13.09.2023
¿Cuándo se terminará de comprender que el México real no es el que se pinta en las campañas electorales adelantadas, en los discursos, en las mañaneras? ¿cuándo tendremos aunque sea diagnósticos que exhiban la gravedad de la situación que estamos viviendo?. Decía el escritor italiano Leonardo Sciascia que “la mucha luz es como la mucha oscuridad, no permite ver”. Y no estamos viendo lo que sucede cotidianamente, alrededor nuestro, en el país.
Ayer, además de un nuevo tiroteo en la terminal uno del aeropuerto capitalino, donde los robos a personas que van a cambiar dólares son casi cotidianos, fue asesinado en Chilpancingo, Guerrero, el delegado de la Fiscalía General de la República, Fernando García Hernández. El lunes habían aparecido, con huellas de tortura y más de 50 balazos, los restos del fiscal para toda la región de Tierra Caliente, el teniente coronel Víctor Manuel Sales Cuadra. Y dos semanas atrás, fue secuestrada y luego liberada, no se sabe en qué condiciones, la fiscal en Coyuca de Catalán, Jaquelin González. Mientras tanto aparecían varios cuerpos desmembrados en Acapulco.
En Nayarit, son detenidos, acusados secuestro y otros delitos, varios funcionarios de la fiscalía local. Edgar Veytia, el ex fiscal del estado está preso y cumpliendo condena en Estados Unidos por narcotráfico, pero su gente sigue controlando la fiscalía del estado, y se reproducen los escándalos, lo mismo que el despojo de tierras e inmuebles por parte de la misma. Y para completar el escándalo tenemos de la detención, con despliegue de fuerza, del jefe de gabinete y aparente pareja de la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, que acusa al gobernador, Miguel Angel Navarro, de su propio partido, Morena, de ejecutar una venganza porque ella apoyó a Claudia Sheinbaum.
En Sonora tirotean la caravana de las madres migrantes, esas con las que el presidente López Obrador no se quiere reunir, y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dice que no fue una agresión “porque dispararon al aire”. Es algo así como lo que afirmó la secretaria de seguridad de Morelos, de que no se podía detener a los delincuentes porque la gente hacía sus denuncias “después de que hubieran cometido un acto delictivo”. También tirotean y dejan varios heridos en Tamaulipas, en un ataque a una caravana de paisanos que regresaban en dos camionetas a México.
En Michoacán, en La Ruana, los delincuentes atacan con drones artillados la comunidad en el momento en que el hermano de Hipólito Mora, Guadalupe, reclamaba que las autoridades restablecieran la seguridad en la zona. Allí cerca fueron secuestrados, torturados y asesinados tres recolectores de limón, como parte de la guerra que siguen los criminales contra los productores para aumentar sus cuotas de extorsión.
En la salud, nos enteramos ayer que habrá una nueva campaña de vacunación contra el Covid, pero que será con las vacunas cubana Abdalá y la rusa Sputnik. El problema es que esas vacunas no están certificadas por la Organización Mundial de la Salud y sirven para atacar las primeras cepas del Covid, no las actuales. De la tan cacareada vacuna nacional Patria no hay noticias. El dengue se ha extendido tanto que el cantante Morrissey tuvo que cancelar su concierto en la ciudad de México, contagiado de ese virus. Al mismo tiempo, más del 52 por ciento de la población no tiene acceso a la seguridad social y a los servicios de salud.
En educación, ayer, en la SEP presumían esa catástrofe que es la llamada Nueva Escuela Mexicana, mientras que los niños y jóvenes que abandonaron la escuela después de la pandemia son más de un millón y medio, y se calcula que 40 por ciento de los alumnos no comprende la lectura y 65 por ciento no saben matemáticas. Nada de eso es atendido por el nuevo modelo educativo.
Esa es una pequeña muestra de la realidad que no está presente en la agenda política cotidiana. Seguridad, salud y educación tendrían que ser el centro de cualquier programa para el 2024, en el oficialismo y la oposición, pero estamos distraídos en debates que no tienen trascendencia alguna. Son distractores de esa realidad que no se quiere ver.
Nacionalizaciones y multas
Cuando se habla con tanta facilidad de nacionalizar o expropiar bienes privados habría que echar una mirada a Argentina. Hace poco más de diez años, en una de esas medidas tan festejadas por el populismo, la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kichner, tuvo la flamante idea de nacionalizar, o sea expropiar a sus legítimos dueños, la empresa española Repsol, el 51 por ciento de las acciones de la empresa petrolera nacional, llamada YPF. Lo hizo sin pagar a sus dueños la indemnización que marcaba la ley, en una empresa mixta, público-privada, con mayoría de capital privado, que cotizaba y cotiza en la bolsa de Nueva York.
La expropiación generó un largo conflicto judicial en las cortes neoyorquinas que terminó esta semana con una condena al gobierno argentino, que deberá pagar nada más y nada menos que 16 mil millones de dólares de indemnización. La empresa, pésimamente manejada desde que quedó por completo en manos estatales, vale hoy como máximo (llegó a valer apenas dos mil millones) unos 12 mil millones de dólares, cuatro mil millones de dólares menos de lo que tendrán que pagar de multa. La paradoja es que el kichnerismo está en retirada (seguramente perderá las elecciones del próximo 22 de octubre) y dejará la deuda a sus opositores. Y por supuesto a la gente, que los financia a todos con sus impuestos.
