23.05.2022
Falleció Vicente Corta, un mexicano y funcionario honesto y ejemplar, y, sobre todo, un buen hombre. Descanse en paz.
El presidente López Obrador que, con notable frecuencia, olvida que debe gobernar y escuchar a todos los mexicanos, no sólo al grupo cerrado que lo halaga cotidianamente, nos mandó literalmente “al carajo”, durante la mañanera que tuvo este fin de semana en Sonora, a todos los que pensamos que es un error traer 500 médicos cubanos.
Como suele suceder, no cotejó sus dichos con quienes se oponían a esa medida, no escuchó a los médicos mexicanos que le demostraron que el problema no es el número de médicos, sino que el Estado no garantiza, como dijimos aquí, las condiciones mínimas de seguridad, trabajo, estancia para los médicos que deben trabajar en zonas marginales, urbanas o rurales.
Este capítulo, el de las condiciones de trabajo, no fue jamás abordado ni por el Presidente ni por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que simplemente se quejó de que los médicos mexicanos, generalizando, no querían trabajar en zonas marginales “simplemente” porque no había seguridad, como si ése fuera un tema menor o si el secretario, médico-investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, alguna vez hubiera ejercido en alguna comunidad rural alejada de todo.
No, el doctor Alcocer estudió en la UNAM, se especializó en el Instituto de Nutrición, luego fue la Londres, a la University College, donde se especializó también en Inmunología, regresó para hacer su doctorado en la UNAM y ha sido durante todos estos años investigador y luego jefe de la Unidad de Propiedad Intelectual en el mismo Instituto Nacional de Nutrición, de donde, por cierto, la Secretaría de Salud acaba de quitarle su posición a su alma máter, la UNAM, en el consejo consultivo del Instituto. Pero como ya sabemos, ahora resulta que la UNAM es neoliberal.
Credenciales, sin duda muy legítimas y aspiracionistas, pero por eso mismo, el doctor Alcocer no le puede reclamar a los médicos ser individualistas y conservadores por no ir a ejercer en zonas aisladas del país donde no se les garantizan las más mínimas medidas de seguridad y residencia o, por lo menos, un ingreso mínimo.
Esta semana recordábamos el caso de la joven doctora Mariana Sánchez asesinada en Nueva Palestina, Ocosingo, en Chiapas: fue desprotegida por las propias autoridades de Salud, por el Ministerio Público local, que ignoró sus denuncias de abusos, se trató de hacer pasar su asesinato por un suicidio y se incineró su cuerpo en apenas 48 horas, sin siquiera informarle de su muerte a su familia. Mariana se jugó la vida por un salario como residente en la clínica local de apenas 3 mil pesos mensuales.
A ella y a los miles de jóvenes médicos, hombres y mujeres que demandan mejores condiciones para ejercer su profesión, tener plazas, pero también ser protegidos de criminales y depredadores, tener siquiera un lugar digno donde dormir y algo para comer en sus residencias, no se les puede ni debe “mandar al carajo”. Es una falta absoluta de respeto a la dignidad de nuestros médicos.
MÁS MUJERES ASESINADAS
El asesinato de la conocida activista y defensora de derechos de las mujeres Cecilia Monzón, en Puebla, es un clavo más en el pesado ataúd de la violencia contra las mujeres. Cecilia era conocida y reconocida por su labor en apoyo a mujeres que sufrían violencia, que eran acosadas, que no podían acceder a la justicia, que eran discriminadas o violentadas, legal o físicamente, en todo tipo de casos, incluyendo divorcios.
Iba en su coche cuando, en pleno día, dos jóvenes en una motocicleta se le acercaron y le dispararon tres veces. No fue un robo ni una triste casualidad, fue un ataque directo contra una mujer feminista y comprometida. El gobierno federal, estatal y municipal han dicho que el crimen no quedará impune. No suele ser verdad: 98 por ciento de estos casos, como los de los asesinatos de periodistas, quedan impunes. A veces se detiene a supuestos autores materiales, sicarios que, por unos pesos, asesinan a quien sea, pero no recuerdo más que un par de asuntos donde se haya detenido y juzgado a los autores intelectuales, a quienes ordenaron esos crímenes.
De tal forma quedan impunes estos asesinatos, que se ha vuelto norma que los amigos y familiares, sobre todo de mujeres que han sido secuestradas o desaparecidas, tomen calles, carreteras, autopistas exigiendo que las autoridades investiguen los casos y traigan de regreso a sus hijas. Eso están haciendo los amigos y familiares de Karen Itzel Rodríguez, quien fue a entregar su tesis de licenciatura a una sede del instituto de Ciencias Médicas del IPN en Milpa Alta, en el sur de la Ciudad de México, nunca llegó a su destino y, desde entonces, está desaparecida.
Acababa de terminar Odontología y tiene una niña de cuatro años. Al momento de escribir estas líneas, Karen, de la que no se tienen noticias desde el 19 de mayo, sigue desaparecida.
Tuvieron mejor suerte los familiares de Yoseline Patricio, una jovencita de 16 años secuestrada por dos hombres, en pleno día, cuando estaba caminando con un amigo en Acapulco. Bloquearon durante 72 horas los ingresos carreteros al puerto. Tres días después de su desaparición, Yoseline apareció en su casa.
No se han dado, hasta ahora, detalles del caso. La pregunta es si hubiera aparecido, si su gente no hubiera bloqueado Acapulco durante tres días. Guerrero, por cierto, es el estado donde más mujeres han desaparecido en lo que va de este 2022.
