20-07.2023 Uno de los sectores donde más ha penetrado el crimen organizado es en la minería. En la misma medida en que se extiende el control territorial de las organizaciones criminales, no sólo consolidan rutas para el tráfico de drogas o personas, para la instalación de narcolaboratorios, para imponer precios, empresas prestadoras de servicios o construcción en las ciudades y comunidades, incluso para decidir en qué se deben usar y con quiénes los presupuestos municipales y a veces estatales, sino también para ocupar minas, desde las de mineral de fierro en Michoacán hasta una de las más importantes del país, de oro y plata, en la frontera entre Jalisco y Zacatecas. Las ocupan desalojan a sus dueños y trabajadores, tratan de hacerlas producir, y venden cuando lo logran venden el producto al mercado. Lo increíble es que todo se hace con absoluta impunidad, durante años y con la complacencia, o complicidad, de las autoridades.
Le vamos a contar una de estas historias. La mina El Pilón está ubicada en la cabecera municipal de San Martín de Bolaños, en Jalisco, cerca de la frontera con Zacatecas, produce oro y plata. En febrero de 2017 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación ingresaron a la mina y robaron oro y otros minerales. Ya en octubre del 2018, volvieron a ingresar y secuestraron a un trabajador que hasta el día de hoy sigue desaparecido. Como las agresiones y robos se sucedían, al tiempo que crecía el control territorial del CJNG sobre la zona, la mina paralizó sus actividades en julio de 2019.
Desde entonces comenzó una lucha infructuosa por recuperar la mina. La secretaría de Economía le recomendó a los propietarios que contrataran una empresa de seguridad del sector público. En agosto del 2020 fueron con Manuel Espino, entonces jefe de Protección Federal para que esa dependencia hiciera un mapa de riesgos e hiciera una cotización para cuidar las instalaciones de la mina. En diciembre, casi cuatro meses después, Protección Federal presentó el análisis de riesgo y la cotización del servicio: los propietarios lo aceptaron.
Pero el 13 de julio del 2021, la mina nuevamente fue tomada por el CJNG, mantuvieron secuestrados a los trabajadores durante unas 8 horas, robaron equipo, vehículos, maquinaria, computadoras. Nunca llegó autoridad alguna. Tampoco ha habido, hasta el día de hoy avances en la carpeta de investigación.
Desde agosto del 2021 la empresa y sus trabajadores han dejado de intentar entrar a la mina y hacerla operar, incluso tuvieron que abandonar los trabajos de la presa de remediación de jales, donde se depositan los residuos mineros, lo que podría afectar gravemente en medio ambiente y la salud de la población si se desborda.
Desde ese mes de julio y hasta el día de hoy el CJNG ha continuado robando equipo, maquinaria, y ya en agosto del 2021 se asentó en el lugar, hace desde entonces usa las instalaciones, puso anuncios para contratar personal en el pueblo de San Martín de Bolaños e intentan hacerla producir. Durante todo este tiempo, estamos hablando de exactamente dos años, ninguna autoridad, desde la secretaría de Economía hasta la Guardia Nacional, ha hecho gestión alguna para recuperar la mina, a pesar de las reuniones y denuncias presentadas. La primera de las denuncias, hecha por recomendación de la Guardia Nacional, se presentó el 27 de agosto de 2021 ante la fiscalía especializada en delincuencia organizada. Desde entonces no ha habido avances en la investigación.
Tres días después de que se presentara esa denuncia, los empresarios volvieron con Manuel Espino para solicitar nuevamente la contratación de seguridad privada. Protección Federal envió una nueva cotización y la empresa la aceptó, al tiempo que presentaron una petición formal a la Guardia Nacional para contar con presencia permanente de esa dependencia en la zona. Unos días después se presentó una segunda denuncia y se envió una segunda carta a la GN explicando los riesgos que se corrían si no se realizaban los trabajos de mantenimiento de la presa de residuos. Incluso se pidió una nueva cotización al servicio de protección federal para poder cumplir esas tareas en la presa. Esa cotización fue también aceptada por la empresa.
Pero el 5 de octubre Manuel Espino se reunió con los propietarios de la mina y les dijo que no les brindarían el servicio por la presencia de gente armada en la zona, pero además porque como la empresa tenía un diferendo fiscal con el gobierno federal (en realidad se trata de otra empresa y ese conflicto está en tribunales nacionales e internacionales desde hace tiempo, pero lo importante es que no involucra a la mina en cuestión) “necesitaba la autorización del presidente López Obrador” y que mejor le pidieran el servicio a la secretaría de Economía (sic). Economía les dijo que no podía ayudarlos.
Mientras crecía el peligro del desbordamiento de la presa de residuos y seguía la ocupación de la mina, ya en febrero del año pasado, los propietarios de El Pilón decidieron contratar a una empresa de seguridad privada, al Corporativo Sagitario. Regresaron a la mina, pero el 11 de octubre del año pasado llegaron seis camionetas con decenas de sicarios del CJNG con equipo militar, y el equipo de seguridad fue sometido por los sicarios que los despojaron de sus armas y sus miembros fueron secuestrados. Durante el secuestro se les dijo que para volver a operar tendrían que pagar cuotas al CJNG. El 22 de octubre se presentó una nueva denuncia ante la FGR.
Desde el 1 de noviembre del año pasado, el CJNG permanece indefinidamente en la mina, y ha comenzado a trabajar en la misma. Ninguna autoridad se ha presentado en dos años en lugar. ¿Puede haber un relato mejor de la impunidad y el empoderamiento del que gozan los grupos criminales?.
