6.04.2022 Lo será fácil el debate en la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la ley de industria eléctrica. Ayer tuvo que ser suspendido, pero desde el inicio las opiniones están divididas. Si bien se permitió, vulnerando antecedentes previos de la propia Suprema Corte, la participación de la ministra Loretta Ortiz, que en su paso como legisladora de Morena consignó como traidores a la patria a quienes apoyaran la reforma energética, rechazó por seis votos contra cinco los llamados considerandos del proyecto de la propia ministra. Se ve difícil que esos seis ministros cambien de opinión el jueves. Pero recodemos que para declarar la constitucionalidad de la ley se necesitan sólo cuatro votos. Y esos se pueden lograr, pero hacerlo en franca minoría respecto al pleno, tendrá un alto costo político.
Es mucho lo que está en juego con la aprobación de la Ley de Industria Eléctrica (LIE). Como lo reconoció ayer el propio presidente López Obrador, buena parte de la reforma constitucional planteada está contemplada en esa ley. Si existiera confianza en que la misma no vulnera la constitución, ¿qué necesidad habría de hacer una reforma constitucional?. Lo cierto es que esa reforma constitucional, que ya está en comisiones, pasará el filtro de las mismas, pero cuando llegue al pleno sin cambios, como dice el presidente, no tiene los votos suficientes para ser aprobada, ni en diputados ni en senadores.
Pero la LIE no sólo viola las normas constitucionales, sino también las del TMEC que recordemos quien tienen ese mismo alcance. Las presiones del gobierno, el congreso y los empresarios de Estados Unidos están resumidos en la carta de la encargada de comercio del gobierno de Joe Biden, Katherine Tia, donde fija las inversiones estadounidenses afectada por esa norma legal en más de diez mil millones de dólares. Tampoco ayudó en ese sentido el desencuentro con John Kerry el pasado jueves, como lo explicábamos ayer. Y las protestas suben de nivel y se entrelazan con otra decisión tan cuestionable como la posición del gobierno mexicano y sus aliados ante el conflicto en Ucrania y la postura ante el régimen de Vladimir Putin.
La retirada rusa de territorios que ocupó durante el último mes, ha dejado exhibidos los asesinatos de civiles, los fusilamientos, las amputaciones, las violaciones. En Bucha más de 400 cuerpos quedaron en las calles. No se puede alegar que fue un montaje como dice el Kremlin porque existen incluso grabaciones de drones en tiempo real de esos crímenes. El concierto de naciones democráticas del mundo, incluso de fuerzas políticas que tienen alguna o mucha relación con el régimen de Putin, como Vox en España, han terminado condenando esos crímenes y se suman las voces que piden que Putin termine compareciendo ante la corte internacional de La Haya por crímenes de guerra.
México, que ha tenido en el ámbito diplomático externo, con declaraciones de Marcelo Ebrard o la postura de Juan Ramón de la Fuente en la ONU, una posición sensata, cuando se regresa a territorio nacional exhibe una neutralidad que sabe a apoyo al régimen ruso. El presidente López Obrador dice que no se sancionará de forma alguna al régimen de Putin, que nos queremos llevar bien con todos, lo que es imposible ante crímenes de lesa humanidad, y en el Congreso se forman grupos de amistad México-Rusia.
Ayer mismo, mientras numerosos países expulsaban diplomáticos rusos como condena por esos crímenes, en México no había reacción. Pero en el congreso de Estados Unidos, el legislador mexico-americanoVicente González, solicitó al Departamento de Estado y de Seguridad Nacional la revocación de las visas a 25 políticos y legisladores mexicanos que están a favor de Rusia ante la invasión a Ucrania. Entre ellos están Alberto Anaya, el líder del PT, Gerardo Fernández Noroña y Oscar González Yañes, de ese mismo partido, y el priista Augusto Gómez Villanueva, entre otros. Quizás no ocurra en forma pública, pero que el gobierno estadounidense va a tomar nota de quienes apoyen al régimen de Putin en este conflicto global no le debe quedar a usted la menor duda.
Regresando a la Suprema Corte y al debate de mañana, hay que recordar que al gobierno federal le ha ido muy mal en las últimas horas en la más alta instancia judicial del país. Antes de discutir la LIE, el pleno de la Corte había declarado inconstitucional que el gobierno federal decida cómo administra sus ahorros presupuestales, un tema que parece técnico pero que va al corazón de la operación gubernamental, donde con el argumento del ahorro, en muchos casos se mueven miles de millones de pesos fuera del control presupuestal. El día anterior había declarado inconstitucional que se prohibiera a funcionarios públicos salientes que durante diez años trabajaran para la iniciativa privada.
Ya veremos como termina la discusión sobre la ley de industria eléctrica pero esas otras dos decisiones de la SCJN son muy importantes: primero, porque se reafirma que la distribución del presupuesto era y es una atribución exclusiva de la cámara de diputados, no del ejecutivo federal; y segundo, porque era irracional exigirle a un funcionario público que gane poco, que no robe y que cuanto concluya su encargo no pueda trabajar fuera del propio gobierno durante una década. Una norma que en lugar de impedir la corrupción la alienta. Si alguien terminando su gestión pública no puede trabajar ni tener ingresos privados, lo que se incentiva es la corrupción.
