30.08.2023
El conflicto entre el poder ejecutivo y el judicial ha sido alimentado desde Palacio Nacional con una catarata de insultos y ofensas contra los jueces, los ministros y magistrados, y en particular contra la ministra Norma Piña, que hacen casi imposible su superación.
El último capítulo es el intento de reducir entre 25 mil y 15 mil millones de pesos del presupuesto del poder judicial, una atribución de la cámara de diputados que siempre ha respetado la autonomía del poder judicial respetando, entre otras cosas, sus necesidades presupuestales. Esta vez no será así y un recorte de esa magnitud hará un daño importante al sistema de impartición de justicia.
No es que nuestro sistema de justicia sea precisamente una maravilla, tiene una enorme cantidad de fallas, no está exento de corrupción y de abusos, pero pese a todas sus limitaciones, funciona. Y funciona mejor en el ámbito federal que en los estados. La insistencia gubernamental de que los jueces liberan continuamente a los delincuentes apresados, puede tener una base cierta, pero ignora que nuestras fiscalías, federal y locales, no suelen entregar a los detenidos con consignaciones basadas en investigaciones bien sustentadas y que, en términos legales, por ejemplo, las detenciones que hacen la Guardia Nacional y más aún la Marina o el Ejército, tienen restricciones muy claras sobre lo que pueden o no hacer.
Muchos, demasiados, delincuentes entran y salen de la cárcel a veces por miedo o corrupción de jueces, sobre todo locales, pero muchos más porque sus averiguaciones están mal construidas o no se respetaron las normas de detención. A veces es por desconocimiento o errores, en muchas otras ocasiones también por miedo o corrupción de las fiscalías.
Dicen que nada se parece tanto a la injusticia como una justicia tardía. Ese es uno de los mayores problemas de nuestro sistema de justicia. La dilación por años de las sentencias, en todo tipo de casos. Ese es uno de los capítulos que tendrían que ser objeto de acuerdos, reformas, transformaciones. Por supuesto que la reducción presupuestal lo que hará es hacer aún más lento todo el aparato de la justicia.
Obviamente lo que tenemos que hacer es mejorar el poder judicial. El problema no es, como insiste machaconamente el presidente, que los ministros cobran más que él, sino que se podrían reducir gastos en ámbitos específicos o incluso en algunos casos recurrir a alguno de los fideicomisos del poder judicial. Pero esos ahorros tendrían que servir para mejorar el sistema de justicia en el país, incluyendo un mayor presupuesto que permita, incluso, terminar de implementar las dos últimas reformas judiciales. El camino que se debe seguir es exactamente el contrario del que pretende el ejecutivo y que acata fielmente la mayoría del legislativo.
Existe un problema adicional que no es en absoluto menor. Desde que llegó Norma Piña no hay ninguna relación entre el judicial y el ejecutivo. No hay vasos comunicantes, no hay interlocución ni siquiera informal entre ambos poderes. No se trata de vulnerar la autonomía de los mismos pero debe haber comunicación entre los poderes de la Unión, debe haber intercambio de opiniones, interlocutores formales e informales.
Con aciertos y errores, el anterior ministro presidente Arturo Zaldívar pudo mantener esa interlocución incluso en los momentos de mayor poder de López Obrador. Es verdad que fue también en una época en la que había un interlocutor como Julio Scherer en la consejería jurídica que estaba en diálogo constante. Luego ese papel lo asumió con limitaciones y con mucha mayor distancia, Adán Augusto López. Hoy nadie lo hace ni lo intenta, ni desde Gobernación ni desde Palacio Nacional.
Pero, además, lo que sucede es que el Ejecutivo quiere que el poder judicial y la Suprema Corte decidan en todos los casos en su favor. Y perdón eso no es posible, ni aquí ni en ninguna democracia del mundo. El presidente López Obrador demostró con aquella declaración de que “no me vengan con que la ley es la ley”, que no cree en la separación de poderes y sí cree que el legislativo y el judicial deben estar subordinados al ejecutivo y así actúa. Y por eso se equivoca y hace aprobar iniciativas que violan leyes y normas constitucionales para imponer su voluntad política, sabiendo que no podrán transitar legalmente. Entonces se dice agredido por los jueces o ministros.
Lo señalábamos esta semana con el tema de la Guardia Nacional. Soy de los que cree que hoy la GN debe estar bajo el mando de la Defensa Nacional. Pero la Corte decidió que en enero deberá regresar a la secretaría de seguridad, lo que provocará una crisis en esa institución de seguridad. Y lo decidió así porque así está en la Constitución. Para evitar ese conflicto se debería haber hecho política, llegar a acuerdos, establecer mecanismos de transición para la GN.
Pero eso nunca se intentó desde el gobierno porque lo ven como una forma de debilidad. El presidente López Obrador jamás en cinco años se ha reunido con las fracciones parlamentarias de la oposición o con los líderes partidarios para tratar de sacar acuerdos. Tampoco lo está haciendo con los ministros de la Corte e insistimos, no existe hoy siquiera una interlocución informal con la Corte y ésta, ante la ofensiva que se le viene encima, tampoco parece estar dispuesta a buscar esa interlocución sin que haya voluntad política de la presidencia de la república.
Apenas una calle, Corregidora, separa a Palacio Nacional de la sede del Poder Judicial, pero en términos políticos esa distancia parece insalvable.
