2.04.2022
La propuesta de reforma electoral presentada por el presidente López Obrador es un retroceso a los tiempos del partido único, es una forma de borrar de un plumazo los últimos 40 años de vida institucional, es un intento de quedarse en el poder, con López Obrador o sin él, al frente. El mandatario quiere volver al nacionalismo revolucionario y el estatismo de la mano con ellos, al partido único.
Algún punto de la propuesta es salvable, como por ejemplo recurrir al voto electrónico. Pero para que exista confianza en esos mecanismos se debe mantener un organismo autónomo como el INE. La propuesta lo que busca es destrozarlo, acabar con él y con los consejeros independientes. Desde el momento en que se pide que se elijan los consejeros y los magistrados del Tribunal electoral por voto directo, se pierde toda la esencia del andamiaje electoral que hemos construido en las últimas cuatro décadas. Elegir a los consejeros y magistrados por voto popular es como decidir de esa misma forma quién dirigirá el hospital general o el rector de la UNAM. No tiene sentido. Elegir como se hace actualmente a los consejeros (dos terceras partes de los votos en el senado, previa selección de un comité de expertos de los aspirantes) parece ser una buena forma de mantener cierta autonomía y, al mismo tiempo equidad. No tiene sentido cambiarlo.
La reforma busca gobernar con mayorías absolutas ficticias. Nuestro viejo modelo sin diputados plurinominales fue el que permitió la existencia del partido único. Los diputados surgen de su distrito y no importa si ganaron por un voto o por miles: el que gana se queda con todo. E incluso en las últimas elecciones ya hemos visto como cada vez más existen fuerzas de todo tipo que pueden manipular el voto en los distritos.
Se incorporaron los diputados plurinominales desde la reforma de Reyes Heroles en el gobierno de López Portillo para comenzar a romper esa hegemonía absoluta, para darle espacios, voz y voto a las minorías. Recordemos que en aquella elección de 1976, López Portillo en el colmo de la supremacía del partido único fue el único candidato: los demás partidos como el PCM estaban ilegalizados y un PAN dividido prefirió no participar.
Por una de esas paradojas de la vida uno de los diputados del partido Comunista que estuvo en la primera legislatura como diputado plurinominal fue Pablo Gómez. Hoy es el que propone aniquilarlo.
Con los senadores quizás podría haber algún movimiento diferente, porque la lista plurinominal de senadores sí tiene un problema, lo dijimos desde que fue instituida. Mientras se supone que los diputados representan al pueblo, los senadores representan a los estados. Que haya dos de mayoría y uno de minoría es una buena fórmula, y también lo era la de la lista plurinominal, para tener mayor representatividad pero resulta que con ella la representación que tienen los estados se desequilibra. Es una falla de diseño, que tiene una buena intención: que la cantidad de senadores sea más o menos proporcional al voto de los ciudadanos.
Sin duda hay que reducir el financiamiento de los partidos, ha crecido en forma desmesurada, pero hay que establecer mecanismos autónomos de control de las finanzas de los partidos, por que sino lo que tendremos es otra vez el regreso del pasado: el partido en el poder de sus recursos para avasallar a sus opositores y como los organismos electorales no serán de hecho autónomos el desequilibrio, como lo fue durante 70 años, será absoluto.
Se deben reducir los recursos a los partidos, se debe abrir el autofinanciamiento pero la única forma de hacerlo es con normas que se apliquen en forma estricta y con organismos autónomos que las hagan cumplir. Con está propuesta lo que se busca es simplemente ahorcar financieramente a los opositores.
Otra propuesta absurda es la de los tiempos de radio y televisión. Los actuales son una barbaridad que surgió precisamente de una exigencia de López Obrador después de las elecciones del 2006, indignado por aquella campaña de que era un peligro para México. Una campaña, por cierto, que no era diferente en agresividad a la que llevaba adelante entonces su candidatura e incluso mucho más suave de la actual campaña de denunciar a sus opositores como traidores a la patria que se impulsa directamente desde la presidencia de la república.
Los tiempos de radio y televisión deben ser disminuidos drásticamente para todos, y quienes quieran publicitarse sean partidos o ciudadanos deben poder hacerlo libremente. Porque, además, eso ya ocurre tanto en prensa escrita como en redes sociales y canales de internet, que tienen, estas últimas, audiencias cada vez mayor. Mientras se ahorca a los medios convencionales se deja en absoluta libertad a los emergentes que venden millones en publicidad cubierta o encubierta sin control alguno, incluyendo la manipulación de las fake news y las campañas de desprestigio.
Hay mucho más, pero quedémonos con un punto solamente para terminar hoy. Quienes encabezan y presentan esta iniciativa son dos altos funcionarios del sistema de seguridad del Estado, con acceso a todo tipo de información privilegiada y recursos: Pablo Gómez, director de Unidad de Inteligencia Financiera y Horacio Duarte, director de Aduanas. Los dos efectivamente han pasado toda su vida en temas electorales, pero entonces ¿para que diablos están ahora en áreas tan sofisticadas de seguridad?.
La conclusión es que las han convertido vía información y recursos en un instrumento electoral. Con esa combinación de política, seguridad y dinero, ¿qué podría salir mal?.
