01-06-2023
Sólo para recordar. Esta semana en enfrentamientos en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, entre policías de la Fuerza Civil de Nuevo León y delincuentes, murieron 10 sicarios. En el otro extremo del país, en Frontera Comalapa, en plena selva chiapaneca, una virtual batalla entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, provocó el desalojo de cientos de familias, dejó cerca de 60 muertos; el lunes, un grupo de pobladores, azuzados por los criminales, agredió a los militares que fueron a tratar de pacificar la zona. En Baja California, días atrás, fue tiroteado un rally turístico con el objeto de matar a un narcotraficante, murieron diez personas. El primo hermano del líder del senado y del gobernador de Zacatecas, está secuestrado desde hace diez días. Este fin de semana hubo más de 250 muertos en todo el país. La semana pasada se superaron las 156 mil muertes por homicidio en lo que va del sexenio, la mayor cifra registrada en la historia de México desde el fin de la revolución. En estos cuatro años y medio hay unos 40 mil desaparecidos.
Han aumentado, según se informó ayer en la comisión bicameral, delitos como la extorsión y el narcomenudeo. Los grupos criminales han robado o saqueado más de 12 mil trailers y camiones de carga en carreteras y autopistas durante esta administración. Los narcotraficantes mexicanos son acusados de ser el principal productor de pastillas de fentanilo ilegal, droga que mata unos 200 estadounidenses cada día, el tema es considerado de seguridad nacional por Estados Unidos. El otro gran desafío es la migración ilegal, que es controlada por el crimen organizado y que movilizó unos dos millones de personas el año pasado. Otro tema clave en la relación con la Unión Americana.
Lo que no es admisible, ante este escenario es regresar a una nueva versión de los abrazos y no balazos como la esbozada esta semana por el presidente López Obrador. Hay que insistir en un punto: es inadmisible para el Estado mexicano negociar con el crimen organizado. No puede decir el presidente que se puede negociar con criminales la pacificación del país. Los grupos criminales, por sus propias características, intereses y prácticas, no admiten tareas de pacificación. Su razón de ser es violentar el derecho, expoliar a la sociedad y vulnerar al Estado. Ningún país del mundo ha pacificado a su sociedad negociando con el crimen organizado, salvo que ese Estado haya terminado cooptado por los propios criminales.
Desde hace años se hace un paralelismo entre México y Colombia en temas de seguridad y narcotráfico y evidentemente existen razones para ello, aunque, como siempre en América latina, las diferencias entre las naciones terminan siendo mayores de lo que se cree. Pero en términos de narcotráfico, en la forma de operar de los grupos, en los desafíos que se presentan, en la actuación institucional, sus aciertos, corrupciones, aciertos y deficiencias, esos paralelismos, o enseñanzas comunes, sí existen y es válido analizarlas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es otro que se propuso llegar a acuerdos de paz con los grupos del narcotráfico, con algunos grupos armados disidentes de las grandes guerrillas y con el ELN, una organización con un pie en la guerrilla y otro en el crimen organizado.
La iniciativa, luego de un año de negociaciones (con la excepción quizás del caso del ELN) no sólo ha sido un fracaso que ha obligado a Petro, cuya popularidad se ha derrumbado casi tanto como la coalición que lo ha llevado al poder, a olvidarse del alto al fuego y ha permitido, durante el periodo de tregua, que se genere la mayor producción de cocaína desde hace décadas en Colombia. Decían cuando asumió Petro y lanzó esta iniciativa de paz con los narcos, que la propuesta dejaría sin abasto de cocaína a los cárteles mexicanos. Ha sido todo lo contrario, nunca ha habido tanta oferta, a un nivel tal que se ha reducido el precio de la droga.
Entre los beneficiarios de la tregua están los propios cárteles mexicanos, que ya están produciendo su droga en Colombia, en Ecuador y en Perú y tienen buenas relaciones en Bolivia. La prensa colombiana ha insistido desde hace meses en la presencia cada día mayor del cártel Jalisco y del de Sinaloa en ese país, ya no sólo como compradores, sino también como productores y operadores, junto con organizaciones colombianas asociadas.
Más allá de la reanudación de relaciones entre Colombia y Venezuela, lo cierto es que buena parte del narcotráfico colombiano opera a través de Venezuela, donde esas organizaciones son manejadas por políticos y militares, que son los que sostienen a su vez a los disidentes de las FARC, al ELN y participan activamente en el tráfico de cocaína a través de lo que se denomina el cártel de los Soles. La más que porosa frontera entre Colombia y Venezuela en el este y con Ecuador en el sur, permite una movilidad muy amplia en toda la región. El narcotráfico es una de las principales fuentes de recursos del régimen venezolano y no tienen con qué suplantarlo. La misma lógica se aplica a grupos guerrilleros y políticos a ambos lados de la frontera entre los dos países.
Petro y López Obrador tienen coincidencias políticas. Lo que no entienden es que el Estado no puede negociar con el crimen organizado, no puede renunciar a combatir a fondo el narcotráfico, no pueden caer en trampas ideológicas que ignoren las tercas realidades de ambos países.
