5.05.2022
La Guardia Nacional es una institución que, ante la gente y con base a su rendimiento, está en fase de legitimación. Un proceso que tarda en cualquier institución de seguridad, porque se tiene que basar en una sucesión de hechos positivos y se debe confirmar en su accionar cotidiano.
Con su sucedido con el joven Ángel Yael, de 19 años, muerto por los disparos de un integrante de la Guardia Nacional, se pone en entredicho buena parte de esa labor. Angel, un estudiante de veterinaria de la Universidad de Guanajuato, estaba una tarde de la semana pasada en una fiesta con un grupo de amigos. Decidieron ir en una camioneta a uno de los departamentos de estudiantes de la zona. En el camino fueron interceptados por una patrulla de la Guardia Nacional que le demandaron el alto, los jóvenes aparentemente no lo hicieron, un elemento de la Guardia comenzó a disparar con un arma larga contra el vehículo de Angel. Este murió y una de sus compañeras quedó grave mente herida. No llevaban armas, no hicieron intento alguno por responder a la Guardia Nacional, simplemente, según la GN, no se detuvieron cuando les dijeron.
Es inadmisible que ese elemento haya disparado cuando además tenía localizado al vehículo de los estudiantes y éstos estaban deteniéndose. No hay mejor forma de desprestigiar a una institución de seguridad que alguno de sus elementos sea de gatillo fácil y ataque a jóvenes. Hace unos años un error similar de elementos militares en el TEC de Monterrey, que dejó a dos estudiantes muertos, tuvo costos altísimos para la institución militar y generó un rechazo generalizado de la sociedad regiomontana.
Lo mismo está sucediendo en Guanajuato donde desde el gobierno estatal hasta las autoridades de la Universidad se han pronunciado en forma muy dura. Los mandos de la Guardia Nacional tuvieron una primera reacción positiva poniendo a disposición de las autoridades al elemento que disparó contra Angel y sus amigos. Pero horas después un Juez de Control dejó a ese elemento en libertad porque dictó un auto de no vinculación a proceso porque la Fiscalía General de la República lo acusó de “tentativa de homicidio”, y no por homicidio calificado, por lo que el elemento de la GN salió de la cárcel y seguirá su proceso en libertad.
Es inconcebible que este elemento haya disparado contra un grupo de jóvenes que no representaban peligro alguno para los guardias. Es inconcebible que la FGR lo haya acusado sólo de “tentativa de homicidio”. Que el juez de control no haya revisado u ordenado revisar el cargo y que haya dejado en libertad a este elemento.
Ello ha provocado una doble y justificada reacción del gobierno del estado y sobre todo de la Universidad de Guanajuato. Todo es más extraño porque en el comunicado que, tarde respecto a los hechos, emitió la propia Guardia Nacional se decía que su integrante había “bajado de la unidad y disparado en contra de los estudiantes”, causando la muerte de Angel Yahel, e hiriendo a la joven de 21 años que lo acompañaba.
Primero, si la la patrulla de la Guardia Nacional estaba en uno de sus recorridos y se toparon con estos jóvenes, no fueron agredidos y el coche de los jóvenes se debe haber detenido o ir a baja velocidad, si nunca se mostraron agresivos ni mucho menos mostraron armas, porque no las tenían, cómo se explica que el elemento de la Guardia se haya incluso bajado de su vehículo y de pie disparara con su arma larga contra el vehículo de los estudiantes: no fue una falla, no fue una confusión, fue un ataque directo contra jóvenes inocentes, y como tal debe ser castigado, más aún porque se trata de un integrante de la Guardia Nacional.
Uno de los argumentos que siempre se utilizan para explicar la disolución de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional es, entre otros, que al ser una institución que tiene formación y elementos que provienen del ejército y la marina, tienen otra disciplina, otra formación. Una de las críticas es que por eso mismo, por su formación, podrían ser más propensos a utilizar la fuerza letal en sus operaciones. No creo que exista un determinismo absoluto en ninguna de las dos posiciones, pero en este caso se confirmó la crítica persistente sobre la utilización injustificable de la fuerza letal.
La situación se torna aún peor por la actuación del juez y la incomprensible acusación que presentó la Fiscalía General de la República que ha causado, como dijimos, la indignación de la comunidad universitaria, de las autoridades de la Universidad y del gobierno local. La propia Universidad en su comunicado señala que lo resuelto por el juez con base en la acusación presentada por la FGR, “no coincide con lo informado por la Guardia Nacional en su comunicado de prensa. Como hemos insistido, hay indicios para presumir que el hecho tiene varias implicaciones y que es posible que haya más elementos (de la Guardia Nacional) involucrados en lo ocurrido. Exigimos que las autoridades competentes realicen una investigación profunda, exhaustiva y rigurosa, acorde a la gravedad del ataque perpetrado en contra de integrantes de nuestra comunidad estudiantil”.
Tienen toda la razón: en este hecho existe una cadena de errores inadmisibles que tienen que ir más allá de que un elemento, porque se le ocurrió, comenzó a disparar contra un vehículo que no representaba amenaza alguna y además en pleno día y en el centro de la ciudad.
La Guardia Nacional que encabeza el General Luis Rodríguez Bucio está en la obligación de realizar una investigación exhaustiva, informar públicamente de ella y la propia Guardia debe exigir a las autoridades que el o los responsables sean juzgados por el verdadero delito que cometieron. Sólo así se crean instituciones fuertes y confiables.
