1.02.2022 Los problemas, las crisis, grandes o pequeñas, personales o institucionales, comienzan a acumularse en la administración López Obrador y el propio estilo de gobernar del mandatario, centralizando todo lo posible la toma de decisiones, incluso dejando de lado a su gabinete, la tendencia a fijar metas macro sin vigilarlas de cerca mientras se dedica acuciosamente al micromangement, convierten al presidente en el pararrayos de todas esas crisis ante las cuales sencillamente no hay fusibles.
Los capítulos conflictivos se suman y dos son los más delicados: la economía y la violencia. Según datos oficiales estamos ya en recesión: la economía volvió a caer en el último trimestre del 2021, un 0.1 por ciento, es el segundo trimestre consecutivo en que cae la economía y ante la creciente presión inflacionaria ya hay analistas que piensan que estamos en una estanflación, una de las situaciones más criticas porque las medidas que se pueden adoptar para reducir la inflación aceleran el estancamiento económico y por el contrario, las que buscan impulsarlo, generan mayor inflación.
La situación económica es crítica pero nadie parece estar asumiéndolo plenamente. Y se trata de un problema de política interna: la pandemia nos pegó como a toda la economía mundial, pero durante 2021 la enorme mayoría de las economías han recuperado lo perdido, sobre todo Estados Unidos, y ni siquiera con ese motor adicional hemos podido regresar a los niveles previos a la pandemia. Pero recordemos que no crecemos desde el inicio del sexenio: la pandemia agudizó la situación, pero el problema es anterior a ella. Y pasa por dos capítulos: la certidumbre jurídica y las inversiones. La primera está muy deteriorada y las segundas están en franca caída libre. Y es una situación que ha creado la propia administración federal con decisiones erráticas y poco confiables, como la propuesta de reforma eléctrica o proyectos de inversión pública cuyos beneficios son por lo menos dudosos.
Tampoco ayuda la creciente inseguridad. Enero está registrando muy altos índices de violencia, incluyendo enfrentamientos de grupos criminales contra las fuerzas de seguridad cualitativamente diferentes a los del pasado inmediato, como lo estamos viendo en Michoacán y otros estados. Los grupos criminales están empoderados, se sienten lo suficientemente fuertes como para desafiar al Estado e incluso para influir en aspectos económicos como el incremento del precio de productos básicos, desde el limón al aguacate. La crisis de la seguridad es inocultable y el asesinato, ayer ,de un cuarto periodista en este mes de enero, sólo puede agudizarla.
Otro tema, que ha pasado desapercibido, pero que cuando estalle generará otra crisis, es la propuesta que presentó la senadora Olga Sánchez Cordero, con el apoyo de la bancada de Morena, para modificar el sistema de notarios en el país con cambios importantes al artículo 121 de la Constitución.
La historia la contó mi compañera Bibiana Belsasso en su columna Bajo Sospecha el pasado jueves 27 de enero. La iniciativa incluye diversos puntos, pero el central, el importante es que se plantea que al cumplir 75 años, cualquier notario perderá su licencia como tal. ¿Por qué razón, estando en perfecto estado de salud física y mental, siendo un notario público reconocido y confiable, le quitarán su licencia, su derecho a trabajar, a un notario sólo porque tiene 75 años?.
La propuesta fue presentada por la senadora Sánchez Cordero en la comisión permanente y tiene el apoyo de Morena. Propone modificar el artículo 121 de la Constitución (es una reforma que necesitaría dos terceras partes del voto de los senadores). Si se aprueba sólo en la CDMX el gobierno federal tendría en su manos la entrega de 50 nuevas notarias, mientras deja fuera a los notarios más influyentes del gremio.
Ese parece ser el único objetivo de esta reforma. No tiene sentido y menos aún cuando en el gobierno federal sobran los funcionarios que superan con amplitud esa edad y ocupan posiciones estratégicas. La propia Olga tiene 74 años y su esposo y otros familiares tienen notarias muy importantes, el fiscal Gertz Manero tiene 82, Manuel Bartlett tiene 85 años, al igual de Bernardo Bátiz, Porfirio Muñoz Ledo 88 años, el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis tiene 78 años, y la lista pudiera continuar.
Insistimos, la iniciativa no tiene lógica porque además la carrera de notario y el lograr tener una notaria propia suele implicar años de formación y práctica. En general la edad mínima que tiene un notario es 40 años, y no en todos los estados pero sí en la ciudad de México todos los notarios deben concursar, tomar cursos de actualización y estar preparados con buen nivel porque sus responsabilidades legales son cada vez mayores.
Sin duda, como explica Bibiana en su reportaje, hay en ese gremio oportunistas o personajes que terminan siendo beneficiados con una notaria por favores prestados a un gobernador o un presidente. También algunos que no se han capacitado suficientemente. Tampoco parece tener sentido el heredar, sin más y como en ocasiones ocurre, una notaría. Pero esas son las excepciones que pueden remediarse analizando caso por caso.
Independientemente de eso no veo razón alguna para deshacerse de los notarios mayores de 75 años, más que el tener en manos de la actual administración la oportunidad de designar discrecionalmente decenas de notarios en todo el país. Y vaya que eso significa quedarse con una significativa porción de poder.