Columna

8.11.2022 La investigación sobre la muerte de la joven Ariadna Fernanda López es una demostración clara de cómo funcionan, para mal y para bien, los sistemas de procuración de justicia en el país. Ariadna, una joven de 27 años que era madre de un niño de siete, salió de un bar el 30 de octubre y sus restos aparecieron dos días después arrojados a la vera de la carretera La Pera-Tepoztlán.
Primero se dijo que Ariadna había abordado, sola, un “taxi seguro”. Luego se supo que no salió sola, sino con una pareja para ir al departamento de Rautel y Vanesa, una pareja supuestamente amiga. Rautel fue al velorio de Ariadna e hizo múltiples declaraciones exigiendo justicia y sobre cómo Ariadna se había ido de su departamento en un taxi.
La fiscalía de Morelos, mostrando una vez más su desinterés por los casos de feminicidios, hizo la primera autopsia a los restos de Ariadna (habían sido encontrados en ese estado) y descartó que fuera asesinada: dijeron que murió por congestión alcohólica y broncoaspiración. Antes de investigar, aseguraron que si había ocurrido algún acto criminal había sido en la ciudad de México.
La fiscalía capitalina y la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad tomaron el caso por la demanda de los familiares y amigos y llegaron a conclusiones diametralmente diferentes. Ariadna sí se había ido con Rautel y Vanesa al departamento del primero y de allí se observó por cámaras de videovigilancia que en la madrugada ya del día 31, Rautel salía del departamento cargando a Ariadna, que estaba ya inconsciente. Rautel la sube a una camioneta y se va de allí.
Horas después se hace una segunda autopsia y se descubre que Ariadna no murió, como dijo la fiscalía de Morelos, por broncoaspiración sino por severos traumatismos, en otras palabras, fue asesinada a golpes. En la madrugada del sábado fue detenida Vanesa en su casa de Ecatepec y se libró orden de aprehensión contra Rautel, que en la mañana de ayer lunes se entregó en la fiscalía de Nuevo León. Asegura ser inocente, pero lo cierto es que además de las grabaciones, en su departamento se encontraron restos de sangre de Ariadna a pesar de que el lugar había sido cuidadosamente lavado.
¿Cómo pueden dos investigaciones sobre un mismo crimen llegar a conclusiones tan diferentes?. Muchas veces hemos dicho que uno de nuestros mayores problemas cuando hablamos de seguridad y sobre todo de feminicidios, es que en nuestro país no se investiga, ni hay capacidades significativas en ese sentido. Y en los casos de feminicidos, que sigue siendo el delito grave que mayor crecimiento observa en ese sexenio, pareciera sumarse el desinterés de las autoridades, sobre todo locales. La fiscalía de Morelos es particularmente omisa en ese sentido, mientras que se debe reconocer que las capitalinas han sido de las más eficientes.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) informó que en la primera mitad del 2022 contabilizó 64 feminicidios en esa entidad, mientras que la fiscalía del estado que gobierna, es un decir, Cuauhtémoc Blanco, reportó apenas 31 para el mismo período.
El fiscal estatal, Uriel Carmona, aceptó que en la entidad existe “un problema” con los feminicidios pero aseguró que de 31 contabilizados, 17 de ya fueron resueltos. El problema es que la cifra real, hasta mediados de año, era más del doble, 64 y siguen sumándose rápidamente. El mismo día en que aparecieron los restos de Ariadna Fernanda en la carretera a Tepoztlán, cinco mujeres fueron asesinadas en Cuautla, tres fueron desmembradas.
En el caso de Ariadna se la identificó, lo hicieron sus familiares y amigos, por un tatuaje que la joven tenía con el nombre de su madre. Pero lo más grave es que la fiscalía de Morelos decretara en su autopsia que no había sido golpeada y que había fallecido por broncoaspiración. Fueron los familiares los que insistieron en una segunda autopsia que realizaron la fiscalía y los servicios periciales capitalisnos en la que se estableció que había muerto, literalmente, a golpes. Y fue la secretaría de seguridad capitalina la que investigó en cámaras y en el departamento de Rautel hasta descubrir cómo había sido llevada a una camioneta y que había restos de sangre en ese lugar.
Sin esa intervención de las autoridades de la CDMX, la muerte de Ariadna hubiera queda impune y calificada como natural, no como un feminicidio, como había decidido en pocas horas y sin investigar la fiscalía de Morelos.
En nuestro país mueren 10 mujeres cada día y la mayoría de los casos son feminicidos. La impunidad es la constante en estos casos y las investigaciones (como la que realizó la fiscalía de Morelos) lo que hacen es calificar de otra forma las muertes para que en lugar de feminicidios se las registre como naturales o accidentales.
Hace unos días estuve en la presentación del libro Maldita entre todas las mujeres, testimonios y reflexiones de feminicidas y de víctimas de este delito, de Saskia Niño de Rivera. El libro contiene unos testimonios tan crudos como terribles. Allí estuvieron además de Saskia, la periodista Paola Rojas y el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que destacó algo que se aplica perfectamente al caso de Ariadna: “vivimos en un país que tolera la violencia de género, que la perpetúa, la reproduce e invisibiliza”. Un país donde muchas fiscalías no investigan y que, en este caso, quedaron exhibidas por quiénes sí cumplieron con su responsabilidad.