21.06.2022 El mes de mayo ha resultado, como aquí lo adelantamos, el más violento del año y uno de los más violentos del sexenio. Las causas de la violencia siguen siendo las mismas: el enfrentamiento y empoderamiento de los grupos criminales en varios puntos del país. Y ese empoderamiento va de la mano con una estrategia de seguridad contradictoria, fallida, que muchas veces lo permite y tolera.
El presidente López Obrador sigue insistiendo en que no cambiará su estrategia y que ésta da resultados. Los datos dicen lo contrario. Ha habido avances en el combate a algunos delitos, como el secuestro (por lo menos en el número de denuncias) pero otros se han disparado, como los homicidios (que ya superan con amplitud los registrados en los sexenios de Calderón o Peña Nieto) o las extorsiones y el cobro de piso, que se ha convertido en una norma en muchas ciudades. Lo que se vive en Chilpancingo, que se quedó sin pollo y otros productos de consumo por una decisión de un grupo criminal es una demostración de ello. El robo de trailers y camiones de carga, de contenedores como ocurrió en Manzanillo, es una norma y son delitos, como el huachicoleo, que exigen una operación y complicidad de mucha gente, incluso empresas.
El control de los grupos criminales sobre distintas zonas del país es evidente y este se ejerce en ocasiones en un marco de evidente impunidad: lo sucedido la semana pasada en San Cristóbal de las Casas es una demostración más de cómo operan esos grupos criminales sin ser molestados ni perseguidos.
Existe, además, un creciente descontrol institucional a pesar de la reunión matutina en Palacio Nacional, sobre todo cuando se baja a las áreas operativas. La coordinación se está perdiendo. La relación de la FGR con otras instituciones de seguridad se ha deteriorado seriamente, incluyendo la secretaría de seguridad federal, donde, además, el futurismo de algunos funcionarios ha hecho mella en el trabajo; la Guardia Nacional depende de la Defensa, no de la SSC y no queda claro como opera y se coordina con los estados; entre el ejército y la marina ha regresado la distancia; la falta de coordinación federal con policías y fiscalías estatales, así como la desconfianza mutua, es cada día más evidente.
Hasta hace poco menos de un año existían las reuniones de judicialización, que impulsaba Julio Scherer, pero, con su salida, ellas se han ido perdiendo. En esas reuniones se comenzó a lograr una paulatina baja de delitos en los estados, porque se reunían autoridades estatales de todos los ámbitos de seguridad con las estatales y juntas designaban objetivos concretos que se revisaban cotidianamente a nivel operativo. Hoy ya no se hace, por lo menos no de esa forma.
Pareciera, desde hace semanas, que algunas fuerzas de seguridad han comenzado a operar de otra manera, más dura. Los golpes que se han dado en Tamaulipas tanto al cártel del Noreste como al del Golfo podría hacernos presumir un cambio de accionar, lo mismo que el enfrentamiento contra la Familia Michoacán en Texcatitlán, Estado de México. O los numerosos decomisos de narcolaboratorios en Sinaloa. O los indudables avances en la ciudad de México contra la Unión Tepito y otros grupos criminales.
Pero hay otras regiones del país donde no se actúa igual y se dan declaraciones como la del presidente López Obrador afirmando que donde no hay asesinatos es donde un grupo criminal es hegemónico, cuando controla la plaza, que son por lo menos, desconcertantes, como si lo que se esperara es que en cada región del país hubiera un solo grupo hegemónico de forma tal que de esa manera se pensara que se va a reducir la violencia y la expoliación de la sociedad. Porque no nos engañemos, puede ser que en alguna regiones esa hegemonía de un grupo criminal disminuya el número de homicidios, pero no disminuye la dominación que esos grupos ejercen sobre distintas actividades sociales, desde la construcción hasta el comercio o el transporte, a partir de la extorsión, del cobro de piso.
Los números no confirman lo dicho por las autoridades respecto a que se está retomando el control de la seguridad. Al contrario, parece estar perdiéndose esa batalla que, además, muchos veces no se asume como tal. Y ya en el cuarto año de gobierno resulta cada vez muy difícil dar un giro, un golpe de timón, a una estrategia que un muy alto porcentaje de la población critica y no apoya.
Veracruz
En relación con el caso del secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política del senado, Juan Manuel del RíoVirgen, detenido injustamente, sin haber presentado una sola prueba en su contra y acusado de asesinato por el gobierno de Veracruz, el presidente López Obrador dijo ayer que consideraba “incapaz al gobernador Cuitláhuac García de fabricar delitos en contra de adversarios políticos”.
Una vez más los hechos lo desmienten. El gobierno de Veracruz no sólo fabricó un delito para detener a Del Río Virgen sino que incluso inventó un delito que no existe en los códigos penales, como es el “ultraje a la autoridad” para hacer detener a opositores, un delito que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mediante el cual, sin embargo, el gobierno estatal sigue manteniendo gente detenida. Estemos de acuerdo en una parte de la frase presidencial: el gobernador García “es incapaz”.
