16.03.2023
Prohibir el fentanilo no es la solución para el tráfico de este producto hacia los Estados
Unidos, tampoco para frenar su consumo ilegal. La declaración presidencial de ayer está
bien intencionada, pero no es una solución, al contrario.
El fentanilo no debe entenderse sólo como una droga de consumo ilegal, es un
medicamente ampliamente utilizado en todo el mundo para atender dolores agudos y sobre
todo como anestésico en cirugías mayores y post operatorios. Cualquiera que haya sufrido
una cirugía importante ha recibido fentanilo para evitar dolores mayores: se pude utilizar
inyectado, como píldoras o como parche contra el dolor.
El fentanilo legal es ampliamente utilizado en México y en el mundo, y se debe
administrar bajo estricto control. El ilegal es el que llega como materia prima desde otros
países, particularmente de China, y en México (y en otros países, también en Canadá) es
fraccionado, convertido sobre todo en píldoras y comercializado ilegalmente en Estados
Unidos, y cada vez más dentro de nuestro país.
Ese fentanilo ilegal, que fabrican los cárteles, dentro y fuera de México, es el que
provoca hoy las muertes por sobredosis en la Unión Americana. La crisis de los opiacios se
originó en la venta indiscriminada de medicinas para el dolor, pero en la medida en que
Estados Unidos las ha puesto bajo control, los adictos recurren cada vez más al fentanilo
ilegal, de mayor potencia y más barato. El fentanilo ilegal se vende en polvo, spray y,
además se está mezclando con otras drogas, lo que lo convierte en mucho más peligroso, y
letal.
Muchas otras medicinas que pueden ser de riesgo se utilizan en el sistema de salud
cotidianamente. Una de ellas es la morfina, pero el fentanilo la está reemplazando porque
suele ser mucho más eficaz para el tratamiento del dolor y más barato. Lo que hay que
atacar es el mercado ilegal de fentanilo y para eso se requiere una estricta separación del
mismo respecto al mercado legal. Y eso no pasa por la prohibición sino por los sistemas de
seguimiento y regulación.
Por ejemplo: una ampolla de fentanilo legal le cuesta al sistema de salud, público o
privado, unos 60 pesos. Es una medicina barata y que se produce en laboratorios. Pero esa
misma ampolla (que no es estrictamente el mismo tipo de producto que se utiliza para la
fabricación de la mayoría del fentanilo ilegal) en el mercado negro se puede vender en
varios miles de pesos, treinta o más veces que su valor real. Un kilo de fentanilo puro,
como el que se usa en el narcotráfico, genera ganancias mucho mayores aún, de hasta 40
millones de dólares por kilo, porque apenas se necesita un miligramo o máximo dos, luego
es letal, para la fabricación de las pastillas que trafica el crimen organizado.
Sustraer fentanilo legal para venderlo en el mercado negro es una práctica extendida
porque, salvo en contadas instituciones hospitalarias privadas, el control sobre estos
productos tiene vacíos operativos y legales importantes. Uno de los problemas es que no se
invierte lo suficiente en el control de la seguridad y el seguimiento del producto.
Como decíamos, el fentanilo es una medicina de relativamente bajo costo. Pero
como es un producto cuyo manejo implica riesgos, debería invertirse mucho más en un
seguimiento y control estricto de su utilización. Recurriendo, por ejemplo, a la receta
electrónica, con mecanismos que impidan que se puedan manipular productos o robarlos,
incluso con cámaras y control riguroso de su depósito y utilización.
El ejemplo de lo sucedido con los casos de meninguitis en Durango es una
demostración de cómo el mal uso realizado por tres hospitales y algunos profesionales de la
salud, provocó una crisis sanitaria en cadena, con decenas de contagiados y muertos que
perfectamente se podría haber evitado con un control exhaustivo de la utilización de
anestésicos. Quienes cumplieron esas normas en Durango no tuvieron problema alguno.
Ese tipo de controles es verdad que incrementarían parcialmente el costo del
fentanilo y de otros productos de riesgo, pero sus precios de producción son tan bajos que
esos costos podrían absorberse por el propio sistema, y terminarían garantizando su
seguridad, evitarían que llegaran al mercado negro, ilegal, y se ahorraría el costo que
provoca el robo o el uso fuera de parámetros de esas drogas y medicinas que, insistimos,
son imprescindibles para los tratamientos médicos y quirúrgicos. Y existen hoy las formas,
los mecanismos, las plataformas, para hacerlo.
Hace algunos años cuando se pusieron de moda las drogas sintéticas (recuerde usted
el caso de Zhenli Ye Gon) se terminó prohibiendo en México la efedrina y la
pseudoefedrina, aún con receta. No se solucionó en absoluto el problema: esos productos se
venden legalmente hoy en muchos países con o sin receta, y el crimen organizado en
México lo sigue utilizando (sus sucedáneos o precursores) para la fabricación de drogas
sintéticas. Lo importan ilegalmente y lo trafican. La diferencia es que muchos pacientes,
desde los que sufren una fuerte gripe hasta dolencias mucho más delicadas, no pueden
obtenerlo en México. Con el fentanilo pasaría lo mismo, pero en casos muchos más graves,
desde ciertas intervenciones quirúrgicas hasta el dolor provocado por el cáncer.
La drástica separación entre mercado legal e ilegal, el seguimiento y el control, la
adopción de estrictas medidas en las aduanas, sumado a las políticas de seguridad directa,
son los instrumentos para frenar el tráfico de fentanilo ilegal.
