral.
