5.10.2022
El tiroteo que se vivió en una plaza comercial en Andares, en Zapopan, que milagrosamente no ocasionó más víctimas (se intercambiaron más de 200 disparos de armas de alto poder entre sicarios, custodios y militares en una tarde de domingo en un área llena de paseantes) en la que presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación intentaron secuestrar a un empresario no tuvo relación directa con el narcotráfico: fue un intento de secuestro, una actividad en la que, como la extorsión y el tráfico de gente, están cada vez más involucrados los grupos del crimen organizado.
Ayer se informó que fue secuestrada la hermana del presidente municipal de Ixtapan de la Sal, en el estado de México, una zona en la que cada vez tienen más presencia los grupos criminales, en un duro enfrentamiento, además, entre los herederos de la Familia Michoacana, hegemónica en la zona, y del CJNG que intenta ocupar el sur del estado de México, ingresando desde Guerrero.
Toda la región sur, desde Ixtapan de la Sal hasta Tejupilco, Tlatlaya, Luvianos, Zacualpan, Temascaltepec, Sultepec y por supuesto Valle de Bravo, es una zona en disputa, pero en la que también sin duda opera el crimen organziado con fines de narcotráfico, pero allí la extorsión, el cobro de piso y el secuestro son la norma y generan una expoliación constante de la sociedad que se siente cada vez más indefensa.
Son sólo dos ejemplos más de cómo creer que el narcotráfico es el único refrente del crimen organziado hace perder la perspectiva y, por el contrario, dificulta aún más su combate.
La actividad primordial del tráfico de drogas en este periodo pasa, en primer lugar por el fentanilo, que es sin duda la droga más rentable para su comercialziación en la Unión Amricana. E inmediatamente después por las metanfetaminas y la cocaína. Para ninguna de las tres drogas se requiere estructuras muy grandes: el fentanilo llega puro desde China, principalmente, y es procesado en laboratorios que se montan en forma muy sencilla para su comercialización en pastillas. Las metanfetaminas requieren de laboratorios más complejos, de más productos químicos y espacios más alejados (por los olores y la contaminación) pero hay labortaorios por decenas en muchos puntos de la Sierra Madre, y se operan con oca gente. La cocaína llega de Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador y allí lo importante son las cadenas de transporte y distribución que, para los cárteles, no requieren tanta gente. Todos, por supuesto, se basan en los grupos de narcomenudeo locales, en México y en Estados Unidos, pero esas son otro tipo de organizaciones que trabajan para los grandes cárteles.
Lo cierto es que la reducción del mercado de marihuana y heroína, donde se necesitaba mucha mano de obra, ha dejado a grupos y sicarios dedicados a otras actividades. La estrategia seguida por el gobierno federal de contener (abrazos y no balazos) al crimen organizado en lugar de mantener un enfrentamiento mucho más frontal, ha empoderado a estos grupos y les permite incursionar en ámbitos delictivos que en el pasado no controlaban: hoy imponen desde el precio de la tortilla hasta extorsionan y cobran piso a todo tipo de comercios y empresas, sobre todo en Guerrero, el sur del estado de México, Michoacán y otros puntos del país.
¿Es necesaria la presencia militar en la seguridad pública hasta 2028 como se estaba por votar en el senado al momento de escribir estas líneas? Sin duda, como es pertinente en este momento que la Guardia Nacional se integre a la Defensa Nacional. Pero esos son instrumentos que, para funcionar y rendir adecuadamente, requieren de cambios y ajustes profundos a la estrategia de seguridad, cambios que no se vislumbran, ni siquiera con las modificaciones que pueden ser aprobadas en el senado.
En un esquema ideal, las fuerzas militares tendrían que combatir a los grandes grupos, a los cárteles en sí, en algo mucho más relacionado con la seguridad interior que la pública, al tiempo que la Guardia Nacional tendría que centrarse en los delitos como la extorsión, el secuestro, el cobro de piso, la expoliación que sufre la sociedad cotidianamente. El problema es que la interrelación entre ambos fenómenos es cada vez más estrcha y sin un golpeteo diario a sus cabezas y operadores, no se rompe con el empoderamiento criminal.
Esta semana el presidente López Obrador reconoció, por ejemplo, el trabajo de la policía estatal en Yucatán, y es verdad, pero allí la estrategia seguida por el secretario Luis Saidén Ojeda, que permanece en ese cargo desde 2007, ha sido no dejar crecer a los grupos criminales y cuando lo hacen golpearlos una y otra vez. No es diferente a lo que hace Omar García Harfuch, con éxito comprobado, en la ciudad de México, donde se han abatido los índices de inseguridad descabezando una y otra vez a los grupos criminales, sus líderes y operadores.
En el ámbito federal, menos aún en los seis u ocho estados que concentran la actividad criminal, no se ha podido avanzar. Donde se ha avanzado, a pesar de los comflictos políticos, como en Tamaulipas (con policiaslocales más eficientes a partir de acuerdos, como se ha hecho en otros estados, con la federación, las fuerzas armadas y la iniciativa privada) los índices de homicidios y delincuenciales se han reducido de forma notoria.
Los partidos se confrontan por los límites de la participaión militar y están en su derecho a hacerlo, pero olvidan que esos son sólo instrumentos de una estrategia que debe ser profundamente revisada.
