1.09.2022
Comienza hoy, en los hechos, el último tercio del gobierno de López Obrador, y lo hace en una muy compleja situación económica, política, social y de seguridad. Nadie discute los altos índices de aceptación presidencial pero tampoco la profundidad de los problemas que existen en todas esas áreas, sumada a las divisiones y fracturas que comienzan a asomarse en el edificio de la 4T, causadas por una sucesión presidencial adelantada que cimbra a Morena.
La elección como presidente del senado del poblano Alejandro Armenta demostró que Ricardo Monreal sigue manteniendo buena parte del control de la cámara alta y con ello exhibe el desaseo de esta semana, en la que a la plenaria de los senadores de Morena no fueron el secretario de la Defensa, el de la Marina, la secretaría de seguridad, la jefa de gobierno de la ciudad de México, el secretario de Gobernación y tampoco el presidente nacional de Morena. Salvo el canciller Marcelo Ebrard los demás, me imagino que por indicación del primer mandatario, cancelaron sobre la hora su participación, algo que fue visto como una presión directa contra Monreal, que se sigue viendo como precandidato presidencial, aunque evidentemente Palacio Nacional apuesta por otras cartas.
El enfrentamiento del martes en la plenaria fue de los más explícitos que se haya visto entre integrantes de este régimen. Pero el hecho es que, a pesar de que los sectores duros unificaron su candidatura a la presidencia del senado en el mexiquense Higinio Martínez, el que ganó fueArmenta, cercano a Monreal y al gobernador Miguel Barbosa, que se quedó con esa posición por 36 votos contra 28. La bancada obviamente está dividida pero el control lo mantiene Monreal, que sigue, además, como coordinador del grupo parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política, en un marco de claro distanciamiento con el presidente López Obrador.
La designación de Armenta va más allá. Esta misma semana fue destapado como precandidato al gobierno de Puebla, por un sector de Morena y por el PT (que designó también como su precandidato presidencial a Gerardo Fernández Noroña), el coordinador del oficialismo en la cámara de diputados, Ignacio Mier. Armenta y Mier son primos, pero están algo más que enfrentados políticamente, por la futura gubernatura, pero también por muchos otros temas, incluyendo denuncias penales recíprocas. El hecho es que Morena tendrá en esta legislatura a dos políticos claramente distanciados en el control de sus respectivas bancadas. Por cierto, con motivo del destape de Mier por el PT, también el gobernador Barbosa rompió con Fernández Noroña.
Pero no son las únicas divisiones: como ya hemos dicho, el informe de Ayotzinapa también ha generado confrontaciones internas, algunas de ellas públicas y la mayoría soterradas. En las fuerzas armadas, sobre todo en el ejército, las acusaciones contra veinte de sus elementos, incluyendo dos destacados generales, no ha caído nada bien y ha agudizado diferencias que venían ya de tiempo atrás con distintos funcionarios.
El tema de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena que enviará como una iniciativa preferente el presidente López Obrador a la cámara de diputados agudizará muchas de esas diferencias internas. El propio Alejandro Encinas, subsecretario en Gobernación, ha dicho que no apoya esa medida. Desde el otro espectro político de Morena, Ricardo Monreal también ha insistido en que para ello se requiere una reforma constitucional, misma que hoy no alcanzaría los votos en ninguna de las dos cámaras. Enviada como iniciativa preferente, más allá del debate constitucional que se generará y que terminará finalmente en la SCJN, lo cierto es que sí alcanzará los votos en diputados,y aunque será más complejo, probablemente también pasaráentre los senadores.
La Presidencia ha roto lanzas estos días con el poder judicial, que está procesando su propia sucesión. Las declaraciones del presidente López Obrador sobre la corrupción, salvo excepciones, dijo, del poder judicial, abren una brecha profunda. Este último encontronazo deviene del debate sobre la prisión preventiva oficiosa que en los próximos días analizara la Corte para determinar su constitucionalidad.
Lo que asombra es que en el tema Ayotzinapa no hubo ni siquiera diálogo con otros involucrados, y en los dostemas legales, el de la Guardia Nacional y el de la prisión preventiva oficiosa, había márgenes de negociación dentro y fuera del oficialismo. La Guardia Nacional es parte de la Defensa, de hecho, desde el día uno de su creación. Lo sabe todo el mundo, se podrían haber buscado mecanismos que permitieran compatibilizar la operatividad con la función estratégica.
Con la prisión preventiva oficiosa ocurre lo mismo: es evidente que se han cometido innumerables abusos con ella, pero también es un hecho que puede ser útil en algunos casos. En lugar de llevar la situación al límite se podríahaber negociado su mantenimiento, reduciendo drásticamente los delitos por los cuales se puede aplicar y dejando el criterio de la misma en manos de los jueces.
En última instancia de lo que se debería tratar es de hacer política. Ir siempre a la confrontación es un reflejo de la antipolítica. Imponer las cosas cuando existen, con todas sus deficiencias, no sólo una división de poderes sino también poderes fácticos que deben ser contemplados, está alejado de la realidad. Y todo en medio de una sucesión presidencial que debería exigir, cada día, mayores dosis de política real.
