28.04.2023
La forma en que se aprobaron leyes, desaparecieron instituciones, normas, se modificaron sistemas de financiamiento público, la capacidad de destrucción que se vivió en la cámara de diputados (y en parte en la de senadores) en los últimos días, no tiene parangón. Las fracciones de Morena y sus aliados han impuesto reformas como si no fuera a haber mañana. En horas y sin pasar siquiera por comisiones se aprobaron hasta nueve leyes en estilo fast track, algunas de ellas de enorme importancia sin que muchos diputados las hubiera siquiera leído.
Vamos a tratar de hacer un resumen de todo lo que se cambió, sin consenso y sin debate siquiera en apenas unas horas.
Se le dio el control del espacio aéreo a la Defensa Nacional. Es un tema que ya había sido tratado y como lo recordó un cable que fue sustraído a la seguridad nacional de Estados Unidos, que había provocado un “potencial de empeoramiento de las tensiones” entre las Fuerzas Armadas de México, lo que “probablemente exacerbará su rivalidad existente (entre Ejército y Marina) y disminuirá aún más su capacidad para realizar operaciones conjuntas”. Esas diferencias son reales, y finalmente se ha impuesto la visión planteaa por la Defensa Nacional y que gira en torno a tener el control por las capacidades de intercepción y operación de la fuerza aérea. Como en muchas otras cosas, no creo que en estos puntos específicos de seguridad y control del espacio aéreo estemos ante una mala reforma. Lo que no se entiende es porqué no se pueden negociar sus términos siquiera dentro, muchos menos fuera, del gobierno.
Otro tema controvertido es la ley que le da a la Defensa la concesión por tiempo indefinido del Tren Maya. Ocurre cuando se está tratando de acortar concesiones a privados e incluso de expropiar tramos de empresas de ferrocarriles. ¿Tiene que tener a perpetuidad la Defensa la concesión del Tren Maya? No lo creo, para todo debe haber límites y deben ser los gobiernos futuros, luego de un plazo razonable como en cualquier otra concesión del sector, los que decidan.
La desaparición del Conacyt es una tragedia. La Dr. Alvarez Buylla se salió con su deseo de acabar con la principal instancia científica del país, quitarle su presupuesto, su autonomía, convertirla en un área más dependiente de la oficina de asesores del presidente de la república con participación en su consejo de la Defensa, la Marina, y otras áreas de seguridad y de gobierno. Olvidémonos de la autonomía, de la colaboración con empresas privadas, incluso de las becas del Conacyt que permitieron que tantos jóvenes, como en su momento la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pudieran acceder a sus estudios en el extranjero. Se acabó, dice la iniciativa aprobada, con “la ciencia neoliberal”, léase como lo que es: se acabó con la ciencia en el sector público. Es reemplazada por la ideología.
El tema de la Ley Minera, aprobada también sin consenso alguno, es muy delicado. La ley tiene uno o dos capítulos positivos, pero otros, los sustanciales, pueden ser catastróficos para el sector, se trata de estatizar en muchos ámbitos, se le quita a la iniciativa privada la posibilidad de explorar (para equiparar la exploración actual del sector privado, el servicio geológico nacional, el único que ahora podrá hacerlo, tendría que invertir unos 400 millones de dólares anuales, ¿usted cree que está en condiciones políticas, financieras y materiales de hacerlo?). La Ley generó ya fuertes controversias con Estados Unidos y sobre todo con Canadá, habrá paneles en el TMEC y ha distancia notable con las empresas mineras mexicanas. Y como un coletazo colateral, parece haber acabado con la compra de Banamex por grupo México.
Se decidió que el 80 por ciento de los impuestos recaudados en documentación turística irá a un fideicomiso de infraestructura, servicios ferroviarios, puertos. Son 17 mil millones de pesos que terminarán en realidad en la construcción del Tren Maya, que se ha convertido como la Refinería de Dos Bocas, en un barril sin fondo para tratar de concluirlo antes de las elecciones de 2024.
Desaparecieron Financiera Rural, otro barril sin fondo por los malos manejos de anteriores administraciones, pero muy destacadamente por la actual: desaparecen miles de millones de pesos que no se sabe a dónde fueron a parar y se deja al campo sin financiamiento.
Se regresaron las unidades administrativas del gobierno federal a la Función Pública, como estaban antes de enviarlas a la oficialía mayor de Hacienda y convertirlas en un embudo en la compras y la operación gubernamental. La gran reforma es regresar a 2018.
La única reforma que tuvo apoyo es la de los llamados Montadeudas, con castigos mayores a quienes realizan esos fraudes financieros.
La reforma más importante, y de la que ya hemos hablado es la desaparición del INSABI, el mayor fracaso de esta administración, que dilapidó más de 400 mil millones de pesos sin lograr ni uno sólo de sus objetivos y provocando un lapidario desabasto de medicinas en el país. Nace por ley el IMSS Bienestar para tratar de paliar el desastre.
Y para acabarla, en el senado y de última hora, Alejandro Armenta, el presidente de la cámara alta, metió una iniciativa para de plano desaparecer el INAI y todo el sistema nacional anticorrupción. ¿Para qué queremos obligar a informar y vigilar las finanzas públicas en el tramo final de un sexenio?.
