22.05.2023
Fue una de las peores semanas de la llamada 4T. Una suma de desaciertos, provocaciones, exhibiciones gratuitas, de lenguajes oscuros e injuriosos, de intenciones poco confesables por evidentes. Y son pocas, muy pocas las áreas del gobierno federal que se salvaron. Pero pocas cosas son más delicadas que lo que se intenta hacer con la justicia en general y con la Suprema Corte en particular.
Esta semana se terminará de discutir el tema de la inconstitucionalidad del decreto que declaró como de seguridad nacional todo tipo de obras para evitar dar información sobre ellas. Quedan aspectos por discutir por el pleno, pero se estableció por ocho votos contra tres que ese decreto era, como resultaba previsible, inconstitucional.
Se puede entender que ciertas obras puedan considerarse de seguridad nacional, pero el decreto abarcaba casi todo y la intención era, en realidad es, avanzar más rápido en las obras que le interesan al presidente sin rendir cuentas y sin tener que atender molestos amparos y quejas a partir de la obligación de divulgar información.
El ejecutivo federal se apresuró a emitir, en cuando salió la primera resolución de la Corte, otro decreto casi igual al impugnado, salvo que en él enlista las obras que se consideran de seguridad nacional. Se puede volver a demandar su inconstitucionalidad. El problema es que quien presentó la demanda de inconstitucionalidad fue un INAI que no puede sesionar porque no tiene el número de consejeros necesarios para lograr quorum y el oficialismo lo mantiene así para que no funcione. Nada de transparencia, de claridad, de saber cómo se hacen las obras, con quiénes, y cómo. Por lo pronto lo que quedará vigente es el nuevo decreto.
Son varias las decisiones asumidas por el gobierno federal en decretos y leyes que han sido o terminarán siendo declarados como inconstitucionales. Pero por eso se intenta desaparecer (reformar en ese sentido) o por lo menos desprestigiar a la Suprema Corte, y se hace desde Palacio Nacional y posiciones de poder. Pocas cosas han sido más grotescas que la manifestación del sábado organizada y pagada (ilegalmente por supuesto) por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, con sus diputados y funcionarios. Una manifestación insultante para los propios convocantes, con ataúdes, amenazas de muerte a ministros y ministras y sin el más mínimo sentido democrático de sus organizadores que acarrearon unas mil 500 personas. Fue literalmente vergonzoso.
Pero antes, el viernes nos amanecimos con la novedad de que un tramo de vía férrea, de más de cien kilómetros, propiedad de Grupo México había sido expropiado por el gobierno federal y sus instalaciones y vías ocupadas por la Marina. Fue más sorpresivo porque ocurrió la madrugada del viernes, aunque el presidente López Obrador se había reunido con el dueño de Grupo México, Germán Larrea, el martes y el miércoles. Primero, en una reunión de empresarios y luego a solas. En la semana había aceptado que el propio Larrea comprara Banamex y se estaba trabajando para anunciar oficialmente la compra lo más rápidamente posible.
Ese tramo de más de cien kilómetros de vía férrea, el gobierno lo considera esencial para la construcción del corredor transístmico (que avanza con mucho retraso) pero Grupo México quería conservarlo para sus propias operaciones, incluso ofrecieron al gobierno federal construir una vía férrea paralela para que pudiera utilizarla el nuevo corredor.
Existían negociaciones y distintas posibilidades de llegar a acuerdos, pero a este gobierno le gusta dar órdenes y que se acaten aunque se trate de caprichos. El viernes en la mañana se acabaron las negociaciones y se expidió un decreto de expropiación por “utilidad temporal” que en términos legales también se caerá. Porqué ese tramo de ferrocarril, como todos, es una concesión del Estado a particulares, y el Estado no puede expropiarse a sí mismo. En todo caso se tendría que haber quitado la concesión, lo que no se hizo porque además ello tendría innumerables repercusiones, incluso peores a las que ha tenido esta expropiación por utilidad temporal.
La explicación volvió a ser la seguridad nacional. Pero el propio decreto, como muchos en los últimos tiempos es tan desaseado y errado en sus términos, que cuando se lo lleve a los tribunales terminará inevitablemente también invalidado. Pero probablemente pasarán meses y se encontrarán los demandantes con hechos consumados. Eso es lo que se quiere.
En medio tuvimos la estulticia de Ana Gabriela Guevara, en sus declaraciones contra las jóvenes nadadoras que ganaron tres medallas de oro y una de cobre en el mundial de El Cairo y que se quejaron, con toda razón, de no haber recibido apoyo de la CONADE que preside Guevara.
La ex medallista olímpica cubrió de insultos a las deportistas por quejarse y defendió a una federación nacional cuyos dirigentes están acusados de corrupción desde tiempo atrás, pero que siguen recibiendo dinero y no lo hacen llegar a las y los deportistas, lo que llevó a una intervención de la federación internacional de natación.
Las jóvenes nadadoras para competir vendieron trajes de baño, lograron apoyo de Telmex y Aeroméxico y con su propio esfuerzo lograron llegar al mundial y ganar. El ejército tiene entre las nadadoras a seis integrantes, pero de allí sólo cobran un sueldo y nada más. No tuvieron apoyo de ninguna entidad deportiva.
En otra dimensión, lo de Guevara exhibe la forma de gobernar, el desprecio por el esfuerzo individual y de equipo (¿recuerdan el rechazo al aspiracionismo?) y la tergiversación de la verdad luego del fracaso institucional.
